Publicada el 7 septiembre, 2020
Se desarrolló la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica en donde se debatieron diferentes propuestas, entre ellas se analizó una iniciativa de la legisladora Silvina Camiolo para invitar a la Dirección General de Escuelas y que disponga incorporar a los establecimientos educativos de gestión privada del sur mendocino en el relevamiento técnico anual por parte de la DEIE, a los fines de ser evaluados finalmente para la re categorización.
Participaron de la actividad representantes de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) que respaldaron el proyecto.
«Este pedido se sostiene en base a la ley 9031/17 y al decreto 250/18, los cuales sostienen que la DGE clasificará mediante resolución los establecimientos educativos (gestión pública o privada), sobre los indicadores objetivos y demostrables de acuerdo al contexto socio-geográfico», reza un fragmento de la iniciativa.
Las escuelas o colegios del ámbito urbano-marginal y rural deben tener como mínimo el 50% y las de contexto de encierro el 100%.
Además, se suman otros indicadores que agregan al porcentaje de categorizaciones por zona (0%, 30%, 50%, 70%, 100%), tales como: 1) Prestación de servicios públicos (15%), 2) Servicios médicos asistenciales (10%), 3) Servicios Públicos mínimos e indispensables (10%), 4) Insalubridad del lugar: contaminación ambiental o emergencia sanitaria (10%), 5) Factores climáticos rigurosos y vías de acceso al establecimiento (5%).
«En el año 2018, la dirección de línea excluyó a los establecimientos educativos de gestión privada de todo el sur mendocino (9 colegios privados, 20 SEOS y CAE), de la evaluación por parte de la DEIE (encargada de elaborar el informe estadístico)», explica la propuesta de Camiolo.
Existen antecedentes en el reclamo sobre este tema. SADOP, en representación de los trabajadores de la educación privada ha elevado formalmente el planteo (el día 15 de abril de 2019), a las autoridades provinciales de la DGE. Al no encontrar respuesta por parte de gobierno provincial al planteo de primera instancia, en septiembre del año anterior, el Sindicato elevó el pedido a la órbita de la Fiscalía de Estado.