Publicada el 26 junio, 2024
Integrantes de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, se encuentra en pleno análisis de dos importantes proyectos de ley, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y modificar el Código Contravencional de la provincia. Estas iniciativas, que ya cuentan con la aprobación de la Cámara de Diputados, abordan problemáticas clave como la alcoholemia al volante y la gestión de vehículos retenidos.
Para ello fueron invitados el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino; el director General de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat; el jefe de Operativos de la Policía Vial, Javier Lopez; y el director de Asesoría Letrada, Carlos Magnani, quienes participaron activamente de este encuentro y en donde brindaron detalles de los proyectos que se encuentran en análisis.
Al comienzo del encuentro, el senador Walther Marcolini quien preside LAC explicó que el análisis se enfocaría principalmente en dos expedientes que llegaron en revisión desde la Cámara de Diputados: el 80306, que modifica la Ley 9.099 (Código Contravencional de la Provincia), y el 80307, que ajusta la Ley de Seguridad Vial (9.024). Además explicó que desde el Senado deberán revisar el artículo 13 del expediente 80306, debido a un error técnico legislativo.
Durante la reunión, D’ Agostino destacó que uno de los principales cambios se centra en el artículo 12 del Código, donde se propone aumentar tanto los mínimos como los máximos de las multas impuestas por contravenciones. Actualmente, las multas oscilan entre 4.000 y 9.000 unidades fiscales; con la reforma, se elevarían hasta un máximo de 12.000 unidades fiscales, equivalente a aproximadamente 1.524.000 pesos según el valor actual de las unidades fijas.
En cuanto a las penas de arresto, se plantea una ampliación significativa. Si bien el mínimo se mantiene en 30 días, el máximo pasaría de 90 a 120 días de arresto efectivo. El funcionario de la cartera de Seguridad enfatizó la necesidad de ajustar estas sanciones para garantizar una aplicación justa y proporcional de la ley, especialmente en casos graves como los relacionados con alcoholemia.
Otro aspecto crucial es la incorporación de la reiterancia contravencional en el artículo 31, similar al concepto de reincidencia penal. Esta medida permitiría a los jueces considerar antecedentes tanto penales como contravencionales al imponer sanciones, lo cual podría influir en la gravedad de las medidas adoptadas.
Respecto al acoso sexual callejero, se propone aumentar la multa máxima de 500 a 2.000 unidades fiscales, con una disposición especial que duplicaría estos límites en casos donde la víctima sea menor de edad o tenga alguna discapacidad. Esta medida responde a la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad frente a este tipo de conductas.
El artículo 118 también está sujeto a cambios, con ajustes destinados a mejorar la aplicación de sanciones en situaciones específicas, como el abandono de menores en vehículos. La reforma busca asegurar que las penalidades sean adecuadas a la gravedad del acto cometido, evitando interpretaciones ambiguas o injustas.
Ante estas explicaciones, el legislador Ariel Pringles expresó su preocupación por la inclusión de una presunción legal de culpabilidad cuando una persona se niega a someterse a pruebas de alcoholemia. Argumentó que esta medida podría vulnerar principios constitucionales fundamentales, especialmente el derecho a no declarar contra sí mismo. Subrayó la necesidad de reformular esta disposición para evitar conflictos con las garantías individuales.
Por otro lado, la senadora Adriana Cano, jefa del bloque Justicialista, cuestionó la prioridad dada a las modificaciones al Código Contravencional en lugar de enfocarse en ajustes a la Ley de Tránsito específicamente. Planteó dudas sobre la coherencia y el impacto de las reformas propuestas, solicitando un análisis detallado de las implicaciones legales y prácticas de dichas medidas.
Javier Lopez, jefe de Operativos de la Policía Vial, destacó la necesidad urgente de endurecer las sanciones para conductores que manejan bajo los efectos del alcohol. Señaló casos alarmantes de reincidentes que no han sido debidamente sancionados, enfatizando la importancia de medidas más estrictas para prevenir accidentes graves en las carreteras provinciales.
Por otro lado, Félix González planteó inquietudes adicionales, solicitando evidencia científica que respalde la eficacia de las modificaciones propuestas en la reforma de comportamientos relacionados con el consumo de alcohol al volante. Propuso un enfoque más orientado hacia la salud mental y la educación sobre consumo problemático, argumentando que las multas y sanciones podrían no ser suficientes para cambiar conductas arraigadas.
En respuesta a estas preocupaciones, Marcelo D´Agostino del Ministerio de Seguridad y Justicia defendió la necesidad de aplicar sanciones proporcionales a la gravedad de las contravenciones, aunque reconoció que estas medidas por sí solas no resolverán completamente el problema. Subrayó la importancia de equilibrar la retribución por los actos con una evaluación adecuada de las circunstancias individuales de cada caso.
