Publicada el 5 diciembre, 2024
La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales avanzó en el tratamiento del proyecto de ley que propone reformas al Código Procesal de Familia y Violencia Familiar de Mendoza. Esta iniciativa busca agilizar los procesos judiciales relacionados con adopción, violencia familiar y derechos de niños, niñas y adolescentes, garantizando mayor eficiencia y celeridad.
En el análisis del expediente 81142, impulsado por el Poder Ejecutivo, participaron representantes del Colegio de Abogados de Mendoza, las asociaciones Dulce Espera y Padres Adoptantes, la jueza María Fontemachi y legisladores provinciales, quienes expusieron sus aportes y reflexiones.
El senador Walther Marcolini, moderador del encuentro, resaltó la importancia del debate y valoró los aportes recibidos, afirmando que las reformas propuestas representan un paso crucial hacia una justicia más accesible y ágil.
En su turno, Romina López, representante del Colegio de Abogados de Mendoza, señaló que es necesario precisar el artículo 9, en especial en lo relacionado con las derivaciones previstas. También destacó la importancia de contar con abogados especializados que acompañen a los niños durante el proceso, considerando un Registro de Abogados del Niño que tiene Mendoza, como una herramienta clave para la protección de sus derechos.
La jueza María Fontemachi valoró los objetivos del proyecto, afirmando que es fundamental acelerar los procesos para que los niños tengan una familia en el tiempo que merecen. Además, planteó la necesidad de garantizar recursos adecuados y evaluar la intervención de abogados desde las primeras etapas, especialmente en casos de violencia familiar.
Desde la Asociación de Padres Adoptantes, Antonio Romero resaltó que la iniciativa representa un avance significativo para brindar seguridad a los niños y adolescentes en los procesos de adopción, fortaleciendo los vínculos familiares y generando confianza en los aspirantes.
En tanto que Paola Pérez López, integrante de Dulce Espera, compartió su experiencia como madre adoptiva y la importancia de que los derechos de los niños sean protegidos desde el inicio, destacando el impacto positivo que tiene brindarles un hogar seguro y estable.
El Dr. Ignacio Bianchi, de la Fundación ULCAS, sugirió ampliar el alcance del artículo 19 para que todos los niños y adolescentes puedan beneficiarse de la exención de patrocinio letrado, más allá de las condiciones específicas planteadas en el proyecto.
Posteriormente, la senadora Flavia Manoni propuso que se formalicen convenios con el Colegio de Psicólogos y el Colegio de Licenciados en Trabajo Social para perfeccionar a los profesionales en mediación. Además, llamó la atención sobre la baja proporción de niños en estado de adoptabilidad respecto a los institucionalizados y propuso evaluar este aspecto en futuras reformas.
Ante esta reflexión, la senadora María Laura Sainz explicó que los tiempos para declarar el estado de adoptabilidad dependen de múltiples factores, incluyendo el proceso de búsqueda de familiares cercanos. Señaló que, aunque estos plazos pueden reducirse, están condicionados por las leyes vigentes y la situación de cada niño.
El cierre estuvo dado por el senador Martín Kerchner Tomba, quien en respuesta a las propuestas de Manoni, planteó que el artículo 22 debería establecer la realización de convenios con colegios de profesionales y otros organismos pertinentes, garantizando la inclusión de diversos actores en la implementación de la ley.
Con estos aportes, el proyecto obtuvo despacho favorable y será tratado próximamente en el recinto legislativo, marcando un avance significativo hacia un sistema de justicia más eficiente y humanizado en Mendoza.
El proyecto plantea varias modificaciones al Código Procesal de Familia y Violencia Familiar. Una de las principales reformas busca reducir los tiempos que enfrentan los niños y niñas en situación de adoptabilidad, evitando largos períodos de institucionalización o acogimiento.
Se propone modificar el Artículo 19 para acelerar los juicios de adopción tras las etapas previas de declaración de adoptabilidad y guarda con fines de adopción. Además, se plantea eliminar la discordancia entre los apellidos del menor y los de los adoptantes durante la guarda preadoptiva, brindando mayor seguridad jurídica.
En los casos de violencia intrafamiliar, el proyecto introduce cambios en el proceso de mediación, estableciendo que las audiencias sean optativas para las víctimas y que los jueces tomen recaudos para garantizar una negociación justa. También se busca modernizar el sistema de notificaciones judiciales mediante el uso de mensajería instantánea, optimizando la comunicación en casos urgentes.
El proyecto incluye la creación de un Registro de Mediadores Ad-Hoc y propone eximir de la obligación de patrocinio letrado a los guardadores de niños mayores de 5 años, aquellos con discapacidad o que forman parte de grupos de hermanos, facilitando la celeridad de los trámites.
