Publicada el 24 febrero, 2026
La Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción al proyecto que actualiza la Ley 9201 y regula de manera integral el funcionamiento de los Jardines Maternales de Gestión Privada en la provincia. La propuesta fue aprobada por 26 votos afirmativos, 6 negativos y 2 abstenciones, por lo que fue remitida a la Cámara de Diputados en revisión.
El proyecto apunta a consolidar la supervisión técnica y pedagógica por parte de la Dirección General de Escuelas (DGE), ordenar el sistema y garantizar estándares de calidad en la atención de niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años, una etapa considerada estratégica para el desarrollo cognitivo, emocional y social.
Durante el tratamiento en el recinto, la presidenta de la comisión de Educación, Mariana Zlobec, destacó que el objetivo de la reforma es “garantizar la calidad, la seguridad y la transparencia en el funcionamiento de los jardines maternales de gestión privada”. Remarcó además que la inversión en educación temprana reduce brechas y mejora la trayectoria escolar en los niveles posteriores.
Uno de los ejes centrales de la modificación es la creación del Registro Único de Jardines Maternales de Gestión Privada, de carácter obligatorio y público, que permitirá a las familias acceder a información clara sobre las instituciones habilitadas. Asimismo, se establecen requisitos específicos para el personal, exigencias de capacitación en primera infancia y la obligatoriedad de contar con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) alineado a los lineamientos provinciales.
La norma dispone que cada establecimiento deberá contar con un director o directora con título docente de Nivel Inicial, mientras que las salas podrán estar a cargo de adultos con capacitación certificada u homologada por la DGE en cuidado y desarrollo infantil. También deberán acreditar anualmente seguros de responsabilidad civil, aptos psicofísicos del personal, planes de evacuación y condiciones edilicias y sanitarias adecuadas.
La presidenta del bloque radical, Natacha Eisenchlas, sostuvo que la iniciativa surgió a partir del trabajo conjunto con una asociación que nuclea a jardines maternales privados y remarcó que durante el tratamiento legislativo se convocó a distintos sectores para aportar opiniones.
En su intervención, explicó que la ley anterior, sancionada en 2019, no pudo aplicarse debido a dificultades operativas derivadas del alcance que establecía sobre diversas instituciones, situación que se vio agravada por la pandemia iniciada en 2020. En ese contexto, señaló que muchos jardines cerraron y otros continuaron funcionando sin un marco regulatorio pedagógico provincial, quedando únicamente bajo controles municipales vinculados a lo edilicio.
Eisenchlas afirmó que la nueva normativa no implica una desregulación, sino por el contrario, una mayor intervención del Estado provincial. Subrayó que, a partir de esta modificación, los establecimientos privados pasarán a integrar el sistema educativo formal y estarán sujetos a supervisión específica.
También destacó que la ley permitirá incorporar a los niños y niñas que asisten a estos espacios al sistema de información educativa provincial, generando datos que faciliten la planificación de políticas públicas para la primera infancia.
En relación con los requisitos del personal, indicó que la norma mantiene la exigencia de dirección docente, pero habilita que las salas estén a cargo de personas con capacitación certificada, contemplando la realidad actual del sector y buscando compatibilizar estándares de calidad con sostenibilidad económica.
Por su parte, la jefa del bloque del Partido Justicialista, Adriana Cano, adelantó que su espacio no acompañará el proyecto. En tanto, los senadores Dugar Chapel, del Partido Verde, y Duilio Pezzutti se abstuvieron en la votación.
Tras la sanción, los establecimientos que ya se encuentran en funcionamiento contarán con un plazo de seis meses para adecuarse a los nuevos estándares exigidos por la ley.
