Publicada el 4 septiembre, 2024
En una nueva reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, presidida por el senador Walther Marcolini, se avanzó en el análisis del proyecto de ley denominado “Ley Orgánica de la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Sociedades, Contratos Asociativos y Fideicomisos de la Provincia de Mendoza”.
Este proyecto, compuesto por 67 artículos distribuidos en seis capítulos, introduce reformas significativas en la estructura y funciones de la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) y en el registro público de sociedades, con el objetivo de reforzar la transparencia y la eficiencia en la administración de sociedades y asociaciones en la provincia.
Durante el encuentro, los legisladores recibieron a Sergio Molina, vicepresidente de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza; a Gabriel Acosta, experto en Derecho Societario; y a Sebastián Soneira, director de Personas Jurídicas, para analizar la iniciativa.
Acosta, miembro del directorio del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, destacó la importancia del proyecto no solo para los abogados, sino también para el sector empresarial. Enfatizó que esta propuesta representa una herramienta moderna que impulsa el desarrollo productivo y comercial de la Provincia, al tiempo que fortalece el tráfico jurídico y de negocios. Resaltó que estos instrumentos ponen a Mendoza a la vanguardia a nivel nacional, promoviendo que las empresas elijan establecerse en la provincia.
El experto además señaló tres aspectos fundamentales del proyecto. En primer lugar, celebró la posibilidad de que los dictámenes de preclasificación de abogados, contadores y escribanos se equiparen en los trámites constitutivos de sociedades, lo cual agilizará el proceso y fortalecerá el ejercicio profesional. En segundo lugar, destacó la importancia de impulsar la publicidad del registro público, lo que permitirá a los operadores jurídicos acceder en tiempo real a la información de las sociedades, facilitando el asesoramiento y fomentando la actividad económica. Por último, se refirió al ámbito de registración de los fideicomisos en el Departamento de Registro Público, considerando que esta función debe recaer en una repartición pública en lugar de ser delegada a colegios profesionales, en línea con lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación.
Por su parte, Sergio Molina valoró la relevancia de incluir a los fideicomisos en la nueva normativa, destacando que esta figura se utiliza ampliamente, incluso para planificar sucesiones de manera adelantada. Señaló que esta propuesta legislativa es muy valiosa, dado el potencial que tienen los fideicomisos para el desarrollo económico y jurídico.
Posteriormente, Sebastián Soneira, director de Personas Jurídicas, abordó el proceso de elaboración del proyecto y las herramientas propuestas para acelerar los trámites, evitando observaciones por deficiencias en la información presentada. Explicó que la Dirección ha trabajado en la emisión de resoluciones generales para ayudar a las entidades en situación irregular a normalizar su actividad, especialmente durante la pandemia. Además, mencionó la colaboración con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para flexibilizar la exigencia de balances para entidades sin fines de lucro, destacando la importancia de reducir costos y simplificar los procesos contables para estas organizaciones. También resaltó el papel del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la implementación de una «tarifa social» para facilitar la presentación de balances de entidades civiles.
Luego de las palabras vertidas por los invitados, se resolvió firmar el despacho del proyecto de ley y llevar el asunto a la reunión de labor parlamentaria, donde se decidirá si será tratado en la próxima sesión del martes. Los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar con esta reforma que busca modernizar la administración de sociedades y fideicomisos en Mendoza, adaptándola a las necesidades actuales y promoviendo la eficiencia y transparencia en la gestión jurídica de la provincia.
El nuevo proyecto de ley busca profundizar estos avances mediante la promoción del uso de herramientas digitales, la implementación de mecanismos que refuercen la ética y la transparencia en la gestión de la DPJ, y un marco más flexible y eficiente para la creación y modificación de sociedades. Entre los aspectos destacados, se propone un sistema digital que centralice la información societaria, mejorando el acceso y la seguridad de los datos, lo que posicionaría a Mendoza como un referente nacional en este aspecto.
El proyecto también introduce mejoras en la normativa que regula las asociaciones civiles y fundaciones, con el objetivo de resolver problemas prácticos y optimizar la gestión pública de estas entidades. Estas reformas buscan fortalecer la seguridad jurídica y promover un entorno más transparente y eficiente para las operaciones empresariales en Mendoza.
El proyecto regula detalladamente la estructura, organización, funcionamiento, funciones y potestades de la DPJ, promoviendo la utilización de libros digitales y estableciendo normas de ética y transparencia pública. Además, refuerza principios fundamentales del Estado de Derecho respecto de la empresa privada, como la no injerencia administrativa en conflictos societarios de competencia judicial.
Asimismo, se prevé la creación de un Departamento de Registro Público que gestionará la registración y publicidad de las sociedades. Se implementará una “ficha digital” como elemento central para la publicidad registral, lo que permitirá a los operadores societarios acceder de manera ágil, segura y económica a la información que la ley nacional establece.
Cabe destacar que, en la elaboración de este proyecto, impulsado por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, participó una comisión de destacados juristas de Mendoza, junto con representantes de unidades académicas, colegios y consejos profesionales, y organizaciones empresariales. Todos estos actores han mostrado su apoyo y han alentado la proyectada reforma.
El proyecto de Ley Orgánica de la Dirección de Personas Jurídicas representa un avance significativo hacia la modernización, digitalización y transparencia de la gestión de las personas jurídicas en Mendoza. Con su aprobación, la provincia se posicionaría nuevamente a la vanguardia en materia de regulación societaria, ofreciendo un marco más seguro, ágil y eficiente para el desarrollo de la actividad empresarial.
