Publicada el 21 julio, 2020
La Legislatura de Mendoza continúa sesionando de manera semipresencial, desde aquel 12 de mayo donde se dispuso que el vicegobernador Mario Abed, los secretarios Administrativo y Legislativo y los presidentes de Bloque sesionaran de manera presencial, mientras el resto de los senadores y senadoras lo hicieran desde sus casas.
Esta vez, el Senado de Mendoza aprobó el proyecto de Ley sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Se trata de una adaptación a la provincia de la Ley Nacional 27401, que establece por primera vez un régimen penal aplicable a las personas jurídicas privadas, involucrando a las empresas que contraten con el Estado provincial, Municipios y entes autárquicos.
La propuesta fue aprobada por 37 votos afirmativos y uno negativo por lo que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Durante su tratamiento fue el propio presidente Provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff quien explicó los principales aspectos de la propuesta debatida: «Será la obligación de estas empresas de tener un programa de integridad”.
También indicó que fue la Cámara de Diputados quien introdujo algunas modificaciones al artículo 2 y agregó el artículo 7. «Modificó otro apartado que tiene que ver con precisar algunos aspectos que la Cámara de Diputados entendía que debía consignar una legislación de estas características. Quiero solicitar la aprobación de la modificación que introdujo Diputados», remarcó.
Por su parte, el senador Lucas Ilardo adelantó que su bloque acompañará este proyecto. «No hay que dejar de reconocer que ha tenido un trabajo muy profundo en comisiones», dijo.
Por otro lado, Lautaro Jiménez criticó la propuesta. «Hay que ir por un proceso de investigación mucho más profundo con todo lo relacionado a la obra pública para combatir la corrupción tanto en Mendoza como a nivel Nacional», precisó.
Asimismo el legislador Alejandro Abraham advirtió que la Ley Nacional ya está vigente. «Lo que se debatió en Diputados viene a tratar de resolver algunas dudas de lo que se trató en la Nación», comentó.
Vale destacar que en diciembre de 2017, el Congreso de la Nación dio sanción definitiva a la ley de Responsabilidad Penal aplicable a las personas jurídicas privadas. En el artículo 28, se invita a las provincias a adherir a la norma.
En Mendoza, el senador radical Juan Carlos Jaliff fue quien presentó una iniciativa para que se sumara a la legislación nacional. A dicha propuesta se le acumularon los proyectos del senador Pablo Priore (Pro) y de los ex legisladores Juan Gantus y Marcos Niven.
El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas jurídicas privadas, involucrando a las empresas que contraten con la Provincia, los municipios y los entes autárquicos. Apunta a la transparencia en las contrataciones del Estado y a la lucha contra la corrupción.
Para que las empresas puedan contratar con el Estado deberán cumplir un Programa de Integridad que deberá contener un código de ética o de conducta; reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquiera otra interacción con el sector público y capacitaciones periódicas sobre el programa a directores, administradores y empleados.
También, tendrá que incluir un análisis periódico de riesgos, canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos y una política de protección de denunciantes contra represalias.
La iniciativa dispone que las personas jurídicas privadas deberán presentar al momento de su inscripción o renovación de su inscripción en los registros correspondientes, una declaración jurada indicando que no tienen sanciones ni procesos pendientes por los delitos establecidos en la Ley Nacional N° 27.401 (cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión prevista en el artículo 268 del Código Penal, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y balances e informes falsos agravados).
Durante la sesión de hoy, también se aprobó una propuesta presentada por el diputado radical Emiliano Campos, por el cual se establece prorrogar en forma excepcional y temporal, la validez de las evaluaciones técnicas relacionadas con el ingreso y promoción a la Magistratura, cuyo vencimiento se haya producido a partir del 13 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive. De esta manera, estas evaluaciones técnicas extenderán su vigencia, por única vez, hasta el día 31 de diciembre de 2.021.
La propuesta que venía de la Cámara de Baja fue aprobada por unanimidad pero al introducirle modificaciones volvió a Diputados en revisión.
