Publicada el 2 julio, 2024
El Poder Ejecutivo de la provincia de Mendoza impulsó un proyecto de ley que propone modificaciones significativas al Código de Contravenciones, Ley N° 9099. Estas reformas buscan actualizar y mejorar la normativa vigente, abarcando temas desde el arresto y la reincidencia, hasta la conducción bajo efectos del alcohol, el acoso sexual callejero y la protección de menores en vehículos. Esta iniciativa que busca reforzar aspectos de seguridad pública, fue aprobada por el Senado provincial, pero deberá volver a Diputados para su ratificación final, debido a que la Cámara Alta realizó algunos aportes.
Al comienzo de la sesión, el senador Walther Marcolini, quien preside la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), defendió el proyecto explicando que se trata de ajustar el Código Contravencional a la realidad actual, incrementando penalidades, especialmente para conductas como la conducción bajo los efectos del alcohol.
Explicó además que las normas contravencionales actúan como una primera barrera de protección social, cuyo objetivo es garantizar la convivencia, el orden y la seguridad pública. Asimismo, expuso que las contravenciones representan una herramienta jurídica para sancionar aquellas conductas que perturban o contradicen las normas que garantizan la coexistencia y la paz ciudadana. En este sentido, las modificaciones propuestas y las que se van a incorporar, buscan reforzar estos aspectos en el Código Contravencional de Mendoza.
El presidente de LAC comentó que uno de los cambios más significativos es el incremento de las sanciones para conductas como la conducción bajo los efectos del alcohol. Se establecen penas más severas y se incrementan las multas para disuadir estas conductas peligrosas. Además, se han revisado y ajustado otros artículos del Código para garantizar que las sanciones sean aplicadas de manera justa y efectiva. Por ejemplo, se han aumentado los días de arresto y las multas en algunos casos, y se han introducido nuevas medidas para garantizar que las sanciones se cumplan en condiciones dignas y adecuadas.
Las modificaciones también incluyen medidas para proteger a los menores y trabajadores en locales de servicio. Se han incrementado las sanciones para los padres o tutores que dejan a menores sin supervisión en vehículos, y se han establecido multas y penas de trabajo comunitario para los casos de acoso sexual en lugares como bares y restaurantes.
Posteriormente el senador Dugar Chappel, del Partido Verde, manifestó su desacuerdo con el proyecto, aunque destacó su apoyo a ciertos artículos. Además, criticó el incremento de penas y multas, argumentando que no resuelve problemas complejos como la seguridad vial. También, cuestionó la constitucionalidad de la presunción de culpabilidad en casos de negativa al test de alcoholemia, indicando que viola derechos fundamentales y crea contradicciones con la Ley de tránsito vigente.
Desde la Unión Mendocina, el senador Ariel Pringles expresó su negativa a acompañar el proyecto debido a inconsistencias y a una técnica legislativa deficiente. Subrayó en este sentido, que es importante respetar principios constitucionales como la presunción de inocencia y criticó la imposición de sanciones sin un juicio justo. Propuso que, en vez de una presunción automática, se permita al magistrado evaluar cada caso individualmente, protegiendo así los derechos de los ciudadanos.
Luego, la senadora Adriana Cano, jefa del bloque Justicialista, señaló que su bloque acompañará el proyecto, aunque con críticas constructivas sobre el tratamiento legislativo. Cano destacó que la solución a los problemas de seguridad pública no reside únicamente en el aumento de sanciones y penas, sino en abordar temas de salud mental y prevención. Manifestó que las modificaciones propuestas no garantizan una mejora en la seguridad pública y enfatizó la necesidad de una discusión más profunda y específica sobre cada contravención.
El cierre estuvo a cargo de la senadora Natacha Eisenchlas, presidenta del bloque Radical, quien defendió las modificaciones subrayando que el objetivo principal es proteger la vida de los mendocinos. Argumentó que la presunción de culpabilidad en la negativa al test de alcoholemia ya se aplica en la práctica y debe ser legislada para reflejar la realidad. Además, mencionó que el proyecto no viola garantías constitucionales y destacó la importancia de legislar medidas que ya se aplican efectivamente para mejorar la seguridad vial y pública.
Luego de escuchar cada una de las posturas de los legisladores de los distintos bloques con representación parlamentaria, el proyecto fue sometido a votación, por lo que fue aprobado por 25 votos positivos y 7 negativos, por lo que fue remitido a la Cámara de Diputados en segunda revisión.
Entre las principales modificaciones, se destacan las sanciones por infracciones al Código Contravencional. Las nuevas disposiciones permiten al juez imponer arrestos que van desde 1 hasta 120 días y aumentan las multas hasta 12,000 Unidades Fiscales (UF), lo que supera el millón de pesos según el valor actual de las UF. Además, se contempla el trabajo comunitario de 4 a 80 días, con jornadas de 4 horas por día.
El artículo 12 del Código será modificado para que las sanciones de arresto se cumplan en establecimientos especiales, no en cárceles provinciales o nacionales. Estos lugares deberán ser limpios y dignos, destinados a la seguridad y no al castigo. Además, el artículo 31 incorporará un nuevo párrafo, estableciendo que los antecedentes penales contravencionales y del derecho administrativo sancionador serán considerados para valorar la reincidencia, definida en el artículo 33 como la comisión de una nueva contravención dentro de un año, tras una condena previa.
Una de las reformas más relevantes es la introducción del artículo 67 bis, que sanciona la conducción con una alcoholemia igual o superior a un gramo por litro de sangre con multas que oscilan entre 4.000 UF y 11.000 UF, arresto de hasta 120 días e inhabilitación para conducir entre 90 y 545 días. También se impondrá la obligación de asistir a cursos de capacitación y prevención, y la negativa a realizar el test de alcoholemia se considerará como presunción de la contravención.
El artículo 83 redefine el acoso sexual callejero, penalizando conductas físicas o verbales de connotación sexual en espacios públicos o de acceso público con multas de 200 UF a 2.000 UF, o trabajo comunitario de 8 a 20 días. Las sanciones se incrementarán si la víctima es menor de edad o tiene discapacidad, y en casos de acoso por clientes a trabajadores de locales de comida y bebida.
Finalmente, el artículo 118 establece sanciones para quienes dejen a menores de 8 años sin supervisión en vehículos, con multas de 600 UF a 2.000 UF, arresto de 6 a 20 días, o trabajo comunitario de 12 a 36 días. Las sanciones se duplicarán si el vehículo está encendido o presenta riesgos mayores para el menor.
Con esto, el Gobierno provincial busca incrementar la eficacia del Código Contravencional y mejorar la seguridad pública, abordando de manera más severa y clara diversas conductas que ponen en riesgo a la comunidad. Además, endurecen las sanciones para conductas peligrosas, como la conducción bajo los efectos del alcohol y el acoso sexual callejero, promoviendo una sociedad más segura y justa.
