Publicada el 18 marzo, 2019

De la actividad formó parte la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti como así también legisladores provinciales.

En el salón Bicentenario de la Cámara de Diputados, la senadora Natalia Vicencio realizó la presentación de una iniciativa que tiene el objetivo de lograr una regulación sobre los servicios públicos esenciales en que tienen injerencia jurisdiccional el gobierno de la provincia de Mendoza. Estos servicios son la distribución de energía eléctrica, el agua potable y el saneamiento, y el Transporte público de pasajeros.

“Los marcos regulatorios son la herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para fijar los deberes de las empresas prestatarias de servicios públicos y los derechos de las y los usuarios, para regular las tarifas, garantizar la realización de audiencias públicas y para delimitar las funciones de los entes reguladores. Estos marcos regulatorios deben ser de carácter legal y no reglamentario, es decir, aprobados por un órgano legislativo”, reza parte del fragmento de la propuesta.

De la actividad formaron parte la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti como así también legisladores provinciales. “Si bien sabemos que cada uno de los servicios tiene su propia legislación lo que estamos haciendo es darle un marco más integral. Ordenar el verdadero rol que deben tener los entes regulatorios y poder controlar a las empresas prestatarias”, comentó Vicencio.

El Estado debe, a través de la regulación de los servicios públicos y actividades de interés público

1. Asegurar que sean prestados en forma eficiente y satisfactoria, cumpliendo los principios de regularidad, continuidad, accesibilidad, obligatoriedad, generalidad, igualdad, calidad y eficiencia.
2. Garantizar el acceso universal a los servicios públicos, con tarifas justas, razonables y transparentes.
3. Proteger la salud, seguridad e intereses económicos de las y los usuarios, el derecho a una información adecuada y veraz, la libertad de elección y las condiciones de trato equitativo y digno.
4. Promover el desarrollo socioeconómico de la provincia y tender al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

“Las empresas están obligadas a brindar toda la información que sea requerida tanto por el Poder Ejecutivo como el Legislativo o los entes reguladores como así también las organizaciones de la sociedad Civil”, indicó la legisladora autora del proyecto.