Publicada el 19 noviembre, 2025
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, recibió a representantes del Ministerio de Seguridad, de distintos municipios, del Consejo Profesional de Ingenieros, del Cuerpo de Bomberos y de la Policía de Mendoza para avanzar en el análisis del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone actualizar la Ley 7499, vigente desde hace casi veinte años. La iniciativa busca modernizar y agilizar el procedimiento para obtener el Certificado de Medidas de Protección Aptas Contra Incendios (Ce.Me.P.A.C.I.), un requisito indispensable para habilitar actividades comerciales, industriales, recreativas y edilicias en general.
El encuentro fue encabezado por el presidente de la comisión, Walther Marcolini, quien destacó la importancia de integrar todas las miradas antes de emitir un despacho. Tras una extensa ronda de exposiciones, los senadores acordaron que el debate continuará la próxima semana, incorporando mejoras y sumando un artículo específico que fijará plazos para la reglamentación técnica.
La propuesta del Ejecutivo emerge del trabajo que el Gobierno lleva adelante a través del programa Unisitio, orientado a unificar y simplificar los procedimientos para aprobar obras públicas y privadas. Matías Dalla Torre, director de Planificación, explicó que los municipios, los colegios profesionales y el Ministerio de Seguridad vienen pidiendo desde hace años una actualización normativa que permita acelerar la tramitación de permisos, sin perder rigurosidad en materia de seguridad.
El punto central del proyecto es una nueva distribución de competencias para otorgar el certificado Ce.Me.P.A.C.I. Actualmente, la responsabilidad recae exclusivamente en Bomberos de la Policía de Mendoza, lo que genera demoras debido a la alta demanda y a la heterogeneidad territorial. La modificación busca que los municipios que cuenten con áreas técnicas especializadas y profesionales idóneos también puedan emitir el certificado, manteniendo Bomberos la competencia indelegable en edificios públicos, servicios públicos y situaciones de riesgo relevante.
La iniciativa propone así un sistema mixto:
Para Dalla Torre, este esquema “permite avanzar hacia un proceso más ágil, eficiente y coordinado, sin desatender la seguridad pública”. En paralelo, el Ministerio de Seguridad trabaja en la digitalización del sistema para que los profesionales puedan presentar planos e informes de manera online y consultar el avance del trámite.
Las posturas expuestas durante la reunión mostraron un amplio consenso en torno a la necesidad de actualizar la ley y desburocratizar los procesos, aunque también se plantearon advertencias y sugerencias.
Desde la Policía de Mendoza, el comisario general Marcelo Calipo celebró la propuesta porque fortalece el trabajo conjunto con los municipios y permite agilizar obras sin que la institución pierda su rol esencial: “La responsabilidad de las pericias y la intervención en caso de siniestros sigue siendo de Bomberos, eso no se modifica”, aclaró. Consideró además que es “una oportunidad histórica” para ordenar y acelerar trámites que hoy generan conflictos y demoras.
Los representantes de Capital y Godoy Cruz se mostraron conformes con la iniciativa, destacando que los municipios que ya cuentan con equipos técnicos podrán avanzar más rápido en la aprobación de proyectos y en el control de obras, manteniendo estándares más altos en el diseño y cálculo de los sistemas contra incendios.
El Consejo Profesional de Ingenieros también respaldó la propuesta, valorando que permitirá reducir tiempos y evitar duplicaciones innecesarias. No obstante, remarcaron un punto clave: si los municipios asumen la facultad de otorgar el Ce.Me.P.A.C.I., también deberán asumir el control de las inspecciones parciales de obra. “No alcanza con revisar al final; hay tareas que solo pueden verificarse durante la ejecución”, señalaron, subrayando la importancia del poder de policía local y la responsabilidad técnica en cada etapa.
En tanto, Marcolini pidió al Consejo que formalice por escrito sus aportes para que puedan incorporarse al análisis legislativo. Además, planteó una problemática frecuente: la habilitación de salones o construcciones antiguas que no logran adecuarse a los sistemas actuales. Dalla Torre explicó que el proyecto no contempla aún soluciones específicas para estos casos, pero aseguró que se trabajan alternativas dentro del Código Unificado de Construcción para atender situaciones donde las estructuras no permiten adaptaciones tradicionales.
Tras escuchar todas las posturas, los integrantes de LAC acordaron mantener el proyecto en estudio y avanzar en mejoras técnicas, especialmente en la reglamentación. La intención es garantizar que la descentralización propuesta resulte viable, homogénea y segura en toda la provincia.
El proyecto, que consta de cuatro artículos, consolida un modelo más flexible y moderno basado en especialización técnica, descentralización y coordinación interjurisdiccional. De aprobarse, permitiría agilizar habilitaciones, evitar doble presentación de documentación y dar mayor previsibilidad al sector privado, sin resignar la intervención del Estado en los casos de mayor riesgo.
