Publicada el 4 noviembre, 2025
El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que incorpora al Código de Contravenciones provincial una nueva figura vinculada a la responsabilidad parental ante casos de acoso escolar (bullying). La propuesta, que apunta a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, será ahora analizada por la Cámara de Diputados en revisión.
Durante la sesión, la senadora Mariana Zlobec, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, fue la miembro informante del proyecto y destacó que la iniciativa “parte de una premisa clara: el bullying es una problemática social seria, con consecuencias emocionales, físicas y psicológicas profundas, que requiere una respuesta integral desde la familia, la escuela y el Estado”.
Zlobec remarcó que el texto legal “no busca castigar, sino generar reflexión y promover vínculos más saludables”. En ese sentido, explicó que las sanciones previstas contemplan trabajo comunitario, asistencia obligatoria a talleres de parentalidad y, en los casos más graves o reincidentes, multas económicas. Los fondos recaudados por estas sanciones serán destinados al Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia al Acoso Escolar, administrado por la Dirección General de Escuelas, y también a bibliotecas populares, reforzando así el sentido educativo y comunitario de la norma.
La senadora agradeció los aportes de distintos bloques legislativos que contribuyeron al consenso alcanzado. “Lo que queremos es seguir fortaleciendo el compromiso con una educación basada en el respeto, la empatía y la convivencia”, señaló, recordando que recientemente el Senado aprobó la instauración de la Semana de Concientización y Prevención del Acoso Escolar y del Ciberacoso.
En tanto, el senador Félix González, del bloque justicialista, valoró la iniciativa como “un paso adelante” en la lucha contra el acoso escolar y destacó que “convoca a toda la sociedad a tomar conciencia del flagelo que viven muchos chicos mendocinos”.
En ese sentido, uno de los principios en los que se fundamenta la propuesta es la “Responsabilidad parental y tutelar”, ya que reconoce que “los padres tienen un deber de cuidado y supervisión sobre sus hijos”. La iniciativa, pretende al respecto “hacer a los adultos corresponsables del comportamiento de los niños/as y adolescentes a su cargo, promoviendo una participación más activa”.
Otro principio es el “enfoque educativo y preventivo”, basado en que las acciones previstas en la normativa que se propone “no tienen como fin principal el castigo”, sino generar conciencia y proporcionar a los padres herramientas efectivas para la crianza y la prevención: la meta es romper el ciclo de violencia desde el hogar y la familia.
Asimismo, contempla el principio de “Protección de las víctimas”; porque al “responsabilizar a los adultos, se espera una intervención más rápida y efectiva que ponga fin a las agresiones y garantice un entorno seguro para todos los estudiantes”.
En esa línea, se considera que “la sanción del trabajo comunitario es una medida ejemplarizante que, además de penalizar, busca crear conciencia sobre el impacto negativo del bullying y fomenta la participación de los adultos en la construcción de una comunidad más segura y respetuosa. Todos los involucrados deben tomar su lugar frente a la resolución de los conflictos sociales y escolares, dado que cada uno de ellos está llamado a desempeñar un rol diferente en su resolución”.
Qué dice esta Ley
Establece la incorporación al Código de Contravenciones de Mendoza, Título III: “Contravenciones contra la moralidad, buenas costumbres, solidaridad y educación”, los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater, que quedan redactados de la siguiente manera:
“Art. 100 bis- Responsabilidad parental por acoso escolar (bullying)- Si el padre, madre, tutor, guardador o responsable legal de un niño, niña o adolescente, una vez notificado por las autoridades escolares o de protección de la infancia de la conducta de acoso escolar o bullying cometida por la persona menor de edad a su cargo, incumpliere el deber de orientación, diálogo, vigilancia o cuidado, o no adoptare las medidas necesarias para evitar la reiteración o reparar el daño, será sancionado con multa de mil quinientas (1.500) a tres mil (3.000) U.F. o con tareas educativas o comunitarias de hasta treinta (30) días, según la gravedad del caso, conforme a las pautas establecidas en el Art. 9º de este Código.
El producido de las multas que se apliquen, se destinarán al Fondo Provincial establecido por Ley N° 9545, cuyo objeto será la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, como así también a Bibliotecas Populares.”
“Art.100 ter- Procedimiento en Casos de Bullying- En el caso del artículo anterior, la autoridad escolar constituye la instancia originaria de actuación y deberá aplicar el Protocolo de Actuación en Casos de Bullying aprobado por Resolución N° 5679 de la Dirección General de Escuelas o la norma que en el futuro la remplace. Deberá dejar constancia en el expediente institucional del fracaso de la instancia previa por inasistencia de los adultos responsables, incumplimiento de los compromisos asumidos, o cuando, habiéndose presentado, no se logre un acuerdo en las medidas de orientación, acompañamiento o reparación por culpa o falta de cooperación del padre, madre, tutor o guardador. Las actuaciones serán remitidas con un informe pormenorizado de la situación denunciada y verificada, las acciones realizadas y el resultado de la instancia previa al Juzgado Contravencional competente del domicilio del padre, madre, tutor, guardador o responsable legal de la persona menor de edad.”
“Art. 100 quater- Eximición de responsabilidad de los progenitores. Quedarán eximidos de responsabilidad los progenitores que:
