19/06/2017-

El funcionario habló sobre la situación actual de la obra social. El profesional respondió a los interrogantes de los senadores.

En el salón Carrillo del Anexo de la Legislatura Provincial, la Comisión de Salud del Senado recibió al titular del PAMI local, Carlos Valcarcel. El doctor asistió al encuentro, para dar referirse a la anulación de los contratos de prestación que unían a la obra social con tres efectores privados. Se trata de los siguientes complejos sanitarios: Hospital Santa Isabel, la Sociedad Española y la Clínica Caimari.

Participaron de la actividad, los senadores Juan Carlos Jaliff, Eduardo Giner, Noelia Barbeito, Gustavo Arenas, Olga Bianchinelli, Daniela García, Verónica Basabe y Alicia Barros. Como así también representantes de asociaciones de jubilado mendocinas.

Valcarcel dio explicaciones sobre qué sucedió con los 25 mil afiliados que días atrás quedaron sin cobertura ante la negativa de algunas clínicas que no renovaron los convenios que tenían firmados con el PAMI a nivel nacional.

“Hemos tenido conversaciones con los directivos del Hospital Santa Isabel, aparentemente es una decisión tomada de atender a nuestros pacientes hasta el 30 de junio. A partir de ahí serán reasignados a distintas clínicas. El PAMI no firmó con Sociedad Española porque la infraestructura física y funcional de esta clínica no es aceptada por los parámetros mínimos que tiene la obra social para atender a sus afiliados. La tercera clínica en cuestión que es un Instituto Oftalmológico, el PAMI no renovó el contrato debido a una sustantiva y evidente desviación en su facturación desde agosto a marzo”, determinó el funcionario.

El funcionario comentó qué pasará con el futuro de los afiliados de esas clínicas hasta que sean resignados, indicó: “Por contrato estas clínicas deben atender a los afiliados hasta el 30 de junio, mientras tanto hemos reasignado al resto a las clínicas que han firmado con PAMI y debo decirles que de las 25 mil personas que sumaban la Sociedad Española y el Santa Isabel de Hungría, el 65% de estas personas han sido asignadas a la Clínica Santa Clara que es propiedad de la mima sociedad de Socorros Mutuos”.

“En definitiva, la idea es que se resuelva la problemática generada por la medida, que tuvo un impacto negativo porque los afiliados recién al acudir a sus consultas se enteraron de que en las clínicas involucradas ya no son atendidos ni pueden continuar con el control de sus tratamientos, como tampoco ser operados cuando ya estaban programadas sus cirugías”, dijo el legislador Gustavo Arenas.