Publicada el 24 junio, 2025
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó en segunda revisión el proyecto de ley que incorpora el artículo 38 bis a la Ley N.º 3918 –Código Procesal Administrativo–. La norma, que había sido modificada durante su paso por la Cámara de Diputados, volvió al recinto y fue finalmente sancionada con el apoyo unánime de los legisladores.
El proyecto, impulsado por el senador del Partido Demócrata Armando Magistretti, apunta a regular una práctica reiterada en el funcionamiento de la administración pública: la denominada “denegación tácita”, es decir, el silencio del Estado frente a un reclamo administrativo.
En los fundamentos, el legislador demócrata señala que la Ley 3918 ya contempla en su artículo 38 la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resuelva sobre la admisión formal de una acción procesal, sea por una resolución definitiva o por denegación tácita. Sin embargo, el nuevo artículo 38 bis avanza un paso más al establecer consecuencias concretas cuando esa admisión se da por silencio administrativo.
De acuerdo al texto aprobado, cuando la Corte admita una acción por denegación tácita –contemplada en el artículo 6° de la ley–, deberá identificar en el auto de admisión formal al agente o funcionario responsable de la mora administrativa, requiriendo al organismo demandado que aplique lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 9003, que prevé sanciones disciplinarias para casos de negligencia.
Según el autor del proyecto, la denegación tácita no solo vulnera el derecho de defensa de los ciudadanos, sino que también genera indefensión y puede evitarse si los funcionarios actúan con la debida diligencia. En este sentido, la norma busca evitar “chicanas burocráticas” y avanzar hacia una administración pública más transparente, eficiente y responsable.
Durante el debate en el recinto, las distintas bancadas acompañaron el proyecto, destacando la importancia de que el Estado no solo cumpla con sus plazos administrativos, sino que además rinda cuentas cuando no lo hace. Ahora, con la sanción definitiva, la ley busca generar un cambio cultural dentro del Estado, haciendo efectiva la responsabilidad individual de quienes incumplen sus funciones.
