Publicada el 10 mayo, 2021
Se conoce como “Grooming” a toda acción deliberada de un adulto, sea hombre o mujer que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a un niño, niña o adolescente con el propósito de establecer alguna conexión emocional con fines sexuales.
Vale destacar que el 13 de noviembre del año 2013, se sancionó la Ley N° 26.904, que incorporó el artículo 131 en el Código Penal. Dicho artículo establece que: “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.”
Finalmente, la ley nacional N° 27.590 crea el “Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming y/o Ciberacoso”. Esta ley, también denominada “Ley Mica Ortega” hace hincapié en la necesidad de que el Estado en todos sus niveles, lleve a cabo acciones en conjunto con la sociedad civil, de modo tal de optimizar los recursos y fortalecer una red que enfrente esta problemática cada vez más extendida.
El caso Mica Ortega fue un caso bisagra en este aspecto para nuestro país, fue un suceso terrible que dio lugar no solo a la sanción de la Ley mencionada, sino a la primera condena penal por grooming seguido de muerte en el país.
Por ello fue que las senadoras Natacha Eisenchlas y Mercedes Rus presentaron una propuesta para que se cree un Programa Provincial para la Prevención, Concientización, Abordaje y Erradicación del Grooming y Ciberacoso hacia Niños, Niñas y Adolescentes, que tendrá por fin prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre la problemática del Grooming o Ciberacoso, estableciendo un marco de acción sobre el uso responsable de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y sobre la capacitación de la comunidad educativa en su conjunto.
El proyecto fue analizado por la comisión de Educación quien determinó que se firme el despacho y que fuese remitido a Asuntos Sociales para que sea evaluado.
Con dicha propuesta buscan que la Dirección de Juventudes dependiente del Ministerio de Salud sea quien desarrolle políticas públicas contenidas en el programa. En tal sentido, proponen que la articulación de acciones de la autoridad de aplicación con los distintos ministerios, organismos públicos y/o privados y la sociedad civil, es indispensable como una herramienta tanto para la prevención como para la protección de las víctimas.
Todo esto no es menor, ya que precisamente lo que pretenden a través de este proyecto, es institucionalizar una situación que se da en la práctica, a fin de brindarle a la autoridad de aplicación mayores herramientas para el desarrollo de estrategias, medidas y actividades para la prevención del grooming.
Finalmente, sus autoras consideran importante contar con un día del año calendario para reflexionar acerca de este flagelo, profundizar la concientización y brindar espacios de trabajo en conjunto a los distintos actores sociales interesados e involucrados en esta temática.