Publicada el 7 abril, 2021
Se realizó la reunión de la Comisión de Derechos y Garantías, presidida por la legisladora Cecilia Juri. Se analizaron diferentes propuestas durante la actividad, como es el caso de una realizada por el senador MC (Mandato Cumplido), Víctor da Vila para establecer los criterios de actuación para garantizar la inmediata recepción de denuncias e investigación de los hechos de desaparición de personas por motivos desconocidos en el territorio de la Provincia de Mendoza.
Además el proyecto trata sobre la creación del Registro Único de Personas Desaparecidas y de una línea telefónica de contacto asociada.
A los efectos de la presente Ley se entiende por “desaparición de personas por motivos desconocidos” a la ausencia de una persona del lugar de su residencia habitual, o al desconocimiento de su paradero por parte de aquellos parientes, convivientes, amigos, compañeros de trabajo o quienes, en general, alegaren una relación o comunicación habitual con aquella.
“Este proyecto tiene como finalidad establecer un procedimiento ante la desaparición de personas. Varias son las denuncias por la inacción o demora de la policía y el ministerio publico fiscal frente a la desaparición de personas, principalmente de mujeres. La lenta reacción de la justicia, al no disponer la inmediata búsqueda del paradero de las personas desaparecidas ha puesto en riesgo la vida de esas personas en reiteradas ocasiones”, reza fragmento de la iniciativa.
La práctica instituida se funda en la presunción de que la persona buscada se ha retirado de manera voluntaria de su hogar o lugares que frecuenta, cortando todo vínculo con sus relaciones más cercanas, sin embargo la realidad contrasta drásticamente con esta presunción. En una provincia donde solo en un mes hubo un femicidio cada 10 días y cada año aumenta le número de mujeres víctimas de la violencia, las presunciones con las que se maneja el aparato estatal son directamente criminales. Además es de público conocimiento que a diario se incrementan los casos de secuestros o captación de jóvenes en manos de las redes de trata, junto al aumento en los índices de femicidios, femicidios vinculados y violencia contra la mujer. Así las cosas, nos encontramos frente a un andamiaje burocrático que termina amparando el funcionamiento de las redes de trata, la desprotección de las mujeres y la revictimización de las mujeres en situación de violencia.
«Nos encontramos frente a una crisis social que se agudiza promete con las políticas de ajuste que los gobiernos descargan sobre la población, hundiendo más en la miseria a las familias trabajadoras, y exponiendo a las mujeres y jóvenes a una situación de violencia e indefensión aún mayor», destaca el proyecto.
La iniciativa se seguirá debatiendo en Comisiones.