Publicada el 12 junio, 2024
Integrantes de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado recibieron al subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, quien presentó los detalles de dos proyectos de ley que forman parte del paquete de leyes de Seguridad, enviado por el Poder Ejecutivo. Estas propuestas buscan expandir la aplicación de los juicios por jurado y establecer un sistema de control para la compra y venta de bienes muebles usados, con el objetivo de mejorar la transparencia y la seguridad en la provincia.
La primera iniciativa propone la ampliación de los juicios por jurado en Mendoza. Este proyecto es una de las once leyes de seguridad remitidas a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo. La modificación a la Ley Nº 9106 busca extender la competencia material del juicio por jurados, incluyendo delitos como el homicidio simple y el robo agravado por lesiones graves y gravísimas, regulados en los Artículos 79 y 166 inciso 1° del Código Penal de la Nación, respectivamente.
En este orden, D´Agostino ofreció una extensa explicación sobre la implementación y evolución del sistema de juicios por jurado en la provincia de Mendoza. Destacó que este sistema ha sido una política pública exitosa, posicionando a Mendoza como una de las provincias pioneras en su aplicación.
Asimismo explicó que la modalidad de juicios ha permitido una mayor participación ciudadana en el sistema judicial y ha mejorado la eficiencia en la administración de justicia. También habló en cuanto al proceso de implementación, que ha sido gradual y sistemático, comenzando con delitos graves como homicidios agravados y abuso sexual seguido de muerte, y extendiéndose ahora a homicidios simples y robos agravados con lesiones graves.
El Subsecretario detalló las complejidades logísticas y organizativas del sistema, que incluyen la selección y capacitación de jurados, y destacó la importancia de coordinar estrechamente con el Poder Judicial para evitar colapsos en el sistema. También señaló que la incorporación de la audiencia de descubrimiento y la posibilidad de apelar decisiones preliminares del juez técnico, son innovaciones clave que mejoran el proceso y aseguran una mayor transparencia y eficiencia.
Posteriormente, los legisladores pudieron realizar consultas sobre la iniciativa analizada, aprovechando la visita del funcionario. En este orden el senador Germán Vicchi, de la Unión Mendocina, planteó dudas sobre la necesidad de seguir avanzando en la implementación de los juicios por jurado y preguntó sobre el costo asociado a estos procesos. En respuesta, D´Agostino destacó que el principal beneficio del sistema es la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones judiciales, algo que considera fundamental para una democracia participativa. Además, argumentó que los costos de implementación son manejables y que el sistema no ha generado escándalos mediáticos, lo cual es un indicativo de su buen funcionamiento.
La senadora Natacha Eisenchlas, preocupada por la eficiencia del sistema, consultó sobre la respuesta de los ciudadanos al ser convocados como jurados y sobre si la implementación ha afectado los tiempos de los procesos judiciales. Ante este interrogante, el funcionario respondió que, aunque algunos ciudadanos no pasan el proceso de selección, la participación es generalmente positiva. Además, aseguró que los juicios por jurado tienden a ser más rápidos que los juicios técnicos, ya que las audiencias deben ser continuas y no se pueden suspender, lo que reduce significativamente los tiempos.
Luego, el senador Gerardo Vaquer, solicitó aclaraciones sobre la diferencia entre el juez técnico y el juez de garantías en el proceso judicial. D´Agostino explicó que el juez técnico es el responsable de las decisiones jurídicas durante el juicio por jurado, mientras que el juez de garantías interviene en la etapa de investigación penal preparatoria. Esta diferenciación es crucial para entender cómo se estructura el proceso judicial en Mendoza.
En tanto que el senador Dugar Chappel del Partido Verde, preguntó sobre los resultados de los juicios por jurado en instancias superiores. El subsecretario informó que de los 45 juicios realizados, 66 personas fueron declaradas culpables y todas las decisiones del jurado fueron avaladas por la Suprema Corte de Justicia.
El último interrogante fue planteado por la senadora Adriana Cano del bloque justicialista, quien expresó su apoyo al sistema y preguntó sobre la posibilidad de incluir delitos de violencia de género y delitos sexuales. Ante este aporte, D´Agostino reconoció la importancia de estos delitos, pero subrayó que una expansión inmediata podría colapsar el sistema debido al alto número de casos de abuso sexual.
Desde su sanción en 2018, el juicio por jurado ha sido un éxito, lo que ha motivado al gobierno provincial a continuar su expansión. El objetivo es incorporar progresivamente más delitos a este sistema, manteniendo siempre un criterio de prudencia y gradualismo para no afectar la justicia penal. Además, se introducirá el procedimiento de descubrimiento y admisión de evidencias, conocido como «discovery», uno de los avances más importantes en el juicio por jurados.
