Publicada el 12 febrero, 2026
La Legislatura de Mendoza presentó la tercera etapa del proyecto Hojarasca, una iniciativa orientada a modernizar el sistema normativo y reducir la sobrelegislación acumulada durante décadas. En esta instancia se analizaron 303 leyes generales vigentes sancionadas entre 1976 y 1990, de las cuales se propone la derogación total de 134 y la derogación parcial de una. Además, se suman 16 normas vigentes de períodos previos que no habían sido incluidas en revisiones anteriores y que también se propone eliminar en su totalidad.
El acto contó con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el secretario Legislativo del Senado, Lucas Faure; y la secretaria Legislativa de Diputados, Carolina Letri.
Casado explicó que el proceso comenzó con la idea de elaborar un digesto que permitiera ordenar y clarificar el marco normativo provincial. Señaló que la sobreregulación genera trabas administrativas y dificulta tanto el cumplimiento como la consulta de las normas por parte de ciudadanos y funcionarios. En ese sentido, destacó que el trabajo apunta a simplificar el sistema legal y facilitar su aplicación.
La vicegobernadora subrayó que el relevamiento se realiza ley por ley, con consultas al Poder Ejecutivo y a los actores vinculados a cada materia antes de definir su derogación total o parcial. También remarcó que, en el último año, la Legislatura ha derogado más normas de las que ha sancionado, y convocó a los actuales y futuros legisladores a continuar con esta tarea.
Por su parte, Lombardi valoró el trabajo bicameral y consideró que la revisión normativa permite eliminar disposiciones obsoletas o contradictorias que entorpecen el funcionamiento institucional, incluso del Poder Judicial. Confirmó además el compromiso de avanzar con la sanción definitiva de la segunda etapa del proyecto y acompañar el tratamiento de la tercera cuando ingrese formalmente.
Faure, quien encabezó el trabajo técnico, explicó que el objetivo central fue combatir la sobrelegislación, un problema estructural de las democracias modernas que no siempre es visible para la opinión pública. Indicó que el exceso de normas incrementa el desconocimiento, favorece la discrecionalidad administrativa ante superposiciones legales, estimula la judicialización de conflictos y deteriora la calidad institucional.
El funcionario detalló que la metodología aplicada para determinar el desuso de una ley se basa en tres criterios: normas superadas por legislación posterior; leyes que han quedado obsoletas por el paso del tiempo o el avance tecnológico; y disposiciones vinculadas a organismos que ya no existen.
En relación con las etapas anteriores, recordó que la primera revisión abarcó el período 1896-1950, con 102 leyes analizadas y 75 derogadas, iniciativa que ya fue convertida en la Ley 9653. La segunda etapa comprendió los años 1951-1975, con 172 leyes revisadas y 91 derogadas. Con la tercera etapa, el total de normas analizadas asciende a 574, lo que representa aproximadamente el 25% del marco jurídico provincial, evidenciando que el proceso continuará en fases posteriores.
Durante la presentación también se informó que esta nueva etapa incorpora una corrección a la primera ley aprobada, restituyendo la vigencia de la Ley 1118, que había sido derogada por error y resultaba necesaria para tareas de fiscalización del Ministerio de Producción.
Indicó que cuando existen más leyes de las necesarias aumenta la probabilidad de desconocimiento, tanto por parte de ciudadanos como de funcionarios y jueces, lo que deriva en menor cumplimiento. Además, la coexistencia de normas que regulan lo mismo abre la puerta a interpretaciones contradictorias y amplía los márgenes de discrecionalidad.
Entre las normas incluidas en esta tercera etapa figuran diversas leyes que, según el equipo técnico, ya no tienen aplicación práctica o cuyos efectos se encuentran consumados.
Dentro del primer grupo, correspondiente a leyes superadas por el tiempo o la tecnología, se encuentra la Ley 4143, que fijaba remuneraciones y procedimientos administrativos vigentes desde 1977. La norma contiene referencias institucionales inexistentes, como aprobaciones ad referéndum del Ministerio del Interior, y establece montos expresados en una moneda que ya no es de curso legal. Además, fue reemplazada en la práctica por normas presupuestarias y escalafones actuales.
También se incluye la Ley 4189, que ratificaba un convenio para la transferencia de institutos provinciales de nivel terciario a la Universidad Nacional de Cuyo en 1977. Sus efectos jurídicos —transferencia de servicios docentes, continuidad de estudios y otorgamiento de títulos— ya fueron cumplidos y los plazos previstos en el acuerdo se encuentran vencidos, por lo que la norma agotó su finalidad.
En la misma línea se menciona la Ley 4214, que ratificaba un convenio interprovincial para la creación de la Corporación Financiera Regional Oeste (COFIRO), estructura vinculada a un esquema institucional que dejó de operar en los términos originalmente previstos.
En el segundo grupo, referido a leyes sustituidas por normativa posterior, se encuentran disposiciones que regulaban materias luego integradas en marcos legales más amplios y actualizados, lo que vuelve innecesaria la coexistencia de textos superpuestos.
Por último, en el tercer grupo se incluyen normas que hacen referencia a organismos que ya no existen, como estructuras financieras o entidades provinciales que fueron disueltas o absorbidas por otros entes. Mantener vigentes esas leyes, explicaron, no tiene sentido jurídico ni práctico, ya que regulan funciones que dejaron de ejercerse.
En el cierre de la presentación, Casado cuestionó la medición de la productividad legislativa basada exclusivamente en la cantidad de proyectos presentados. Sostuvo que la elaboración de una ley requiere estudio técnico, consulta con especialistas y análisis del marco vigente, y que la tarea de derogar normas obsoletas es tan relevante como la sanción de nuevas disposiciones.
La vicegobernadora convocó a los actuales y futuros legisladores a profundizar el proceso de revisión normativa y pidió que la evaluación pública contemple la calidad institucional antes que el volumen de iniciativas.
El proyecto será ingresado formalmente al Senado y continuará su tratamiento en el marco del proceso integral de actualización legislativa que impulsa la Provincia, con el objetivo de simplificar el sistema normativo y fortalecer la seguridad jurídica en Mendoza.
Presentación reordenamiento legislativo
