Publicada el 6 octubre, 2025
Se realizó la reunión conjunta de las Comisiones de Educación, Ciencia y Técnica presidida por la senadora Mariana Zlobec con Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) presidida por el legislador Walther Marcolini.
En esta oportunidad se analizó un nuevo Protocolo de Actuación para las escuelas, que establece con claridad cómo deben intervenir directivos, docentes y equipos técnicos ante casos de acoso. El objetivo es doble: proteger a las víctimas de manera inmediata y, al mismo tiempo, prevenir que las situaciones se repitan.
El proyecto propone modificar el Código de Contravenciones para que los padres, madres y tutores sean también responsables por los actos de bullying cometidos por sus hijos.
Tadeo García Zalazar, ministro de Educación junto a su equipo dieron detalles de la propuesta en tratamiento que se seguirá analizando en Comisiones.
“Primero explicar un poco cuáles son las acciones que se están llevando adelante desde la Dirección General de Escuela, Ministerio de Educación, Cultura e Infancias, y luego ir concretamente al proyecto. Hay tres medidas que nosotros hemos tomado en los últimos meses”, indicó el funcionario.
García Zalazar destacó: “Lo primero es que nosotros estamos planteando que haya una capacitación o actualización obligatoria para todo el personal, no solo de la Dirección General de Escuelas, sino todos aquellos que trabajen con infancias en nuestro ministerio. La idea es que esa capacitación, formación obligatoria, se dé en el ámbito de nuestro ministerio y sea certificada por el IPAB, por el Instituto Provincial de Administración Pública. Al igual que otras tantas leyes provinciales y nacionales, solo por mencionar alguno, como la Ley Micaela, por ejemplo, que hacen que sea obligatoria una capacitación para los empleados públicos, la idea es que, en este caso, quienes trabajan y actúan directamente con infancias, juventudes, adolescencias, que puedan tener una formación obligatoria con la última actualización tanto normativa como de los protocolos de abordaje de estos problemas”.
Asimismo, el ministro dio detalles sobre la responsabilidad parental por el acoso escolar. “La instancia de la denuncia y de la mediación escolar es previa y es obligatoria, es decir, no va a llegar un caso a un juez de contravenciones si no está previamente sustanciado y un informe del establecimiento escolar, de qué sucedió, si hubo intervención, si no hubo intervención, cuál fue la acción o el accionar sugerido por los profesionales y qué tenían que cumplir los padres como parte de esas de ese compromiso”, precisó.
Una ley con responsabilidad compartida
El proyecto establece que los adultos responsables podrán ser sancionados con trabajo comunitario o multas económicas si no acompañan a sus hijos en la corrección de conductas violentas. También prevé instancias de mediación y talleres de parentalidad como herramientas para prevenir la reincidencia.
Se trata de una iniciativa con un enfoque educativo y reparador. El objetivo no es sólo sancionar, sino comprometer a las familias en la crianza y el acompañamiento de sus hijos, promoviendo valores de respeto, empatía y convivencia.
Un protocolo claro para las escuelas
La normativa se complementa con un nuevo protocolo de actuación actualizado, que ofrece a las instituciones educativas un paso a paso para intervenir ante sospechas o hechos de bullying: desde la identificación del caso, el registro y la comunicación con las familias, hasta el plan de acción inmediato, el seguimiento y el cierre del proceso.
El documento también incluye criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección de derechos y la Justicia, según corresponda. De esta manera, Mendoza contará con una herramienta integral que brinda seguridad a docentes y familias sobre cómo actuar.
Cuidar a las víctimas, educar a los agresores, comprometer a las familias
El enfoque combina prevención, intervención y posvención. Por un lado, promueve la construcción de una cultura escolar de convivencia, con espacios de participación y sensibilización para estudiantes. Por otro lado, protege a las víctimas y trabaja con los agresores sin estigmatizarlos, fomentando la reparación y el aprendizaje. Y sobre todo, establece la corresponsabilidad de las familias: sin su compromiso, la escuela sola no puede enfrentar el problema.
Una política de Estado frente a una problemática global
El bullying y el ciberbullying son hoy una de las principales preocupaciones de las comunidades educativas en todo el mundo. Mendoza responde con una decisión firme que combina ley, protocolo y compromiso institucional.
Con esta iniciativa, la provincia se propone enviar un mensaje claro: ninguna forma de violencia entre pares será tolerada. Las escuelas contarán con herramientas concretas para actuar y las familias deberán asumir el rol que les corresponde en el cuidado y la formación de sus hijos.
