Publicada el 30 julio, 2024
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, que busca reorganizar y modernizar el servicio en respuesta a las transformaciones de los últimos años. El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados en segunda revisión.
El senador Walther Marcolini, miembro informante, destacó que se modificarían algunos artículos del proyecto enviado por la Cámara de Diputados, requiriendo una segunda revisión para su sanción definitiva. Uno de los artículos modificados es el artículo 8, que establece que los Oficiales del Servicio Penitenciario deben ser Prefectos Generales con título universitario y una trayectoria reconocida. También se reformó el artículo 9, que requiere que los civiles que asuman estos roles también posean un título universitario y experiencia probada en la materia.
Señaló que la ley vigente, la 7.976 de 2009, fue creada en un contexto donde la realidad del servicio penitenciario era muy distinta, con solo cuatro complejos penitenciarios y una población de 2.674 internos.
Además, aportó que actualmente, la provincia cuenta con 23 establecimientos y casi 7.000 personas privadas de libertad, incluyendo 607 en prisión domiciliaria. La nueva ley pretende equilibrar las necesidades de los internos con su relación a los establecimientos, incorporando avances significativos en la estructura penitenciaria.
La nueva estructura organizativa tiene como objetivo maximizar la operatividad y funcionalidad del servicio penitenciario, proporcionando herramientas para una gestión más eficiente y enfocada en la capacitación constante del personal penitenciario. Además, busca reducir la burocracia, agilizar el sistema y optimizar el servicio en general.
El senador Ariel Pringles subrayó la importancia de tener una Cámara revisora para corregir errores y asegurar que las leyes cumplan con su propósito original. Este proceso de revisión permite advertir y corregir posibles errores antes de la sanción definitiva.
Luego, la senadora Natacha Eisenchlas aclaró que las modificaciones acordadas en comisión se incorporaron correctamente y se especificaron al solicitar el tratamiento del expediente.
Por último, la jefa del bloque justicialista, Adriana Cano, destacó el valor del trabajo legislativo y la importancia de la revisión detallada, subrayando la utilidad de la comisión para volver a tratar la media sanción y asegurar la inclusión de modificaciones necesarias.
Vale destacar que este proyecto forma parte de un paquete de once leyes de Seguridad y responde a la necesidad de adecuar la legislación vigente para maximizar la operatividad y funcionalidad del servicio penitenciario, considerando el incremento tanto de la infraestructura como de la población carcelaria.
El objetivo es reorganizar la estructura penitenciaria para equilibrar las necesidades de los internos con los recursos disponibles, y especializar al personal para garantizar la integridad física y la adaptación al régimen de las personas privadas de la libertad (PPL).
La nueva norma busca ordenar los distintos sistemas de administración penitenciaria, enfocándose en seguridad, salud, educación, tratamiento y asistencia. Además, permitirá realizar clasificaciones eficaces de los internos, considerando diversas variables como género, edad, estado de salud y antecedentes de conflictos, para establecer prisiones equilibradas y seguras.
El texto legislativo destaca que la actual Ley que regula el servicio penitenciario data de 2009 y ha quedado obsoleta ante el crecimiento de la población penal y la creación de nuevas unidades. Actualmente, existen 23 unidades penitenciarias, incluyendo la “Prisión Domiciliaria”, con un total de 6.954 PPL, un incremento significativo desde los 2.674 internos en 2009.
El proyecto contempla la misión y estructura del Sistema Penitenciario, así como las funciones de la Dirección General del Servicio, las Direcciones Principales y Regionales, y establece principios para los establecimientos penitenciarios y unidades transitorias.
Entre las disposiciones, se sustituirá el capítulo 1 del Título II y el Artículo 191° de la Ley N° 8465, definiendo que el Sistema Penitenciario Provincial incluirá el Servicio Penitenciario, la Dirección de Promoción y Control de Liberados, la Procuración de las Personas Privadas de la Libertad, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y la Inspección General de Seguridad, todas regidas por sus leyes específicas.
Esta reforma busca no solo mejorar la operatividad del servicio penitenciario, sino también fomentar la resocialización de los internos mediante el desarrollo de habilidades y conductas positivas, creando climas de convivencia estables y seguros.
