Publicada el 16 abril, 2025
Las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado provincial, dieron despacho favorable al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece los principios para la transformación digital del Estado mendocino. El encuentro fue dirigido por la senadora provincial Ángela Floridia.
La iniciativa busca crear e implementar el Sistema de Administración Pública Digital de Mendoza, con el objetivo de consolidar a la provincia como un referente regional en modernización de la gestión pública. Apunta a digitalizar procesos administrativos, optimizar la interoperabilidad entre organismos y garantizar servicios más ágiles, eficientes y accesibles para la ciudadanía.
Durante el trabajo en comisión, los legisladores analizaron el articulado y realizaron diversos aportes. Cabe recordar que la semana pasada participaron del debate Facundo Biffi, director General de Modernización; Maximiliano Jaime, jefe de la Dirección General de Informática y Comunicaciones; y Roberto Reta, director General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, quienes explicaron los alcances de la propuesta.
El senador justicialista Félix González fue el primero en presentar observaciones. Si bien apoyó el objetivo general del proyecto, advirtió la ausencia de sanciones específicas y de un financiamiento definido para su implementación. Además, remarcó la necesidad de empoderar al organismo responsable de ejecutar el ecosistema digital.
Propuso, entre otras cosas, que toda contratación relacionada con tecnologías digitales por parte de organismos públicos cuente con autorización previa del ente ejecutor, para evitar que cada ministerio continúe desarrollando soluciones aisladas que dificulten la interoperabilidad.
También planteó que el principio de “solo una vez”, que establece que el Estado no debe requerir al ciudadano información que ya posee, se transforme en una obligación legal. Según su propuesta, los organismos no podrán exigir documentación existente en otras reparticiones estatales, salvo disposición legal en contrario.
Otro de los puntos que mencionó fue la necesidad de precisar las referencias normativas dentro del texto, reemplazando los títulos de leyes por su número oficial. En cuanto a los plazos, señaló que la redacción sobre la casilla digital de notificaciones podría prestarse a interpretaciones erróneas, ya que sugiere que las notificaciones podrían demorarse hasta un año. Aclaró que ese plazo debe referirse a la implementación del sistema, no a su funcionamiento cotidiano.
Desde La Unión Mendocina, el senador Ariel Pringles valoró el avance que representa la ley, aunque advirtió sobre las dificultades que podrían surgir en zonas con escasa conectividad o entre adultos mayores que no manejan herramientas digitales. Destacó la necesidad de contemplar un sistema mixto que garantice el acceso a quienes no puedan adaptarse al formato digital.
En la misma línea, la senadora Natacha Eisenchlas, jefa del bloque radical, coincidió en que el proceso de digitalización debe ser gradual y aseguró que nadie quedará fuera de la posibilidad de realizar trámites por falta de conectividad.
El senador Valentín González, también de La Unión Mendocina, propuso incorporar en el texto legal la creación de un área específica dentro del Tribunal de Cuentas para controlar las contrataciones informáticas, al considerar que ese control no debería quedar sujeto exclusivamente a la reglamentación. Desde el oficialismo respondieron que no es necesaria una nueva oficina, ya que implicaría mayores costos presupuestarios.
González también sugirió que los servicios puedan ser prestados por diferentes proveedores, para evitar contradicciones con precios oficiales, y subrayó la importancia de asegurar transparencia en la compra de bienes. En ese sentido, propuso contemplar un área específica que supervise el sistema y garantice presupuestos comparativos más allá del catálogo de ofertas.
Al cerrar el encuentro, Eisenchlas recordó que ya se había acordado avanzar con el despacho del proyecto y que las sugerencias debían presentarse previamente. Si bien consideró que las modificaciones mejoran el texto, expresó reparos sobre el nivel de centralización propuesto para la conducción de los sistemas informáticos. Propuso mantener un criterio rector sin generar más burocracia.
En ese marco, Pringles pidió incorporar una protección expresa al ciudadano que no pueda acceder al sistema digital. La senadora Mercedes Derrache, del Justicialismo, propuso eliminar el artículo 31 por considerarlo innecesario, mientras que su par Jésica Laferte solicitó incluir el concepto de comunicación accesible, en línea con lo planteado por Pringles.
El despacho favorable allana el camino para el tratamiento en el recinto de una propuesta que apunta a un cambio estructural en la administración pública mendocina, con foco en la eficiencia, la transparencia y la simplificación del vínculo entre el Estado y la ciudadanía.
El proyecto contempla principios fundamentales como la transparencia, la inclusión digital, la seguridad informática y la simplificación administrativa. Uno de sus ejes centrales es la creación del Ecosistema Digital de Integrabilidad de Mendoza (EDIMza), un entorno que facilitará la conexión segura entre entidades estatales, asegurando trazabilidad y confiabilidad en el manejo de la información pública.
Desde el Ejecutivo destacaron que la propuesta no solo promueve la eficiencia en los procesos internos, sino que está pensada desde la perspectiva del ciudadano. “Hay que dejar de utilizar al ciudadano como cadete del Estado y evitar que tenga que presentar documentación o certificaciones que ya existen en otros organismos”, expresaron.
En esa línea, se prevé avanzar en herramientas como la Identidad Digital Única, el Portadocumento Digital Ciudadano, la Casilla Digital de Notificaciones y una firma digital válida para trámites y gestiones. Todas estas funcionalidades estarán integradas en la plataforma “Mendoza por Mi” (MxM), que busca centralizar la relación del ciudadano con la administración pública.
El plazo previsto para la implementación de la ley es de 12 meses, con posibilidad de prórroga. Las autoridades explicaron que el desarrollo del sistema implicará una revisión interna por parte de cada organismo, para identificar sus trámites y su vinculación con otras dependencias, con el fin de automatizar e integrar procesos.
La transformación digital del Estado mendocino se proyecta así como una herramienta clave para mejorar la calidad institucional, facilitar la vida de los ciudadanos y reducir los tiempos y costos de la gestión pública.
