Publicada el 14 octubre, 2025
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por unanimidad una modificación a la Ley 6034, que regula la protección de los bienes culturales de la provincia, incorporando de manera explícita el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). La iniciativa fue impulsada por las senadoras radicales María Galiñares y Mariana Zlobec y el senador del Partido Demócrata Armando Magistretti, y tiene como objetivo actualizar la normativa provincial según los estándares nacionales e internacionales en materia de protección cultural. Pasó a Diputados en revisión.
Con esta reforma, Mendoza no solo protege monumentos, edificaciones históricas, obras de arte y objetos de valor arqueológico o científico, sino también tradiciones orales, festividades, rituales, artesanías y expresiones artísticas que se transmiten de generación en generación. Entre los ejemplos locales se destacan la Fiesta Nacional de la Vendimia, las danzas folclóricas tradicionales, los rituales vinculados a la cosecha y los saberes en vitivinicultura y gastronomía típica, que ahora cuentan con un marco legal que reconoce su valor cultural y social.
El Patrimonio Cultural Inmaterial, reconocido por la UNESCO en 2003 mediante la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, abarca las prácticas, expresiones, conocimientos y técnicas que reflejan la identidad colectiva de una comunidad. A diferencia del patrimonio material, este tipo de bienes no se conserva en objetos físicos, sino en la memoria, las tradiciones y la práctica cotidiana de las personas.
Durante la sesión, la senadora María Galiñares, miembro informante del proyecto, destacó la importancia de actualizar una norma que databa de 1993. Señaló que la Ley 6034 contemplaba únicamente el patrimonio cultural material, refiriéndose a sitios arqueológicos y objetos tangibles con valor histórico, artístico o científico. Con el paso de los años y el proceso de globalización, explicó, surgió la necesidad de valorar también aquello que no se puede tocar pero que forma parte de la identidad colectiva, como las costumbres, los usos y las historias de los distintos pueblos.
Indicó además que la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en 2003 y ratificada en Argentina mediante la ley 26.118 en 2006, marcó un cambio de paradigma en la protección del patrimonio cultural. En este sentido, sostuvo que era necesario adecuar el texto de la ley provincial para contemplar los bienes inmateriales y reconocer formalmente el valor de las tradiciones orales, los actos festivos y los saberes que conviven entre el pasado y el presente.
Galiñares explicó que, si bien en Mendoza ya se habían declarado algunos bienes inmateriales mediante decretos reglamentarios, era fundamental que la ley los incluyera expresamente. Consideró que la mayoría de las declaratorias realizadas por la Legislatura se referían a bienes materiales, pero que también existen expresiones inmateriales que merecen el mismo reconocimiento y protección. Por eso, afirmó, la modificación de la ley permite darles el marco legal que corresponde.
La reforma permitirá registrar, difundir y salvaguardar manifestaciones culturales como la Fiesta Nacional de la Vendimia, las danzas y músicas tradicionales, los rituales populares y los saberes asociados a la vitivinicultura y la gastronomía local. Con esta medida, Mendoza avanza en la preservación de su diversidad cultural y en el fortalecimiento de su identidad colectiva.
Galiñares remarcó que el patrimonio cultural no se limita a objetos históricos, sino que vive en las prácticas diarias, en lo que se transmite entre generaciones y en la forma en que las comunidades celebran su identidad. Consideró que este paso es clave para proteger lo que define a Mendoza como sociedad y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir reconociéndose en sus tradiciones.
En Argentina, la ley nacional 26.118 de 2006 incorporó estos conceptos, pero hasta ahora no estaban contemplados en la legislación mendocina. Con la reforma, la provincia podrá identificar, registrar y proteger estas expresiones culturales, promover la participación de las comunidades portadoras y garantizar su transmisión en un contexto de cambios sociales y globalización.
Con esta sanción, la provincia se suma al compromiso global de salvaguardar un patrimonio que no se guarda en vitrinas, sino en la memoria y en la vida cotidiana de su gente.
