Publicada el 24 julio, 2024
El debate sobre la modificación del artículo 84 de la Constitución Provincial de Mendoza sigue avanzando en las comisiones legislativas. Esta propuesta, desarrollada por los senadores Walther Marcolini y Martín Kerchner Tomba, busca modificar el calendario de sesiones ordinarias en ambas Cámaras, estableciendo que comiencen el 1 de marzo y concluyan el 30 de noviembre, con una posible prórroga de hasta 30 días. A esta iniciativa se ha sumado una propuesta similar del legislador Pedro Serra.
La reunión se desarrolló en forma conjunta por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Reforma del Estado. Ambas comisiones se reunieron en el primer piso del edificio Margarita Malharro de Torres, donde los legisladores pudieron abordar estas iniciativas en profundidad.
Durante el encuentro, Kerchner Tomba, informó sobre una propuesta impulsada por legisladores del bloque Radical, que busca modificar el artículo 42 de la Constitución. Esta reforma tiene como objetivo modernizar la gestión financiera del Estado, garantizando el equilibrio fiscal entre ingresos y gastos del presupuesto provincial y municipal, teniendo en cuenta las fluctuaciones económicas. La propuesta introduce conceptos como la sostenibilidad de la deuda y el desarrollo económico, social y ambiental, y busca evitar la imposición de nuevas cargas sin un financiamiento adecuado.
Luego, Marcolini explicó que el objetivo de las reformas es optimizar el funcionamiento legislativo y permitir una mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos parlamentarios. Destacó la necesidad de consolidar las dos propuestas en una sola ley, lo que permitiría su sanción este año, con la posibilidad de que la otra se trate a principios del próximo año. Este enfoque facilitaría la inclusión de las reformas en un referéndum separado, permitiendo a los ciudadanos decidir sobre cada propuesta por separado.
En el contexto de estas reformas, se plantea la necesidad de revisar las referencias históricas obsoletas, como el inicio de las sesiones en un período vinculado a la producción agraria o eventos de conflicto interno. Se argumenta que, en el siglo XXI, el Poder Legislativo debería priorizar el diálogo y el consenso, siguiendo prácticas más modernas.