06/07/16-

Ambos organismos asistieron por un pedido expreso del senador Arenas con el fin de analizar la problemática de los Operadores de Agua Comunitarios y avanzar en el tratamiento de un proyecto de subsidios destinado a las Uniones Vecinales y Cooperativas de Agua.

Integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado recibieron esta mañana al titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), Elián Japaz; al director del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Carlos Morán Crowley; y al director de Asuntos Legales y Fiscalización,  Juan Carlos Masini, en representación del secretario Marinelli.

El encuentro fue realizado por pedido del senador Gustavo Arenas (FPV-PJ), a través de un proyecto de resolución aprobado por la Cámara, para analizar la problemática de los Operadores de Agua Comunitarios y avanzar en el tratamiento del proyecto de Ley para establecer un régimen de subsidios de servicio público eléctrico a las Uniones Vecinales y Cooperativas de Agua potable y cloacas.

Estuvieron presentes, además de Arenas, la presidenta de la comisión de Olga Bianchinelli (FPV-PJ); las senadoras Claudia Salas (UCR), Patricia Fadel (FPV-PJ) y Ana Sevilla (FPV-PJ); y los senadores Guillermo Amstutz (Unidad Popular), Luis Bohm (FPV-PJ) y Eduardo Bauzá (FPV-PJ). Además participaron representantes de diferentes Uniones Vecinales, Cooperativas y Operadores Comunitarios de distintas zonas de la Provincia.

Al comienzo del encuentro, Bianchinelli explicó: “Esta es una reunión de trabajo a partir de un proyecto presentado por el senador Arenas para poder abordar esta temática que atañe a los distintos actores de la tarifa del agua y la luz”.

Luego, fue el turno del autor del proyecto quien destacó la presencia de cooperativas y uniones vecinales: “La intención es escuchar la problemática que tiene cada uno, más allá de que en líneas generales sabemos de que se trata cada uno de los planteos que van a realizar hoy”.

Sostuvo además: “Todos estamos al tanto de los aumentos desmedidos que ha habido en los servicios públicos por lo que nos resulta de vital importancia invitar a quienes intervienen en los servicios de luz, gas y agua”.

También informó que el proyecto presentado en conjunto con los senadores Mauricio Sat, Ángel Brancato y Luis Bohm, tiene la intención de llevar una solución a los diferentes sectores y retrotraer el tema de la tarifa para que la Provincia cuente con una tarifa especial, teniendo en cuenta el Fondo Compensador Eléctrico.

Por su parte, el titular del EPAS manifestó su preocupación debido a la poca renovación de dirigentes en un recurso que es tan vital como es el agua. Además expresó que existe una desigualdad entre los operadores de agua por la cantidad de personas que acceden a este servicio.

“El problema nuestro no es el tema de la tarifa, sino debemos solucionar este tipo de desigualdades y para ello debemos agruparnos y trabajar con los intendentes y trazar políticas en conjunto”, comunicó Morán Crowley.

Además comentó que el EPAS cuenta con un equipo técnico de alto valor profesional, que están a disposición de la ciudadanía para bregar por que los mendocinos tengan el servicio de agua que corresponde.

Por su parte, el titular del EPRE recordó que la tarifa eléctrica en la Provincia está compuesta por dos componentes: el costo de abastecimiento de energía y por el valor agregado de distribución.

En este sentido, explicó que al año pasado se avanzó en la revisión tarifaria, a través de una audiencia pública, donde participaron todos los actores y allí se fijó una pauta sobre el incremento de tarifas eléctricas en cuanto al valor agregado de distribución.

Este aumento fue firmado por el anterior Gobernador, Francisco Pérez, y se fijó que a partir de marzo aumentara la tarifa de electricidad el 8,75% cada tres meses hasta julio de 2017”, sostuvo el titular del EPRE.

“Además, la secretaría de Energía de la Nación sacó dos resoluciones aumentando el valor del megavatio que aproximadamente estaba en el orden de 70 pesos y se llevó a 320 para los usuarios domiciliarios y para algunos superó este valor. Esto trajo aparejado la quita de los subsidios”, afirmó Japaz.

En consiguiente aportó datos acerca de la Tarifa Social: “Nos encontramos con un montón de casos y el Ministerio de Energía junto al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)  fijaron quienes eran las personas que estaban en condiciones de acceder a este beneficio”.

