Publicada el 18 marzo, 2026
La iniciativa, impulsada por la diputada Érica Pulido (UCR) y acompañada por Ricardo Triviño, obtuvo despacho favorable de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Recursos Hídricos del Senado, en una reunión de la que participó la autora del proyecto. La propuesta busca establecer un marco normativo integral para la recolección, transporte, operación, descarga y disposición final de efluentes en la provincia.
El proyecto fija los requisitos y el régimen de control para todas las personas humanas o jurídicas que intervengan en estas actividades, definiendo además los roles de generadores, transportistas y operadores. En este esquema, el Departamento General de Irrigación será la autoridad de aplicación encargada de fiscalizar, habilitar y controlar el funcionamiento del sistema.
Durante el tratamiento en comisión, el presidente de Legislación y Asuntos Constitucionales, Walther Marcolini, informó que la autora remitió una serie de modificaciones al texto original, trabajadas junto a Aysam y el Ejecutivo provincial, en línea con los aportes surgidos en reuniones previas.
En ese marco, precisó que se introducen cambios en distintos artículos del proyecto. Entre ellos, se modifica el artículo 11 para establecer que todo efluente industrial deberá contar con un sistema de pretratamiento interno en el establecimiento generador antes de su transporte, garantizando que sea compatible con los parámetros de la planta de destino. Asimismo, indicó que en el artículo 17 se incorpora un inciso, mientras que en el artículo 23 se eliminan los incisos C y G del régimen sancionatorio.
Además, dejó constancia del acuerdo alcanzado en comisión sobre estas modificaciones, dando por finalizado el tratamiento del proyecto en ese ámbito.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación del Registro Provincial de Transportistas de Efluentes Cloacales e Industriales, en el que deberán inscribirse obligatoriamente quienes presten el servicio mediante camiones atmosféricos. La inscripción será pública y condición indispensable para operar, e incluirá el pago de un canon destinado al control y preservación del recurso hídrico.
El proyecto incorpora además un sistema de “manifiesto de carga” de carácter electrónico y con valor de declaración jurada, que deberá ser firmado por el generador, el transportista y el operador. Esta herramienta permitirá garantizar la trazabilidad de los efluentes desde su origen hasta su disposición final, funcionando también como respaldo ante eventuales infracciones o derrames.
En materia de control, se prevé la implementación de sistemas de monitoreo y geolocalización en los vehículos habilitados, con el objetivo de prevenir descargas clandestinas o desvíos no autorizados.
La iniciativa establece también un conjunto de prohibiciones y obligaciones. Entre ellas, se dispone que no podrán mezclarse distintos tipos de efluentes en un mismo transporte ni almacenarse por más de 48 horas. Las descargas deberán realizarse exclusivamente en sitios autorizados por Irrigación, quedando prohibido cualquier vuelco sin consentimiento previo.
Asimismo, se determinan responsabilidades específicas para cada actor: el generador será responsable por la naturaleza del efluente; el transportista, por su traslado seguro; y el operador, por su correcta recepción, tratamiento y disposición final conforme a la normativa vigente.
El régimen sancionatorio contempla apercibimientos, multas, suspensiones, clausuras, decomisos y la caducidad de habilitaciones en caso de incumplimiento, además de la obligación de recomposición ambiental ante eventuales daños.
En los fundamentos del proyecto, Pulido sostuvo que las leyes vigentes en materia ambiental constituyen antecedentes importantes, pero remarcó la necesidad de una norma específica que regule la actividad de los camiones atmosféricos, atendiendo a la protección del ambiente, la salud pública, la seguridad vial y el ordenamiento del sector.
De este modo, la iniciativa avanza en su tratamiento legislativo con el objetivo de ordenar una actividad clave que hasta el momento carece de regulación específica, incorporando herramientas de control, trazabilidad y sanción que buscan fortalecer la protección del ambiente, la salud pública y el uso responsable del recurso hídrico en la provincia.