Se centra en la modificación del Código Contravencional, con el fin de reforzar la seguridad pública y garantizar la convivencia. Las propuestas incluyen sanciones más severas para la alcoholemia al volante, una de las principales causas de arrestos en la Provincia. Con esto buscan incrementar las multas y extender la inhabilitación para conducir hasta un año y medio, además de permitir al juez imponer la asistencia a cursos de capacitación y prevención.
Además, proponen penalizar la tenencia de bienes en la vía pública con fines de venta, especialmente cuando se justifica su posesión de manera dudosa. Las sanciones propuestas incluyen multas y arrestos, con el objetivo de combatir actividades delictivas que se esconden tras la fachada de ventas informales.
El proyecto también aborda el acoso sexual callejero, estableciendo multas y trabajo comunitario como sanciones. Las penas se incrementarán significativamente cuando la víctima sea menor de edad o una persona con discapacidad, reflejando la gravedad de estos actos.
Además, se proponen sanciones más estrictas para quienes dejen a menores de edad sin supervisión en vehículos, aumentando las multas y los periodos de arresto.
Finalmente, las reformas contemplan la responsabilidad del infractor en la reparación de daños en la vía pública asociados a la alcoholemia al volante. Esto significa que, además de enfrentar sanciones, el infractor deberá cubrir los costos de los daños causados por su conducta imprudente.
El segundo proyecto en tratamiento propone reformas significativas a la Ley de Seguridad Vial (Ley 9024). A pesar de los avances en la normativa, que ya aumentaron las sanciones para conductores con una alcoholemia superior a 0,5 g/l, persiste una preocupante incidencia de infractores.
Hernán Amat, director General de Relaciones con la Comunidad, habló sobre esta reforma, que está enfocada en agilizar procesos y eliminar obstáculos burocráticos que afectan la implementación efectiva de medidas de seguridad y administración judicial en Mendoza.
En este sentido explicó que una de las modificaciones cruciales, contemplada en el artículo 9 inciso I, busca establecer convenios con instituciones públicas y privadas, incluidas universidades como la UTN, para calibrar localmente alcoholímetros y alómetros. Actualmente, estos equipos deben ser enviados a Buenos Aires o La Rioja para su homologación, lo cual implica una demora significativa de hasta cuatro meses antes de que puedan ser utilizados nuevamente en la provincia.
El funcionario informó que con esto buscan eliminar las trabas actuales y reducir los tiempos de espera para la calibración de equipos de control, facilitando así una mayor efectividad en los controles de alcoholemia y otras medidas de seguridad vial.
En cuanto a las reformas propuestas en el artículo 86 bis, se contempla aumentar la duración de la inhabilitación para infractores reincidentes, pasando de 180 días a 365 días. Además, se introduce la posibilidad de que el juez determine la realización de capacitaciones y cursos como parte de las sanciones, con el objetivo de promover la rehabilitación y prevención de futuras infracciones.
Además comentó que el artículo 129 busca eliminar la duplicidad de resoluciones judiciales necesarias para la recuperación de bienes incautados, permitiendo que la decisión de un solo juez sea suficiente para proceder con la devolución. Esta medida tiene como objetivo reducir la burocracia administrativa y acelerar los procesos judiciales relacionados con la administración de bienes incautados.
Finalmente, en el artículo 130 se proponen ajustes destinados a acortar los plazos para la disposición de bienes que no sean reclamados o que no cumplan con los requisitos establecidos para su recuperación. Se establece un plazo máximo de dos meses para la disponibilidad de estos bienes, tras los cuales podrán ser destinados a instituciones públicas o vendidos en subasta pública.
Walther Marcolini, presidente de LAC, destacó la importancia de las reformas propuestas, incluida la incorporación del artículo 13 al proyecto de ley 80.306. Esta modificación requiere revisión adicional en la Cámara de Diputados antes de ser aprobada definitivamente. “Estamos comprometidos con mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer la seguridad vial en nuestra provincia. Estas reformas son un paso importante hacia ese objetivo”, afirmó Marcolini al término de la reunión.
Según las estadísticas, un 17% de los controlados sigue registrando niveles de alcohol por encima del límite permitido, con una notable recurrencia en algunos casos. Por esta razón, se plantea introducir una reincidencia específica que aumente la inhabilitación para conducir y permita a los jueces imponer la asistencia a cursos de capacitación y prevención, según la gravedad de la infracción.
Además, la propuesta busca habilitar tanto a municipios como a la Dirección de Seguridad Vial para que puedan obtener la certificación de calibración de los alcoholímetros utilizados en la provincia, en convenio con universidades y organismos locales. Esto garantizará que los dispositivos estén correctamente calibrados y funcionen con precisión.
Otra problemática abordada es la gran cantidad de vehículos que se encuentran en las playas de secuestro y que, en muchos casos, nunca son reclamados por sus dueños. Para solucionar esto, se proponen reformas a los artículos 129 y 130 de la Ley de Seguridad Vial, agilizando el proceso de recuperación de los vehículos y permitiendo su disposición a favor de las municipalidades o del Ministerio de Seguridad y Justicia, dependiendo de cada caso.
