Publicada el 3 marzo, 2026
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó un proyecto que introduce modificaciones a la Ley 6722, con el objetivo de actualizar el protocolo de uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial y ampliar los supuestos vinculados al servicio de seguridad. La iniciativa fue impulsada por el diputado Gustavo Cairo junto a Enrique Thomas y busca adecuar la normativa local a los criterios vigentes para las fuerzas federales. La votación resultó 26 por la afirmativa y 6 por la negativa.
El miembro informante del proyecto, el senador David Sáez, explicó que la propuesta incorpora los incisos 4 al 8 en el artículo 2 y modifica los incisos 7 y 8 del artículo 9, sumando además los incisos 7 bis y 8 bis. Señaló que el objetivo central es ampliar los supuestos de actuación policial, precisar los criterios de peligro inminente y otorgar garantías administrativas al personal que intervenga conforme al nuevo protocolo.
Sáez remarcó que la reforma busca adecuar la legislación provincial al reglamento nacional aprobado el 13 de marzo de 2024 para las fuerzas federales, basado en principios vinculados a estándares internacionales que permiten el uso letal solo en casos excepcionales para proteger la vida. En ese sentido, sostuvo que la provincia debe armonizar su normativa para brindar mayor claridad jurídica tanto a los efectivos como a los ciudadanos.
El legislador indicó que el nuevo esquema define con mayor precisión cuándo se configura el peligro inminente y en qué situaciones el personal puede hacer uso del arma reglamentaria, por ejemplo, para impedir la fuga de una persona que represente ese peligro o para resguardar establecimientos de detención. También subrayó que se contemplan supuestos en los que no será obligatorio identificarse previamente si ello compromete la seguridad del procedimiento.
En relación con el inciso 8 bis, destacó que la reforma prevé evitar sanciones administrativas anticipadas contra policías que actúen conforme al protocolo, mientras no exista una resolución judicial firme en contrario. Según explicó, la intención es otorgar seguridad jurídica y evitar medidas disciplinarias apresuradas que puedan afectar la carrera profesional del personal, sin dejar de lado los controles de la Inspección General de Seguridad y del Ministerio de Seguridad.
Sáez afirmó que la ampliación de facultades debe ir acompañada de responsabilidad, capacitación y control posterior, y que el uso de la fuerza debe ser racional, necesario y proporcional. Señaló que el debate apunta a encontrar un equilibrio entre la protección ciudadana, la seguridad jurídica del personal policial y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El senador también explicó la incorporación del artículo 322 bis, que habilita la convocatoria de policías retirados altamente calificados para tareas específicas dentro de la fuerza. Indicó que la medida responde a la necesidad de reincorporar a efectivos con experiencia y formación para funciones directivas con conducción de personal y disponibilidad permanente, quienes podrán percibir hasta el 100% de la asignación de clase correspondiente al grado que tenían al momento del retiro.
Asimismo, se prevé la posibilidad de convocar hasta con el 80% de la asignación a personal destinado a tareas vinculadas a funciones específicas, especialmente en áreas tecnológicas, sistemas y manejo de bases de datos, en línea con lo establecido en el artículo 48 bis de la ley.
Finalmente, Sáez solicitó a sus pares acompañar la iniciativa al considerar que el nuevo protocolo aporta claridad normativa, fortalece la actuación policial y brinda herramientas para enfrentar escenarios complejos, reduciendo zonas grises jurídicas en el accionar cotidiano de la fuerza.
Durante el debate, los senadores Félix González, del Partido Justicialista, y Dugar Chappel, del Partido Verde, manifestaron su oposición a la propuesta. En la misma línea, la senadora Adriana Cano afirmó que su bloque no acompañaría la iniciativa.
Por su parte, el senador Gabriel Pradines, de La Unión Mendocina, expresó el acompañamiento de su bancada al proyecto.
El presidente provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba, sostuvo que la seguridad ha sido históricamente un eje central en la provincia y recordó que la Ley 6722 fue sancionada en 1999 junto con la Ley 6721, como parte de una reforma estructural del sistema policial. Señaló que, tras casi tres décadas de aplicación, la experiencia acumulada demuestra la necesidad de introducir mayor especificidad normativa para acompañar los cambios sociales y el incremento de situaciones de violencia.
En ese marco, afirmó que la modificación busca brindar mayor claridad jurídica al personal policial que actúa ante situaciones de riesgo, evitando que efectivos que intervienen conforme a protocolo queden expuestos a sanciones administrativas anticipadas mientras se sustancia el proceso judicial correspondiente.
También remarcó que la provincia ha avanzado en profesionalización, capacitación y equipamiento, mencionando la incorporación de cámaras corporales y tecnología en patrulleros. A su entender, la reforma apunta a fortalecer el accionar policial dentro de parámetros legales más precisos.
Con estas modificaciones, la iniciativa busca redefinir los criterios de actuación policial, establecer parámetros más claros en torno al uso de la fuerza y reforzar la estructura operativa de la Policía de Mendoza.
