Publicada el 18 agosto, 2020
En el año 2011, el Gobierno provincial presentó una propuesta en la que planteaba crear la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. La función principal era actuar en la defensa y protección de los derechos y garantías, consagrados en los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional, Provincial y las leyes, de toda persona que se encuentre o pueda encontrarse privada de su libertad de cualquier modo, en cualquier tipo de establecimiento bajo jurisdicción y control del Estado Provincial.
La propuesta fue aprobada por 21 votos afirmativos y 13 negativos por lo que la propuesta pasó a la Cámara de Diputados en revisión.
Al momento de que se le diera tratamiento en el recinto, la senadora Mercedes Rus fue quien pidió el uso de la palabra para explicar los alcances de la iniciativa en debate. Expuso las principales características de la misma. «La Legislatura deberá contemplar el presupuesto de la Comisión», indicó.
Además leyó las principales modificaciones que contemplará la propuesta que fue elaborada por el Poder Ejecutivo. Asimismo justificó la importancia de que esta propuesta sea tratada por el Senado de Mendoza.
La senadora Cecilia Juri declaró que esta propuesta es un «retroceso» para la provincia de Mendoza. «Lo que se está proponiendo es reducir a la mínima expresión la participación de la sociedad civil. No es necesario disminuir la presencia de estos organismos. Entendemos que nuestra legislación que supo ser de avanzada presenta un retroceso», afirmó.
El senador Lautaro Jiménez mostró su rechazo a la iniciativa en discusión. «No entiendo para que quieren modificar algo que supuestamente va bien. Atenta contra la calidad institucional. La comunidad mendocina no va a ganar con esta ley», detalló el legislador Alejandro Abraham.
El legislador Fernando Alin del bloque Socialista, avaló el proyecto. «Creemos en las políticas de inclusión, yo también fui víctima de hechos delictivos. Hay que escuchar a la gente en lo que se necesita. Apoyo plenamente esta reforma», aclaró.
La senadora Natalia Vicencio detalló su postura. «No vamos a acompañar este proyecto», expresó.
Vale destacar que a fines del año pasado, presentaron otra propuesta que reforma esta Ley, la 8.284, que reduce la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, integran el comité una docena de representantes que ejercen su cargo ad honorem. Con la modificación, ese cuerpo se reemplazaría por otro con cuatro miembros: uno por la Suprema Corte de Justicia provincial, otro por el Colegio de Abogados local, otro por la Defensoría General y solamente uno por las organizaciones.
La norma contempla en sus fundamentos que la finalidad de la propuesta es “incorporar nuevos actores que hoy están vinculados a la defensa y observancia de los derechos humanos por parte de las instituciones públicas y privadas y de equilibrar la representación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes con sede en la Primera circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza”.
La propuesta del Ejecutivo está relacionada a modificar la composición de la Comisión Provincial, a la forma de elección y a los requisitos que deberá cumplir cada postulante.