La Ley de jurados de Mendoza ha incorporado un hito en el derecho probatorio argentino: el estándar probatorio de «más allá de toda duda razonable», que es fundamental para el principio constitucional de inocencia. Para facilitar la labor de jueces y abogados, el proyecto regulará criterios objetivos para determinar la admisibilidad y confiabilidad de las pruebas, operando en las audiencias de descubrimiento previas al juicio por jurados. También se establecerá un mecanismo de revisión inmediata ante otro juez penal, creando un «doble conforme respecto de la prueba».
La segunda propuesta, también parte del paquete de leyes de seguridad, y busca crear un Sistema Preventivo de control y registro para la compra y venta de bienes muebles usados, así como un Sistema de Consulta de Origen. Esta iniciativa surge de la necesidad de actualizar y sistematizar el régimen vigente, previsto por la Ley N° 8124 y su Decreto Reglamentario N° 1189/10, para incluir un control riguroso de autopartes y otros bienes.
El subcomisario Osvaldo Araujo, de la División Delitos Económicos y Delitos Comunes de la Dirección General de Investigaciones, expuso los serios desafíos que enfrentan las fuerzas policiales para controlar el comercio de productos usados debido a limitaciones en la legislación vigente.
Araujo señaló que la Ley de 1994, que regula la compra, venta y reparación de artículos usados, presenta importantes impedimentos operativos. «Cuando se legisló, se invitó a las municipalidades a que adhieran y la mayoría no lo hicieron», explicó. Esta falta de adhesión municipal restringe significativamente el control policial sobre estos comercios. Sin el respaldo de las municipalidades, las fuerzas del orden carecen de la estructura y los recursos necesarios para realizar inspecciones efectivas.
El subcomisario ilustró su punto con un ejemplo concreto en la Capital, donde la municipalidad sí ha adherido a la Ley. En estos casos, el control se realiza en conjunto con un inspector municipal. Si se sospecha que un producto tiene origen ilícito, se debe iniciar una comunicación con la entidad fiscal correspondiente para iniciar un proceso penal. Este proceso, aunque funcional en la Capital, se vuelve inoperante en otras áreas donde las municipalidades no han adherido a la ley.
Otro obstáculo importante es la falta de claridad en el decomiso de bienes. En este punto Araujo mencionó que en algunas municipalidades, los bienes decomisados son gestionados por las autoridades locales, mientras que en otras, esta práctica no se realiza, lo que genera confusión y dificultades logísticas. «¿Qué hago con el decomiso de 1.500 teléfonos celulares? ¿A quién se los doy cuando hay una intervención administrativa y no una intervención penal?» cuestionó.
Además, la ley exige que las operaciones se registren en un cuaderno físico, un método obsoleto en la era digital. Por ello sugirió que es necesaria una actualización tecnológica para facilitar el registro y seguimiento de estos bienes.
El subcomisario Araujo concluyó destacando la urgencia de abordar estas limitaciones. «Es muy engoroso y es un tema que hay que abordar porque la dinámica de las redes sociales genera un comercio que también está plasmado de alguna manera en estas cuestiones», afirmó. Propuso que la potestad del control de estos comercios debería ser trasladada al Ministerio de Seguridad para superar las trabas actuales.
El objetivo es combatir el mercado ilegal de bienes, que fortalece el delito al operar fuera del control estatal. La nueva legislación propone un sistema de control e inspección policial más efectivo, adaptado a los avances tecnológicos y cambios sociales. Entre los bienes que se incluirán en el registro están las bicicletas, que actualmente no son registrables según el Código Civil y Comercial de la Nación.
La iniciativa también propone que las fuerzas de seguridad puedan realizar inspecciones y comprobar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos por la ley, incluyendo la documentación que acredite el origen lícito de los bienes. En caso de infracciones, las fuerzas de seguridad podrán secuestrar la mercadería y dar aviso al Ministerio Público Fiscal o a la Justicia Contravencional.
El sistema de control incluirá un registro sistematizado para el seguimiento y verificación de bienes muebles usados, buscando erradicar el comercio ilegal. Este registro reemplazará el antiguo sistema analógico y permitirá una registración voluntaria para la trazabilidad de los bienes. En caso de secuestros, los municipios podrán actuar como depositarios y disponer de los bienes según lo establecido por la Ley 8018.
Además, se establecerá un régimen sancionatorio que impondrá multas o arresto para quienes vendan bienes sin constancia de su origen lícito, o cuando se sospeche que provienen de un delito. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad y la transparencia en la compra y venta de bienes usados en Mendoza.