El miembro informante de la propuesta fue el senador Juan Carlos Jaliff quien explicó que se tratará una propuesta que establece una prórroga de la validez de las evaluaciones técnicas hechas en la Magistratura. También aportó que este proceso se vio restringido para cubrir las vacantes que se producen en el ámbito del Poder Judicial, que fue lo que motivó a que se presentara esta propuesta.
Jaliff también explicó que lo que motivó a aprobar este proyecto fue que se producía una gran inequidad en estos procesos: “Con el objeto de buscarle una solución a este problema propusimos que estas suspensiones abarquen a todos. Será alrededor de 9 meses y con esto seremos bastante justos e iguala a todos los postulantes”, profundizó.
Por su parte, el senador Lucas Ilardo del bloque Frente de Todos comunicó que acompañarán este proyecto ya que consideran que genera justicia para quienes rindan estos exámenes.
Según explican los fundamentos de este proyecto que es acompañado además por sus pares Adrián Reche y Silvia Stocco (tanto autor como coautores quienes son miembros del Consejo de la Magistratura): tras la aparición de la pandemia por Covid-19, se tomaron diversas medidas para regular la actividad judicial en la provincia, “tratando de atenuar los problemas surgidos a raíz de la paralización de todos los procesos como consecuencia del “aislamiento social y preventivo””.
Además sus autores fundamentan que en el ámbito del Consejo de la Magistratura, se han visto paralizados todos los procesos y procedimientos públicos, los concursos para la evaluación de los postulantes para el ingreso o promoción en la Magistratura.
Aclara además, que en relación al método y mecanismo para la evaluación de los postulantes, la Ley 6561, en su art. 4° inc 3 dispone: “a.a) Evaluación de aspirantes: la primera etapa, de evaluación respecto a la idoneidad técnica previa, estará a cargo de la Comisión Asesora y la modalidad de evaluación y la selección de los interesados será mediante la convocatoria a concurso público general de aspirantes, los que deberán ser abiertos. En esta etapa la evaluación se realizará en forma primero escrita y luego oral, formulándose convocatorias y exámenes diferentes y únicos por fuero e instancias…”
Posteriormente con referencia a la validez de los exámenes, dispone el mismo artículo en su inc. 3 a.a) 7° párrafo: “Los aspirantes que hubieren resultado aptos, según la evaluación de aprobado para el cargo al que aspira, integrarán la lista de postulantes que será confeccionada por la Secretaría del Consejo de la Magistratura, para cada fuero e instancia. La evaluación técnica del aspirante que haya aprobado tendrá validez por un término de dos (2) años, a partir de la publicación de la lista referida.”
Es este punto, “referido a la validez de las evaluaciones técnicas, que se propone como objeto del presente proyecto, prorrogando de manera excepcional y temporal la validez de dichos exámenes, dado que los postulantes calificados como aprobados por la Comisión Asesora en la primera etapa de la selección de candidatos a la Magistratura, se ven afectados por: la paralización de los procedimientos a causa de la situación excepcional de público conocimiento; la ralentización de los procesos a causa de la reorganización del sistema judicial, debido a la implementación de protocolos y medidas sanitarias requeridas, y por la considerable reducción de personal, debido a las licencias otorgadas a los empleados encuadrados dentro de los grupos de riesgo, en concordancia con lo establecido en el art. 6 del DNU n° 297”.
En este punto, senadores y senadoras de distintos bloques solicitaron el tratamiento de las siguientes propuestas las que fueron avaladas por sus pares.
El senador Adolfo Bermejo pidió que se declaren de interés la implementación de barbijos inclusivos realizados por la Municipalidad de Maipú. Además realizó otra iniciativa para que se realice un reconocimiento a la radio escolar Comunitaria de la escuela 4240 “Silvia Martínez de Ruiz”, ubicada en el distrito de Fray Luis Beltrán (Maipú).
Bermejo además dirigió un pedido de informe a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), sobre si se están suministrando y de qué manera, las prestaciones médicas, odontológicas, de rehabilitación y de salud mental en cada uno de los efectores propios.