Además informó que la Provincia cuenta con tres distribuidores importantes: EDEMSA, que tiene casi el 70% de los usuarios en el territorio provincial; la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz; y EMESA, que está ubicada en la zona este de la Provincia.

En cuanto a la cantidad de usuarios que existen en la Provincia desde el EPRE informaron que son alrededor de 480 mil usuarios de servicio eléctrico domiciliario y el resto está distribuido en las pequeñas y medianas empresas.

En tanto, el Fondo Provincial Compensador de Tarifas (FPCT) se compone por aportes nacionales y provinciales y da en parte proporcional a los municipios lo que les corresponde a cada uno por el mantenimiento del servicio de alumbrado público.

El ente regulador también comunicó que dentro de la Provincia se otorgan subsidios de tipo económico y hay una serie de otros componentes que son pagados por el Fondo Compensador. “Pagamos los subsidios destinado al riego agrícola, a jubilados y pensionados, a viviendas de zonas rurales y a personas que puedan acceder a la tarifa económica social”.

El director de Asuntos Legales y Fiscalización,  Juan Carlos Masini indicó: “Si bien es el Ejecutivo el que tiene la facultad de establecer las tarifas eléctricas en materia de distribución, dependemos también de las medidas que se adopten a nivel Nacional”.

En cuanto al tema del agua el funcionario aportó: “Los operadores que hay en concreto de agua en la Provincia tienen una característica muy distinta y eso hace este tema se torne complicado, ya que debemos establecer un metodología regulatoria, analizando la situación particular de cada uno de estos operadores”.

Además desde el Ejecutivo informaron que en principio los operadores de gestión comunitaria quedarían cubiertos en función de dos herramientas: el aumento de ajuste de tarifas y el subsidio que ya reciben en virtud de lo dispuesto por el Fondo Compensador de Tarifas. Esta doble herramienta genera un paraguas protector para los operadores de gestión comunitario.

Estamos trabajando en conjunto con el EPAS, el EPRE, el INA y con el Ministerio de Economía de la Nación, en propender la eficiencia del uso de los pozos.

Por último manifestó la preocupación de la Secretaría de Servicios Públicos ya que temen que el Fondo Compensador de Tarifas se desvirtúe y se desfinancie de modo tal que no sirva para los fines que se ha fijado “por ir tras el auxilio de algunos grupos por generar un nuevo subsidio y de esta manera perjudiquemos al resto de la comunidad”.

Declaraciones de consumidores nucleados en ONG

Luego, representantes de Uniones Vecinales, Cooperativas y Operadores Comunitarios de distintas zonas de la Provincia manifestaron la situación particular que atraviesa cada sector.

En primer lugar, la cooperativa de Las Heras explicó: “Albergamos a 1480 usuarios de los cuales el 50 % de la gente no está pagando”, por lo que sus miembros calificaron la situación de insostenible.

Luego una cooperativa de El Carrizal reclamó la falta de información para adherir al sistema de subsidios.

Desde el EPAS, alentaron a los usuarios a incorporarse al sistema de subsidios a través del Fondo Compensador.

En tanto que el senador Arenas indicó que avanzarán en los aspectos técnicos y en abrir el debate sobre el incremento del Fondo Compensador. También citó la situación de los clubes barriales y los problemas que padecen al querer acceder a una tarifa social.

Por su parte, el senador Amstutz propuso que desde el Presupuesto Provincial se haga un aporte para sostener el cambio de la nueva tarifa y solicitó que en los casos puntuales de pozos de agua se prorroguen los vencimientos de facturas por 90 días, para que dé tiempo a la Legislatura y a los Entes vinculados a coordinar una ley que refuerce el Fondo Compensador con el aporte del EPRE y Ministerio de Energía.

Por último, el EPAS argumentó que el problema son las 500 perforaciones para consumo de agua, diferente a las 10.000 que corresponden al riego agrícola, que es una actividad rentable. En desacuerdo con el EPAS, la senadora Patricia Fadel argumentó: “Mendoza es una provincia netamente agrícola, razón por la cual había que atender esta situación ya que no todos los productores son ricos. Mendoza es un oasis y sin agua el oasis muere”.