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Mema explicó los alcances de la propuesta que busca disolver el EPAS y transferir sus funciones a Irrigación

Publicada el 23 octubre, 2024

El ministro de Gobierno presentó los alcances ante la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, destacando la optimización de recursos, la mejora en la fiscalización del servicio de agua potable y la reducción de costos operativos. La propuesta seguirá en estudio.

disolver el EPAS y transferir sus funciones a Irrigación

Durante una reunión de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, presentó el proyecto de ley que propone la disolución del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS). La iniciativa busca transferir las funciones del ente al Departamento General de Irrigación con el objetivo de mejorar la fiscalización del servicio de agua potable y cloacas, y optimizar el uso de los recursos públicos.

El funcionario explicó que el EPAS fue creado en los años 90, en un contexto de privatización del servicio, cuando el 70% del suministro de agua potable fue concesionado a Aysam, mientras que el resto quedó en manos de operadores comunitarios y municipales. Sin embargo, el ente ha mostrado limitaciones en su capacidad para regular y controlar adecuadamente estos servicios. «La disolución del EPAS y la transferencia de sus funciones al Departamento General de Irrigación, permitirán una mayor eficiencia en la regulación y un ahorro importante para el Estado al evitar la duplicación de funciones», explicó el Ministro.

Además, Mema subrayó que esta propuesta forma parte de un plan más amplio de reorganización estatal, orientado a reducir los costos operativos. Señaló que el EPAS, en su estructura actual, incurre en elevados costos que no se justifican frente a los beneficios que genera. Al fusionar sus funciones con las del Departamento de Irrigación, se logrará una gestión más eficiente, sin impactar negativamente en las tarifas del servicio.

El Ministro también abordó la necesidad de revisar el esquema tarifario del servicio de agua potable, ya que las tarifas actuales, definidas como «sociales», cubren únicamente los costos operativos, pero no son suficientes para financiar inversiones a largo plazo. «No estamos hablando de un ajuste inmediato en las tarifas, sino de garantizar la sostenibilidad del servicio a futuro», aclaró Mema.

Otro de los puntos destacados en la presentación fue la relación con los operadores comunitarios y municipales, que representan aproximadamente el 30% de la prestación del servicio en la Provincia. En relación a esto aseguró que estos operadores seguirán contando con apoyo técnico y regulatorio para garantizar la calidad del servicio en las zonas que administran. Además, adelantó que se realizarán inversiones en infraestructura para mejorar las redes de distribución y ampliar el acceso al agua potable en las zonas más vulnerables de la Provincia.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la implementación de un sistema de medición de consumo en diferentes áreas de la provincia, como parte de una estrategia integral para fomentar un uso más racional del agua. Este sistema permitirá detectar casos de consumo excesivo y aplicar sanciones cuando corresponda, incentivando un manejo más eficiente del recurso en un contexto de escasez hídrica en Mendoza.

Luego de la exposición del ministro Mema, los legisladores tuvieron la oportunidad de realizar consultas para profundizar en algunos aspectos del proyecto. Los senadores Germán Vicchi, de la Unión Mendocina; Gerardo Vaquer, del Partido Justicialista; y Dugar Chappel, del Partido Verde, saldaron sus dudas en cuanto a la viabilidad y los alcances de la propuesta. Los legisladores acordaron continuar con el análisis del proyecto e invitar a otros sectores involucrados.

De esta manera, el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo provincial busca disolver el EPAS y transferir sus responsabilidades al Departamento General de Irrigación, con el propósito de mejorar la regulación del servicio de agua potable, reducir costos operativos y asegurar una gestión más eficiente de los recursos hídricos en Mendoza.