Publicada el 23 julio, 2024
La Cámara de Senadores aprobó por mayoría de votos el proyecto del Poder Ejecutivo que regula el uso de videocámaras en lugares públicos, tanto abiertos como cerrados, con o sin asistencia de inteligencia artificial. Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad pública, asegurando la convivencia pacífica y contribuyendo a la prevención e investigación de delitos, todo mientras se protegen los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En el recinto de sesiones, el senador Walther Marcolini quien preside la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales destacó la importancia de actualizar la legislación para incluir nuevas tecnologías. Resaltó que el proyecto permitirá un mejor uso de videocámaras, integrando inteligencia artificial y colaboración entre sistemas públicos y privados, fortaleciendo así la seguridad.
Desde el Partido Verde, el senador Dugar Chappel mostró apoyo al proyecto, pero expresó el deseo de una ley que unifique los sistemas de vigilancia entre jurisdicciones y que asegure derechos tanto de policías como de ciudadanos.
Aunque tenía dudas sobre ciertos artículos, el senador Armando Magistretti apoyó el proyecto como una herramienta esencial para combatir la inseguridad. Confía en que el gobierno podrá garantizar la seguridad pública con esta legislación.
El senador Valentín Gonzalez coincidió en la necesidad del proyecto, pero criticó la redacción ambigua de algunos artículos. Señaló que el uso de términos como «causa administrativa» podría llevar a malentendidos, por lo que sugirió que se le dé un enfoque más claro a la propuesta.
Por otro lado, la senadora Adriana Cano expresó preocupaciones sobre potenciales violaciones a derechos constitucionales, especialmente en relación a la privacidad y la propiedad privada. Criticó la falta de previsiones para proteger imágenes de menores y la ambigüedad en la ley respecto a la captación de datos.
El cierre estuvo dado por la senadora Natacha Eisenchlas quien enfatizó el consenso que el proyecto había obtenido previamente en la Cámara de Diputados. Destacó el uso exitoso de cámaras en el esclarecimiento de delitos y abogó por la necesidad de modernizar la ley. Señaló que las cámaras han sido cruciales para resolver casos, y criticó a quienes se oponen al proyecto por falta de rigor en sus argumentos.
Durante la votación, la propuesta fue aprobada por 26 votos afirmativos y 4 negativos, por lo que fue remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
Establece que el uso de videocámaras debe ser proporcional y justificado, prohibiendo la captura de imágenes en propiedades privadas sin consentimiento expreso o autorización judicial. Las imágenes y datos obtenidos serán confidenciales, accesibles solo por autoridades competentes en causas judiciales o administrativas. Además, las grabaciones accidentales que violen la ley deben ser destruidas inmediatamente, salvo que estén relacionadas con un caso judicial.
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de cámaras privadas al sistema de vigilancia estatal, siempre que cumplan con estándares de compatibilidad y seguridad. Esto busca ampliar la capacidad operativa, mejorar la eficacia en la prevención del delito y permitir un mejor seguimiento de las trayectorias delictivas.
El proyecto adopta directrices de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, asegurando el respeto por la privacidad y la seguridad de la información. Se hace especial énfasis en garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales, como la privacidad y el honor, mientras se provee seguridad jurídica al sistema de videovigilancia.
El sistema de videovigilancia, que ya cuenta con aproximadamente 2170 cámaras, será actualizado para incluir nuevas tecnologías, como el reconocimiento automático de patentes y la inteligencia artificial, mejorando así la integración con la justicia. Actualmente, un porcentaje significativo de estas cámaras se utiliza para el reconocimiento de dominios en corredores interdepartamentales, lo que refuerza la colaboración entre diferentes jurisdicciones.
El proyecto también contempla la interoperabilidad de los sistemas municipales, requiriendo que informen a la autoridad competente sobre la colocación de videocámaras y aseguren su compatibilidad con los protocolos recomendados. Esto facilitará la colaboración entre distintas jurisdicciones y fortalecerá la seguridad pública mediante el uso de tecnología avanzada.
La medida pretende no solo disuadir el delito sino también crear un sistema preventivo inteligente que asegure la utilización pacífica de los espacios públicos. Se espera que esta legislación proporcione un marco claro para el uso de tecnología en la seguridad, permitiendo a su vez una integración más efectiva con las investigaciones judiciales y aportando evidencia crucial en las causas legales.
