Publicada el 20 marzo, 2026
Integrantes de las comisiones de género del Senado y la Cámara de Diputados de Mendoza mantuvieron una reunión de trabajo con la Lic. Verónica Baracat, coordinadora del Programa País de ONU Mujeres en Argentina, con el objetivo de intercambiar experiencias, presentar iniciativas y avanzar en posibles líneas de articulación institucional.
El encuentro fue encabezado por la senadora Yamel Ases y contó con la participación de la presidenta de la comisión de Género, Equidad y Diversidad del Senado, Claudia Najul; la titular de la comisión de Género y Erradicación de Trata de Personas de Diputados, Giuliana Díaz; la senadora Mariana Zlobec; la diputada Evelin Pérez; y Emiliana Lilloy, directora de Relaciones Institucionales y Escuela de Gobierno del Senado.
Durante la apertura, Ases destacó el valor del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y organismos internacionales, subrayando que la igualdad de género continúa siendo el principal desafío. Remarcó que el trabajo en red es fundamental para avanzar en soluciones concretas y planteó la necesidad de construir políticas que garanticen los mismos derechos que los varones, sin que las mujeres deban vivir con miedo.
Asimismo, puso el foco en la problemática de los cuidados, señalando que se trata de una tarea históricamente invisibilizada que recae mayoritariamente en las mujeres. Advirtió que, en un contexto de envejecimiento poblacional, el cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad representa un desafío creciente, que requiere respuestas articuladas entre los poderes del Estado. En ese sentido, valoró la predisposición de la Vicegobernadora Hebe Casado para avanzar en una agenda común sobre esta temática.
Por su parte, Baracat presentó las principales líneas de trabajo del organismo en Argentina, centradas en la autonomía económica, la participación en espacios de decisión y la erradicación de la violencia en todas sus formas. En ese marco, destacó el desarrollo de la Primera Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres en Política, cuyos resultados permitirán dimensionar una problemática que, según adelantó, presenta niveles de prevalencia elevados, especialmente en entornos digitales.
También profundizó en el abordaje de la economía del cuidado, explicando que ONU Mujeres impulsa estudios territoriales para identificar brechas entre la demanda y la oferta de servicios. Señaló que estas políticas no deben entenderse como un gasto, sino como una inversión, ya que generan empleo —principalmente para mujeres— y facilitan su inserción laboral.
En relación a este eje, explicó que el organismo trabaja en distintas provincias con mapeos de cuidados, análisis de necesidades en contextos urbanos y rurales, y fortalecimiento de los cuidados comunitarios, incluyendo la profesionalización de cuidadoras. Además, remarcó la necesidad de avanzar desde lo local ante las dificultades para sancionar una ley nacional integral, promoviendo mesas interinstitucionales que articulen áreas como salud, educación y desarrollo social.
Baracat también vinculó el tema de cuidados con la vulnerabilidad económica, especialmente en hogares monoparentales encabezados por mujeres, donde las dificultades para cumplir con requisitos financieros —como el acceso al crédito— evidencian desigualdades estructurales. En esa línea, mencionó una publicación realizada junto a CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) sobre vulnerabilidad financiera y cuidados.
Otro de los puntos abordados fue la promoción de espacios de participación, como el futuro Parlamento Federal de Mujeres, y las acciones en el ámbito deportivo, donde ONU Mujeres firmó acuerdos para impulsar prácticas con enfoque de género y mayor inclusión en equipos técnicos.
Desde el Senado, Claudia Najul repasó el proceso de creación de la comisión de Género, destacando que fue una conquista construida de manera transversal por mujeres de distintos espacios políticos. Señaló que uno de sus principales objetivos es evitar retrocesos en materia de derechos y fortalecer el análisis legislativo con perspectiva de género.
También subrayó que Mendoza cuenta con un marco normativo sólido, con adhesión a leyes nacionales y políticas públicas sostenidas en el tiempo, incluyendo presupuesto específico, refugios en todos los departamentos, direcciones de género locales y fiscalías especializadas. No obstante, remarcó que el principal desafío sigue siendo la implementación efectiva de estas herramientas.
Najul hizo especial hincapié en la violencia de género, indicando que cada femicidio obliga a revisar el funcionamiento del Estado y detectar fallas en la prevención. Destacó además el trabajo articulado entre los tres poderes y el avance en el acceso a la justicia, con la presencia de mujeres en cargos clave dentro del Poder Judicial.
A su turno, Giuliana Díaz planteó la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todos los proyectos legislativos y de incorporar activamente a los varones en estos debates. Señaló que uno de los principales desafíos es evitar que estas discusiones queden circunscriptas únicamente a mujeres.
Destacó el trabajo en prevención, la articulación con distintas áreas del Estado y la importancia de acercar la información sobre políticas públicas a la ciudadanía. Además, puso en valor el rol de la comisión como espacio de escucha y visibilización de problemáticas emergentes.
En cuanto a iniciativas concretas, mencionó el trabajo en torno al registro de deudores alimentarios, con el objetivo de actualizarlo y fortalecer su alcance. Señaló que las modificaciones buscan mejorar los mecanismos de notificación y cumplimiento, y destacó el impacto de herramientas como Tribuna Segura para detectar incumplimientos. Indicó que se trata de una problemática extendida que afecta a muchas mujeres y requiere mayor visibilidad y control.
La senadora Mariana Zlobec destacó el rol de instituciones como escuelas y clubes en la detección temprana de situaciones de violencia, especialmente a partir de lo ocurrido durante la Pandemia. Subrayó la importancia de los docentes como actores clave en la activación de protocolos y valoró el trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado.
Por su parte, Emiliana Lilloy aportó una mirada conceptual sobre la igualdad, señalando que más que hablar de igualdad en términos absolutos, es necesario reconocer las diferencias estructurales que atraviesan a mujeres y varones. Planteó que estas diferencias —de origen cultural— justifican la implementación de acciones positivas, como cuotas o políticas específicas, orientadas a alcanzar una verdadera equidad.
El encuentro concluyó con un consenso en torno a la necesidad de fortalecer el trabajo en red, profundizar la articulación institucional y avanzar en políticas públicas que aborden de manera integral las desigualdades de género.
Las participantes coincidieron en que, si bien Mendoza ha logrado avances significativos, persisten desafíos estructurales que requieren un abordaje sostenido, con especial énfasis en la prevención de la violencia, la redistribución de las tareas de cuidado y la autonomía económica de las mujeres.
En ese marco, se destacó que el objetivo común es construir una sociedad más equitativa, donde las políticas de género no solo se sostengan en el tiempo, sino que logren traducirse en mejoras concretas en la vida cotidiana de las mujeres.
