Publicada el 10 marzo, 2026
La Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto de ley que modifica la Ley 9139, normativa que regula el Sistema Provincial de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La iniciativa, que había sido remitida en revisión por la Cámara de Diputados, fue aprobada por 26 votos afirmativos y 8 negativos y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La miembro informante fue la senadora Mariana Zlobec, presidenta de la comisión de Educación, Ciencia y Técnica, quien explicó que la propuesta introduce una modificación puntual en el texto vigente mediante la derogación del artículo 27. Ese apartado establecía la figura de los Centros de Desarrollo Infantil y su misión de garantizar el crecimiento y el desarrollo saludable de niños, niñas y adolescentes.
La legisladora detalló que la eliminación de ese artículo responde a un proceso de reorganización institucional previsto cuando la ley fue aprobada originalmente en el Senado. En ese marco, los Centros de Desarrollo Infantil dejarán de figurar como una estructura normativa independiente y pasarán a integrarse, junto con otras modalidades de atención, al sistema provincial como parte de la estructura de los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI), bajo la órbita de la Dirección General de Escuelas.
La reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, surge a partir de un diagnóstico que detectó una dispersión administrativa en los dispositivos de atención a la primera infancia. Hasta el momento coexistían los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIyF), los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), los Espacios de Primera Infancia (EPI) y los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI), dependientes de distintos organismos del Estado, lo que generaba superposición de competencias y dificultades para lograr una planificación integral.
Con la modificación normativa, todos los espacios de cuidado, contención y gestión pedagógica quedarán concentrados bajo la órbita de la Dirección de CEPI, dependiente de la Subsecretaría de Educación. Esta reorganización busca optimizar los recursos públicos, evitar la duplicación de funciones y garantizar que la atención de los niños desde los 45 días de vida esté a cargo de equipos especializados en el ámbito educativo.
Además, el nuevo esquema permitirá una mayor trazabilidad en el acompañamiento del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, integrando los servicios al sistema educativo provincial y a los lineamientos de la Ley General de Educación.
Desde el punto de vista institucional, la reforma también refuerza el compromiso de la provincia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, priorizando el interés superior del niño y los principios de no discriminación y accesibilidad. A través de protocolos de actuación y criterios técnicos uniformes, el nuevo marco normativo apunta a consolidar un modelo de gestión más eficiente y articulado en materia de protección y educación de la primera infancia.
