Publicada el 3 julio, 2024
En el edificio Margarita Malharro de Torres comenzó el tratamiento de dos proyectos clave que están incluidos dentro del paquete de leyes de Seguridad remitidos por el Poder Ejecutivo. Estas iniciativas buscan actualizar la Ley de 2008, cuando en toda la Provincia solo existían cien cámaras de seguridad, e incorporar nuevos eventos a la orden del día que emite la justicia, como los paraderos, las prohibiciones de acercamiento y la prohibición de ingreso a eventos deportivos.
Ambas iniciativas, que fueron remitidas a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, espacio presidido por Walther Marcolini, cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. El legislador ofició como moderador quien explicó que Leandro Biskupovich, subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, fue invitado a la comisión para explicar los proyectos y responder preguntas.
Posteriormente se le dio la palabra al funcionario, quien explicó que el primer proyecto se centra en ampliar los eventos en la orden del día, en donde se propone modificar la Ley Nº 9019 para incluir nuevos eventos como los paraderos, las prohibiciones de acercamiento y la prohibición de ingreso a eventos deportivos, además de los pedidos de captura, comparendo y citación. La tecnología permite identificar a miles de personas en la vía pública sin necesidad de trasladarlas a dependencias policiales, verificando su identidad y consultando si tienen medidas pendientes con la justicia.
Vale destacar que, en el ámbito de los eventos deportivos, se trabaja con el programa nacional «Tribuna Segura» para controlar el acceso a estadios mediante la verificación de identidad de los asistentes, utilizando diversas bases de datos como el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (SISEF) y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).
Además, la propuesta remitida por el Gobierno provincial establece que el Ministerio de Seguridad indicará a la justicia los datos obligatorios que deben incluirse en los informes y se conectará directamente con los sistemas judiciales para evitar demoras en la transmisión de oficios. Esta modificación busca dar mayor control y ampliar las medidas de seguridad en colaboración con la justicia.
El subsecretario explicó que es fundamental contar con información actualizada sobre conductores con altos niveles de alcoholemia. Actualmente, el Ministerio de Seguridad utiliza tecnología biométrica dactilar que permite identificar sin error a las personas, incluso si no portan su documento. En el periodo 2023-2024, se han realizado un millón y medio de identificaciones, de las cuales 10.800 resultaron en medidas judiciales.
El senador Germán Vicchi consultó sobre la interoperabilidad de sistemas, a lo que Biskupovich respondió que se busca establecer un protocolo de comunicación que permita a diferentes organismos compartir información sin modificar sus sistemas actuales. La justicia seguirá siendo la dueña de los datos, y el objetivo es que la información se cargue directamente en la base de datos del Ministerio de Seguridad y Justicia, sin intermediarios.
Posteriormente, el senador Walther Marcolini le solicitó a Biskupovich que explicara la propuesta referente a la regulación de videocámaras. Al respecto el funcionario destacó la obsolescencia de la ley vigente desde 2008, señalando que cuando se sancionó la ley había menos de 100 cámaras en la Provincia y la tecnología era limitada. Hoy en día se cuenta con 2170 cámaras y 14 centros de monitoreo, por lo que es prioritario actualizar esta ley para incorporar avances tecnológicos y mejorar la agilidad en los procesos judiciales.
Estas videocámaras servirán para captar imágenes y datos en lugares públicos, tanto abiertos como cerrados, con o sin asistencia de inteligencia artificial. Además, se aborda el tratamiento posterior de las imágenes y datos obtenidos. Las mismas están ubicadas estratégicamente en corredores interdepartamentales.
Al respecto, Biskupovich señaló que esta iniciativa delimita claramente las responsabilidades en la cadena de custodia de las imágenes. Él mismo se responsabiliza técnicamente de la seguridad de las imágenes, mientras que el CEO opera el sistema y la justicia asume la responsabilidad cuando las imágenes se comparten mediante un oficio. Esta propuesta también busca optimizar recursos, reducir errores humanos y colaborar en una justicia más ágil.
Además, se contempla la posibilidad de captar datos junto a las imágenes, ampliando el objeto de grabación y utilizando inteligencia artificial para el reconocimiento de dominios, entre otros fines. También se legisla la incorporación de cámaras privadas al sistema de videovigilancia provincial para ampliar la capacidad operativa y mejorar la seguridad pública.
El proyecto recepta directivas de la Disposición Nº 10/2015 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, asegurando el respeto por derechos humanos fundamentales como la privacidad, la intimidad y el honor. Asimismo, los municipios que deseen instalar videocámaras deberán informar a la autoridad competente y asegurar la compatibilidad con los protocolos estándares recomendados, permitiendo la interoperatividad de los sistemas.
