Publicada el 3 octubre, 2018
La Legislatura de Mendoza abrió sus puertas a estudiantes de abogacía quienes expresaron su rechazo, a través de una nota, a la propuesta presentada por el Gobierno provincial que pretende modificar la Ley que regula el ejercicio de la abogacía y de la procuración.
Por ello fue que la propia Vicegobernadora Laura Montero recibió en su despacho a estudiantes de Derecho de todas las Universidades. Durante la reunión, los jóvenes manifestaron su disconformidad con la propuesta antes mencionada. Luego, ingresaron por Mesa de Entradas del Senado una nota en la solicitaron participar de la reunión de la Comisión de Legislación, donde es tratado el proyecto de Regulación del Ejercicio de la Abogacía.
Cerca de 100 alumnos/as que estudian en las diferentes universidades de la Provincia se manifestaron muy conformes con la reunión mantenida con la segunda autoridad de la provincia, ya que Montero asumió el compromiso de intermediar con los/as legisladores de todos los sectores políticos.
Esta propuesta del Poder Ejecutivo pretende implementar un examen cuya aprobación será requisito esencial para que quienes se egresen de Facultades de Derecho puedan obtener la matrícula provincial.
En la nota, los estudiantes sostienen que esta norma contiene vicios y realizan además un análisis del sistema educativo superior argentino, el cual está regido por la Ley Nacional ley No. 24.521, conocida como Ley de Educación Superior (LES).
También manifiestan que “este proyecto de ley no sólo pretender afectar múltiples derechos reconocidos por la Constitución Nacional en los artículos 14 y 14 bis en lo referido al derecho a enseñar y aprender, sino que también es claramente violatorio de sus artículos 31 y 75 incisos 18 y 19”.
Durante el encuentro con los integrantes de LAC, los estudiantes manifestaron que de aprobarse la norma presentada por el Ejecutivo, la Provincia de Mendoza caería en un riesgo y además esto iría en detrimento del acceso a la justicia que tienen los ciudadanos. Aquí también manifestaron que el jurado no debe estar ocupado por miembros del Ejecutivo, sino por representantes de las distintas universidades, ya que consideran que son imparciales.