Posteriormente el legislador Samuel Barcudi hizo una propuesta relacionada con la atención prenatal y puerperal en los hospitales. Asimismo llevó a cabo un pedido a Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM), para que informe respecto a los presupuestos de gastos en arreglos e inspecciones de la red de distribución de agua potable y en nuevas obras en inversiones en San Rafael para el año 2020.
En tanto solicitó que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe sobre los programas y protocolos existentes vinculados al cumplimiento en tiempo y forma con el calendario de vacunación obligatoria; como así también al Director de la Obra Social de Empleados Públicos, sobre la situación actual del personal sanitario del Hospital del Carmen, respecto a posibles despidos de personal de dicha institución.
Barcudi asimismo desarrolló una iniciativa para invitar a la Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control por Covid 19, a fin de abordar el tratamiento dado por ese Ministerio a las posibilidades de contagio, testeos y protección del personal de la salud.
La legisladora Florencia Canali llevó a cabo un pedido de informe a la Dirección de Cuidados Alternativos, para que informe acerca de las medidas de cuidado implementadas en los Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia, durante el periodo de aislamiento social y obligatorio.
Además requirió al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, información en cuanto a las estrategias y acciones de detección, prevención, asistencia y tratamiento de las situaciones de violencia a la niñez y adolescentes, en el marco de la emergencia sanitaria.
La legisladora Cecilia Juri realizó una propuesta para que el Poder Ejecutivo atienda las condiciones edilicias de la Escuela 3-406 “Dr. Ramón Enrique Gaviola”.
El senador Rafael Moyano desarrolló una iniciativa para solicitar que el Poder Ejecutivo y la Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informen sobre la situación actual de las prestaciones profesionales en el Centro de Salud 222 “René Favaloro» del distrito Pedro Molina, Guaymallén. También dirigió un pedido al Ejecutivo y al Director General de Escuelas, para que brinden detalles en cuanto a la campaña solidaria para la donación de celulares denominada “tu ayuda nos conecta”.
El legislador también solicitó al Poder Ejecutivo y al Ministro de Seguridad que lleven a cabo distintas acciones a fin de brindar mayor seguridad en el Distrito Coronel Dorrego, Guaymallén. Asimismo solicitó que se declare de interés la tarea social de la Asociación Civil de Promotoras de Derechos Apapachar.
Desde el bloque oficialistas, la senadora Claudia Salas pidió que se declare de interés la Miniserie Nexus “El Misterio de la Llaver”, realizada por estudiantes de quinto año y docentes de la Escuela Nº 4-167 Santiago Felipe Llaver de San Martín.
Posteriormente, el legislador Alejandro Diumenjo solicitó que se le otorgue una distinción legislativa a la Bodega Zuccardi Valle de Uco que fue premiada como la mejor bodega y viñedo de Sudamérica y del mundo por The World’s Best Vineyards Academy, por segunda vez consecutiva. También requirió que se declare de interés la Expo Educativa Virtual 2020 organizada por la Universidad Nacional de Cuyo.
Carina Lacroux pidió que se realice un reconocimiento a quien obtuvo el Primer Puesto en la reciente Edición 2020 de los Premios INMA obtenido por el Diario Los Andes Podcast en la categoría mejor uso del audio.
Por último, Lacroux junto a Anabel Rocca presentaron una propuesta para que se declaren de interés las actividades realizadas en el marco de la Campaña Solidaria “No Más Hambre. Las Heras Solidaria” destinados a familias de bajo recursos de Las Heras.
El legislador Marcelo Romano hizo mención a la Revolución del Parque, también conocida como Revolución de 1890, fue una insurrección cívico-militar producida en la Argentina el 26 de julio de 1890 dirigida por la recién formada Unión Cívica, liderada por Leandro Alem, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen y Francisco Barroetaveña, entre otros. La revolución fue derrotada por el gobierno, pero de todos modos llevó a la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, y su reemplazo por el vicepresidente Carlos Pellegrini.