Publicada el 25 agosto, 2025
La comisión de Género, Equidad y Diversidad del Senado de Mendoza analizó dos proyectos que apuntan a profundizar la igualdad en la vida política: por un lado, la capacitación obligatoria en género y diversidad dentro de los partidos, y por otro, la paridad en cargos de los tres poderes del Estado.
La primera propuesta, impulsada por las senadoras Claudia Najul, Mariana Zlobec, Ángela Floridia, Yamel Ases, Fernanda Zabadín y María Laura Sainz, busca que autoridades, integrantes y afiliados con funciones orgánicas en los partidos políticos reciban formación en género cada dos años, como requisito para acceder a cargos de conducción.
La presidenta de la comisión y autora del proyecto, Claudia Najul, sostuvo que el objetivo no se limita a prevenir la violencia política, sino también a “empoderar a mujeres y diversidades en roles de liderazgo”. Según explicó, “la política todavía está atravesada por estructuras culturales que privilegian a los varones en los lugares de decisión. Es necesario avanzar en un cambio real que garantice igualdad de condiciones”.
Desde los partidos políticos se sumaron apoyos. Gisela Talquenca, presidenta de Mujeres del PRO y secretaria de Diversidad del partido a nivel nacional, valoró la posibilidad de que las mujeres trabajen en conjunto “más allá de su pertenencia partidaria, para construir poder sin replicar lógicas masculinizadas”.
En la misma línea, Damián Badilla, presidente de Diversidad de la UCR, advirtió que “todavía nos movemos en lógicas binarias que dejan afuera a muchas personas” y destacó que la capacitación puede contribuir a transformar esa realidad, en particular para garantizar la inclusión de colectivos trans.
Desde Compromiso Federal, Mirta Díaz subrayó la necesidad de que las capacitaciones incluyan a universidades y organizaciones sociales, además de instancias colectivas que comprometan a todos los partidos.
La diputada radical Evelin Pérez repasó la experiencia de su partido en materia de género. Recordó que la Secretaría de la Mujer de la UCR es una de las más antiguas del país y resaltó acciones concretas como el protocolo de violencia de género, la guía para su aplicación en los departamentos y el convenio con el Instituto Provincial de Administración Pública para garantizar capacitaciones en la Ley Micaela. Además, anunció el lanzamiento del “Proyecto Elvira”, un observatorio en género destinado a funcionarios, legisladores y candidatos.
El cierre estuvo a cargo de la senadora justicialista Adriana Cano, quien reconoció los aportes de todos los partidos en la conquista de derechos para las mujeres. Destacó que la Ley Micaela “marcó un antes y un después en materia de capacitación obligatoria” y adelantó que el PJ trabaja en un protocolo interno contra la violencia de género. Sin embargo, planteó que el proyecto podría perfeccionarse para asegurar su aplicabilidad, en especial en partidos de alcance nacional, y propuso dar un rol protagónico a la Junta Electoral como órgano de control.
En el mismo encuentro, Cano junto con su par Mercedes Derrache presentaron otra iniciativa que establece la paridad de género en cargos institucionales de los tres poderes del Estado. La propuesta fija un esquema de “paridad flexible”, que asegura una representación mínima del 40% y máxima del 60% para cualquiera de los géneros.
Durante el debate, las legisladoras justicialistas remarcaron que se trata de avanzar en acciones positivas que den cumplimiento efectivo al mandato constitucional de igualdad. “No se trata solo de acceder a cargos electivos, sino también a los espacios de decisión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, explicaron.
La iniciativa incluye la composición del gabinete provincial, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Departamento de Irrigación, jueces de tribunales inferiores y autoridades legislativas. También invita a los municipios a adherir.
Ambos proyectos continuarán en estudio. En el caso de la capacitación en género se pedirá la opinión de la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, mientras que el de paridad será consultado con la Secretaría de la Gobernación y la Suprema Corte de Justicia. Las autoras de ambas iniciativas destacaron la intención de alcanzar consensos amplios para consolidar en Mendoza una cultura política inclusiva y equitativa.
