Publicada el 30 octubre, 2024
Integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, avanzaron en el análisis del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que propone la disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Durante la reunión, presidida por el senador Walther Marcolini, se recibió a Daniel Canone, secretario General del Sindicato Único del Personal de Obras Sanitarias Mendoza (SUPOS), quien fue invitado a exponer su postura frente a la iniciativa.
Esta propuesta tiene como objetivo principal la reasignación de sus funciones de regulación y control al Departamento General de Irrigación, un organismo preexistente y con estructura consolidada en la gestión del recurso hídrico. Establece además que, al centralizar dichas competencias en Irrigación, el Estado optimizaría recursos al evitar mantener una estructura que, según el texto, resulta «excesivamente costosa» para las funciones actuales del EPAS.
Daniel Canone, se refirió a la posible transferencia de responsabilidades hacia Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) en relación con pequeños operadores, como cooperativas y uniones vecinales, que actualmente gestionan el servicio en ciertas localidades. Destacó que algunos de estos operadores requieren asistencia técnica y financiera para mantener la infraestructura y asegurar un servicio continuo y de calidad para los usuarios.
El presidente de la comisión, aportó detalles sobre el contexto actual del servicio de agua en Mendoza, donde Aysam actúa como el operador principal, en colaboración con más de un centenar de pequeños operadores distribuidos en diversas zonas de la provincia. Señaló que, ante situaciones específicas, como el reemplazo de bombas o el mantenimiento de equipos en época de verano, Aysam podría brindar apoyo técnico para cubrir necesidades puntuales, especialmente en zonas donde los recursos son limitados.
También se refirieron al proyecto los senadores Natacha Eisenchlas, del radicalismo; Gerardo Vaquer, del partido justicialista; y Germán Vicchi, de la Unión Mendocina. De esta manera, se escucharon todas las opiniones, ya que se busca que la propuesta salga con el mayor consenso posible.
El proyecto plantea que las funciones de control de agua potable y saneamiento, actualmente bajo la órbita del EPAS, sean trasladadas al Departamento General de Irrigación. De esta manera este organismo se haría cargo de la regulación del servicio, incluyendo el control de inversiones, fijación de tarifas, resolución de conflictos entre usuarios y operadores, y la elaboración de un informe anual para el Poder Ejecutivo y la Legislatura sobre el estado del agua y saneamiento en Mendoza.
Asimismo, se propone la creación de la Unidad Fiscal del Agua, destinada a la aplicación de sanciones en el ámbito de la calidad del recurso hídrico. Las multas se calcularán en función de la Unidad Fiscal del Agua, cuyo valor anual será determinado por la Ley Impositiva, con una base inicial de mil pesos por unidad.
La propuesta contempla la incorporación de nuevas pautas tarifarias para los servicios de agua y cloacas, estableciendo que los operadores deberán ajustar sus tarifas en función de principios económicos, sociales y ambientales, teniendo en cuenta los costos de operación, mantenimiento e inversiones necesarias para la renovación del sistema. Además, se señala que las tarifas deben promover la conservación de espacios verdes vinculados a la prestación de estos servicios.
En cuanto a los trabajadores del EPAS, el proyecto ofrece diversas opciones de reubicación. Aquellos seleccionados podrán integrarse, de forma voluntaria, al nuevo Ente Regulador o a Agua y Saneamiento Mendoza SAPEM, siempre que se ajuste a las necesidades de estas entidades. Los empleados no incorporados podrán optar por la reubicación en otra dependencia pública o una desvinculación laboral con indemnización. Además, se respetará la antigüedad y el salario bruto del personal transferido, estableciendo un adicional compensatorio para quienes reciban remuneraciones inferiores en sus nuevos puestos.
El proyecto delega al Poder Ejecutivo la transferencia de recursos al Departamento General de Irrigación y a Agua y Saneamiento Mendoza SAPEM para garantizar la ejecución de sus nuevas responsabilidades. También incluye la creación de un sitio web informativo para usuarios y una coordinación con organismos sanitarios y ambientales en el control de la calidad del agua y el tratamiento de aguas residuales.
La iniciativa considera, además, la coordinación de la política hídrica de la provincia con el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, promoviendo un enfoque integral y adaptado a la realidad actual del sector de servicios públicos.