Publicada el 4 diciembre, 2024
Las comisiones de Educación y de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, dieron despacho favorable al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que busca implementar un sistema de ficha limpia en el ámbito educativo. La iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares, prohibiendo el ingreso o permanencia de personas con antecedentes penales relacionados con delitos graves.
Durante la reunión, que fue presidida por la senadora Mariana Zlobec, se discutieron los detalles de la propuesta, que también incluye disposiciones específicas para directivos escolares. A través del diputado Gustavo Cairo, se incorporó una cláusula que contempla sanciones por malversación de fondos por parte de los directivos, considerando la posibilidad de que algunos puedan ascender a cargos como supervisores o desempeñarse en funciones regionales. “Nos pareció pertinente agregar esto, ya que lamentablemente han existido casos en los que directivos no supieron manejar los fondos. La idea es incluir estas situaciones dentro del alcance del proyecto”, explicó Zlobec.
El proyecto establece modificaciones en el Estatuto del Docente, el Estatuto del Celador y el reglamento del personal administrativo, incorporando requisitos específicos para asegurar que ninguna persona con condenas por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad pueda acceder a cargos en el sistema educativo.
Inspirada en el concepto de ficha limpia ya vigente en el ámbito electoral provincial y adoptado en otras jurisdicciones, como Salta, la iniciativa también propone la creación de un registro público de antecedentes penales. Este registro se utilizará como herramienta obligatoria en los procesos de selección de personal, con especial énfasis en los casos de suplencias, donde históricamente se han detectado mayores inconvenientes.
El alcance del proyecto incluye tanto escuelas de gestión pública como privada, obligándolas a adherirse a estas normativas. También establece sanciones severas, como la inhabilitación permanente, para quienes incurran en delitos graves. Estas medidas buscan uniformar los estándares de seguridad en todo el sistema educativo mendocino.
La propuesta se fundamenta en los lineamientos de la Ley de Educación Nacional 26.206, que insta a las provincias a garantizar entornos seguros para los menores, y la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que refuerza el derecho a un ambiente educativo libre de riesgos.
Por último, el proyecto exige la presentación de un certificado de antecedentes penales como requisito indispensable para ingresar al sistema educativo, aplicable a docentes, celadores y personal administrativo. Con este despacho favorable, se espera que la iniciativa sea debatida en el recinto de sesiones en el corto plazo, marcando un avance significativo en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Mendoza.
