Publicada el 10 febrero, 2026
Durante la sesión realizada hoy, el Senado de Mendoza aprobó por unanimidad un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que propone una modificación integral de la Ley N° 9139, con el objetivo de optimizar la gestión y la aplicación del sistema provincial de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa apunta a reorganizar la estructura administrativa y funcional de los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIyF), los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) y los Espacios de Primera Infancia (EPI), que actualmente coexisten dentro del mismo Ministerio bajo distintas órbitas, generando superposición de competencias y dispersión en la gestión.
Al fundamentar el proyecto, la senadora Mariana Zlobec explicó que la reforma busca fortalecer la aplicación de la Ley 9139 y la capacidad de respuesta del Estado provincial. Indicó que el eje central de la propuesta es que la Dirección de Protección y Restitución de Derechos quede conformada por los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, mientras que la Dirección de Centros Educativos de Primera Infancia concentre las tareas administrativas, de gestión y control. Señaló que esta integración permite superar la fragmentación de áreas que trabajan con la misma población y sobre problemáticas vinculadas, favoreciendo una mayor protección, prevención y un acompañamiento temprano, en el marco de una política pública unificada.
La legisladora remarcó que la reforma no modifica el enfoque de derechos establecido en la normativa vigente, sino que mejora la estructura institucional para hacerlo efectivo. En ese sentido, sostuvo que la eliminación de superposiciones administrativas permitirá liberar recursos técnicos para fortalecer la intervención profesional directa, mejorando la calidad del servicio, la prestación y la respuesta del Estado.
Asimismo, destacó que la reorganización se inscribe en el principio de la Buena Administración, con estructuras más claras, responsabilidades definidas y un uso más racional del gasto público, evitando duplicaciones y orientando los recursos a la garantía efectiva de los derechos. Finalmente, subrayó que las modificaciones apuntan a consolidar un sistema más integrado, ordenado y con mayor capacidad de acompañamiento para garantizar de manera eficaz los derechos de niñas, niños y adolescentes hasta los 17 años.
En el mismo sentido, la senadora Flavia Manoni, del bloque de la Unión Mendocina, adelantó el acompañamiento de su bancada a la iniciativa, luego de que se evacuaran distintas dudas planteadas durante el análisis del proyecto. La legisladora señaló que la propuesta permitirá beneficiar a numerosos niños, niñas y adolescentes de la provincia, fortaleciendo el sistema de atención y protección integral.
Por su parte, la senadora Adriana Cano, jefa del bloque Justicialista, también anticipó el respaldo de su espacio político a la iniciativa y celebró que se hayan tenido en cuenta los aportes realizados por los distintos bloques durante el tratamiento legislativo. Destacó la importancia del consenso alcanzado y valoró la apertura al diálogo como un elemento clave para mejorar la calidad institucional y fortalecer las políticas públicas vinculadas a la niñez y la adolescencia.
La reforma establece que los CDIyF, CDI, CEPI y EPI pasen a depender de la Dirección de Centros Educativos de Primera Infancia, bajo la órbita de la Subsecretaría de Educación y la Dirección General de Escuelas, concentrando en un solo ámbito las tareas educativas, pedagógicas, administrativas y de cuidado integral. A su vez, la Dirección de Protección y Restitución de Derechos quedará conformada exclusivamente por los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, responsables de la intervención directa en situaciones de vulneración de derechos.
Desde el punto de vista organizacional, la iniciativa evita la duplicación de funciones dentro del Ministerio, optimiza la estructura institucional y garantiza una distribución más eficiente de competencias y responsabilidades, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la transparencia en la gestión pública.
La modificación de la Ley 9139 fue remitida a la Cámara de Diputados para su posterior tratamiento. Según se remarca en los fundamentos del proyecto, la reforma consolida un modelo de gestión más eficaz, coherente con la Ley General de Educación y con las obligaciones del Estado en materia de protección integral, desarrollo y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en la provincia de Mendoza.
