Publicada el 17 septiembre, 2025
En el marco del análisis de las reformas al fuero penal, integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales recibieron a la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus; y al subsecretario de Justicia, Marcelo D’ Agostino, quienes expusieron los principales lineamientos del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
Se trata de un proyecto que fue remitido por el Poder Ejecutivo que propone una profunda reforma al funcionamiento del fuero penal en Mendoza. La iniciativa apunta a optimizar la organización de los Tribunales y Juzgados Penales Colegiados, redistribuir las competencias y garantizar un mejor aprovechamiento de la infraestructura judicial.
La iniciativa responde a un proceso que lleva más de nueve años de trabajo en torno a modificaciones del sistema penal provincial. Por esto es que el Gobierno provincial, busca consolidar un modelo más eficaz de justicia, entendiendo que un sistema fortalecido no solo mejora la protección de derechos, sino que también impacta de manera directa en la seguridad de los mendocinos.
Entre los fundamentos, el Ejecutivo recordó que la Ley 9040 significó un cambio positivo en la administración de justicia penal, acortando los plazos de los procesos y mejorando la relación entre procesados y condenados. Sin embargo, la experiencia recogida en los últimos años demostró la necesidad de realizar ajustes.
Durante la reunión, presidida por el senador Walther Marcolini, explicó que hoy tratarían una media sanción de Diputados que ratifica artículos de las leyes 6730 del Código Procesal Penal, 8008 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y 9040, vinculada a la creación del fuero penal colegiado.
A su turno, la ministra Mercedes Rus subrayó la importancia del proyecto al señalar que apunta a delitos que la ciudadanía considera de gran impacto en la vida cotidiana: “Hablamos de robos simples, hurtos, encubrimientos y otros delitos con penas de uno a seis años. Muchas veces no tienen la respuesta que corresponde porque el sistema no da abasto para contenerlos adecuadamente. Necesitamos que estos casos tengan un espacio central en la política criminal, sin caer en una cadena de beneficios ni en un uso abusivo de figuras como el juicio abreviado, que termina en condenas muy bajas”.
La funcionaria también advirtió sobre el desequilibrio en la carga de trabajo entre tribunales y juzgados: “Los jueces penales colegiados resuelven alrededor de 20.000 causas por año, mientras que los tribunales de juicio abordan unas 1.800. Si bien tiene cierta lógica, lo que vemos es un desbalance mayor que exige dotar de más herramientas para un funcionamiento más eficiente”.
Tras escuchar los argumentos de los funcionarios de Gobierno, la comisión acordó que el proyecto siga en estudio con el compromiso de avanzar en su tratamiento.
Uno de los principales diagnósticos es la escasa fijación de audiencias en horario vespertino, lo que genera capacidad edilicia ociosa. En 2023 y 2024, de más de 45 mil audiencias realizadas, el 86% se llevó a cabo en la franja de la mañana, mientras que no se registraron debates después de las 18. Para revertirlo, se propone que los debates correccionales –que suman alrededor de 4.000 al año– sean llevados adelante por los Tribunales Penales Colegiados, en salas unipersonales y exclusivamente en turno tarde.
Otro de los ejes es la redistribución de causas entre los Juzgados y Tribunales Colegiados. En 2023 ingresaron 19.923 causas en los Juzgados Penales Colegiados, frente a solo 1.871 en los Tribunales, lo que refleja una fuerte desproporción. Con la reforma, se busca equilibrar la carga y dar mayor celeridad a los procesos.
La iniciativa también incorpora medidas de transparencia, como la publicación obligatoria en la web del Poder Judicial de resoluciones, autos y sentencias, además de una agenda digital diaria con el detalle de las audiencias fijadas, magistrados intervinientes, suspensiones y reprogramaciones.
La Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP) tendrá un papel central en la nueva estructura. El proyecto le otorga amplias funciones administrativas y de coordinación, buscando liberar a los jueces de tareas de trámite y garantizar estándares de calidad y eficiencia.
El artículo 12 establece que los funcionarios letrados de la OGAP estarán a cargo de las funciones administrativas y de los decretos de mero trámite. Además, deberán distribuir equitativamente el trabajo entre el personal, optimizando recursos.
En el artículo 13, se detallan 23 atribuciones de la OGAP, entre ellas: organizar administrativamente a los tribunales, planificar y administrar la agenda de audiencias, coordinar el uso de salas, garantizar la realización de audiencias por videoconferencia, administrar notificaciones electrónicas, asegurar el cumplimiento de los turnos fijados por la Suprema Corte, gestionar recursos humanos y materiales, y dictar decretos de mero trámite. También tendrá la obligación de brindar asistencia logística para audiencias con personas privadas de libertad y coordinar con la Oficina de Juicio por Jurados.
Por su parte, el artículo 17 regula la distribución de funciones jurisdiccionales. Allí se establece la división de jueces en cuatro categorías: de audiencias programadas; de despacho, para resolver peticiones diarias; de turno de garantías, disponibles las 24 horas para autorizar allanamientos, detenciones y audiencias urgentes; y de turno de ejecución, encargados de controlar los centros de detención y resolver habeas corpus.
El proyecto también apunta a reducir la burocracia y los retrasos. Por ejemplo, los fundamentos de las sentencias de causas por delitos leves o juicios abreviados podrán dictarse oralmente en la misma audiencia, evitando fijar nuevas instancias. A su vez, se refuerza la obligación de que todos los funcionarios y auxiliares de justicia se registren en el sistema de audiencias, lo que ampliará la disponibilidad y acelerará la programación.
Finalmente, se prevé que las reformas entren en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, con el objetivo de aplicar de inmediato los cambios en el fuero penal.
Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo busca equilibrar cargas de trabajo, ampliar el uso del turno vespertino, agilizar los tiempos de respuesta y garantizar mayor transparencia en la justicia penal de Mendoza.
