Publicada el 19 agosto, 2025
El Senado provincial aprobó la adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, establecido en el Título VII de la Ley Nacional 27.743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. La iniciativa, impulsada por el senador de la Unión Mendocina, Valentín González, junto con los diputados Gustavo Perret (PJ) y Guillermo Mosso (PRO Libertad), fue aprobada, aunque con cambios de forma que obligan a su regreso a la Cámara de Diputados en segunda revisión.
La propuesta unifica tres iniciativas similares y tiene como eje central la obligación de detallar en facturas, tickets y comprobantes equivalentes los tributos provinciales vinculados a la actividad del emisor, incluyendo la alícuota de Ingresos Brutos.
La Administración Tributaria Mendoza (ATM) será la autoridad de aplicación, encargada de supervisar y controlar el cumplimiento del régimen en toda la provincia. La normativa comenzará a regir el 1° de enero de 2025, en línea con lo dispuesto por la Ley Nacional.
Durante el tratamiento, el senador Valentín González explicó que se acumulaban los expedientes en tratamiento por tratarse de la misma temática y recordó que la iniciativa surgió del trabajo de la ONG Lógica a nivel nacional. “Este régimen de transparencia fiscal empezó a aplicarse en enero de 2025 en forma parcial y en abril ya se hizo general para todos los contribuyentes”.
Otro de los puntos señalados por el legislador fue: “Hoy, cuando vamos a un comercio o contratamos un servicio, ya podemos ver discriminado en el ticket el IVA y el precio del producto. El objetivo es correr el velo fiscal y mostrarles a los consumidores qué impuestos se están pagando, ya sean nacionales, provinciales o municipales, en un país con una de las cargas tributarias más altas del mundo”, fundamentó.
La Ley Nacional de Transparencia Fiscal, sancionada el 28 de junio de 2024, busca que los ciudadanos conozcan en detalle los impuestos que abonan al momento de adquirir bienes o servicios. Este esquema elimina la prohibición de discriminar el IVA en las operaciones con consumidores finales, establece la obligatoriedad de hacerlo y exige que se publiquen los precios con el monto neto y el detalle de impuestos incluidos.
Según su fundamentación, la normativa responde a una demanda social de mayor transparencia, avalada por más de 50.000 firmas en la plataforma Change.org y por encuestas como las de Poliarquía, que reflejan que el 94% de la población desea contar con información clara sobre los impuestos que paga.
Hasta el momento, solo Chubut había adherido a esta normativa, mientras que Entre Ríos alcanzó media sanción y provincias como Córdoba y Ciudad de Buenos Aires se encuentran en proceso de análisis. Con la aprobación de este martes, Mendoza se suma al reducido grupo de jurisdicciones que avanzan en la implementación del régimen.
Al fundamentar la adhesión durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, Mosso señaló que la medida se enmarca en la política de responsabilidad fiscal iniciada en Mendoza en 2015, con orden en las cuentas públicas, superávit fiscal y una disminución progresiva de alícuotas. Perret, en tanto, la definió como un paso firme hacia “un Estado más transparente, cercano al ciudadano y comprometido con una gestión pública responsable”.
Vale destacar que representantes de la ONG Lógica, impulsaron la Ley a nivel nacional, por lo que su titular, Matías Olivero Vila, destacó durante el tratamiento en Diputados que el objetivo es que los consumidores puedan identificar con claridad cuánto corresponde al valor del producto y cuánto a los impuestos que lo encarecen.
