Publicada el 1 abril, 2026
Integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado analizaron la tercera etapa del denominado proyecto Hojarasca, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que apunta a ordenar y depurar el sistema normativo provincial. La propuesta abarca leyes sancionadas entre 1976 y 1990 y busca reducir la sobrelegislación acumulada durante décadas.
En esta instancia se revisaron 303 leyes generales vigentes, de las cuales se propone la derogación total de 134 y la eliminación parcial de una. Además, se incorporaron 16 normas de períodos anteriores que no habían sido contempladas en etapas previas y que también se plantea suprimir en su totalidad.
Durante la reunión, el presidente de la comisión, el senador Walther Marcolini informó que el secretario legislativo del Senado, Lucas Faure, junto a su equipo técnico, participaron del análisis de esta nueva etapa del proceso de reordenamiento legislativo. En ese marco, la senadora Adriana Cano realizó aportes vinculados al funcionamiento del Círculo de Legisladores de Mendoza, una entidad creada por ley que agrupa a legisladores en ejercicio y mandato cumplido, y que con este proyecto buscan derogarla.
Ante las observaciones, Faure explicó que se detectó una estructura administrativa con escasa actividad registrada desde 2019, pero que implica un costo aproximado de 40 millones de pesos anuales en salarios y servicios. Por ese motivo, se resolvió incluir la norma en el proceso de revisión, aunque se solicitará información actualizada sobre su funcionamiento antes de avanzar definitivamente con su derogación.
Otro de los puntos abordados fue la posible derogación de la Ley 4366, vinculada al mercado artesanal. La norma facultaba al Estado a adquirir y comercializar productos artesanales, una función que hoy se considera impropia de la administración pública, además de encontrarse en contradicción con la legislación vigente en materia de administración financiera.
Asimismo, se acordó revisar aspectos relacionados con la actividad artesanal, considerada por algunos legisladores como una fuente de trabajo que requiere un análisis más profundo antes de tomar una decisión definitiva.
Entre las novedades de esta etapa, Faure detalló que se incorporó un artículo para restablecer la vigencia de la Ley 1118, vinculada al control bromatológico, que había sido derogada por error en una fase anterior. El Ministerio de Producción había advertido que su eliminación generó dificultades operativas, por lo que se resolvió corregir la situación.
Además, se introdujo un criterio técnico para evitar confusiones jurídicas en los casos en que una ley deroga a otra. Para ello, se agregó una nueva columna en el anexo del proyecto que identifica expresamente las normas que permanecen derogadas, evitando interpretaciones ambiguas.
Vale aclarar que este proyecto propone derogar distintos tipos de leyes que quedaron desactualizadas por el paso del tiempo o avances tecnológicos, como normas administrativas de la década del 70 con referencias institucionales inexistentes o valores en monedas fuera de circulación. También se revisaron leyes cuyos efectos ya se cumplieron, como convenios educativos o transferencias de servicios, y otras que regulaban organismos actualmente inexistentes.
Asimismo, se identificaron normas reemplazadas por marcos legales más modernos, disposiciones transitorias ya agotadas y regímenes vinculados a contextos específicos que han perdido vigencia, como beneficios fiscales, programas de emergencia o estructuras administrativas discontinuadas.
Con esta tercera etapa, el proceso de revisión alcanza un total de 574 leyes analizadas, lo que representa aproximadamente el 25% del marco jurídico provincial. Las etapas anteriores incluyeron el período 1896-1950, con 75 normas derogadas mediante la Ley 9653, y los años 1951-1975, con 91 leyes eliminadas.
Tras el intercambio de opiniones y con el consenso de los legisladores presentes, la comisión resolvió dar despacho al proyecto incorporando los planteos realizados durante la jornada.
La iniciativa continuará su tratamiento legislativo como parte de un proceso progresivo que prevé avanzar en futuras etapas sobre las leyes sancionadas con posterioridad a 1991, con el objetivo de consolidar un sistema normativo más claro, actualizado y eficiente.
