Publicada el 24 julio, 2024
Integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, que preside Walther Marcolini, inició el análisis de dos importantes proyectos de ley destinados a modernizar la seguridad provincial. Las propuestas, parte del paquete de leyes de Seguridad, incluyen la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario y la creación de una Dirección de Promoción y Control de Liberados.
A la reunión, fueron invitados el director General del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, y la subdirectora Alejandra Llarena. Ambos funcionarios explicaron los alcances de las leyes remitidas por el Gobierno Provincial, que buscan modernizar la seguridad de la provincia.
Durante la reunión fue abordado un proyecto que busca reformar el Servicio Penitenciario, adaptándolo a los cambios de los últimos años. La propuesta busca actualizar la estructura penitenciaria, mejorando la operatividad y funcionalidad del sistema.
Walther Marcolini, dio inicio al encuentro subrayando la importancia de abordar el proyecto de ley que establece la nueva estructura orgánica del Servicio Penitenciario. Además, informó que se modificarían los artículos 8 y 9 del proyecto remitido por la Cámara de Diputados, por lo que debería volver el proyecto en segunda revisión, para su sanción definitiva.
Eduardo Orellana, director general del Servicio Penitenciario, explicó que la actual ley, vigente desde 2008, ya no es adecuada para el sistema actual, que ha crecido de dos a 23 unidades penitenciarias. Este aumento ha generado una estructura ineficiente, con más jefaturas que personal operativo. Por ello es urgente una reorganización que garantice una gestión eficiente y segura.
Orellana destacó la necesidad de crear jefaturas regionales, similar al modelo policial, para centralizar la toma de decisiones y optimizar el trabajo de campo. Además, se propone eliminar el escalafón administrativo, enfocándose en la formación técnica del personal, gracias a la digitalización del sistema.
Según explicó el funcionario, la nueva ley también introduce un enfoque en la planificación estratégica y la categorización de los internos para una mejor adaptación a los diferentes niveles de seguridad. Se están desarrollando protocolos para el uso de nuevas instalaciones y se busca incentivar la inversión privada en proyectos laborales dentro de las cárceles.
El proyecto de ley pretende equilibrar las necesidades de los internos y mejorar las condiciones de seguridad y rehabilitación. Se planea implementar una clasificación detallada de los presos, considerando factores como género, edad, antecedentes y estado de salud. Esto permitirá una disposición adecuada y la creación de entornos penitenciarios equilibrados.
La nueva ley reorganizará la estructura del Servicio Penitenciario, definiendo claramente las funciones de la Dirección General y otras direcciones clave. Se busca fomentar la resocialización mediante un enfoque integral en seguridad, salud, educación y tratamiento.
Además, se contemplan principios para la gestión de complejos, alcaidías y centros de alojamiento, alineados con las mejores prácticas internacionales.
En un esfuerzo por modernizar la seguridad y promover la reinserción social, el Gobierno provincial impulsó un proyecto innovador: la creación de una Dirección de Promoción y Control de Liberados. Este organismo estará enfocado en personas bajo libertad condicional, excarcelación y otros regímenes similares.
El funcionario que dirige el Servicio Penitenciario en Mendoza sostuvo que esta entidad supervisará a más de 4,800 personas en libertad asistida o condicional. Con esto buscan un modelo de monitoreo en terreno, utilizando personal capacitado para realizar visitas domiciliarias y evaluaciones sociales, en lugar del sistema actual de firma presencial.
La iniciativa busca reducir la reincidencia delictiva mediante un sistema proactivo de control, monitoreo y asistencia. Al dejar atrás el enfoque pasivo, donde los liberados debían presentarse voluntariamente, la nueva dirección asumirá un papel activo, supervisando a los liberados en sus comunidades.
El proyecto establece la figura del “Oficial de Libertad Vigilada”, seleccionado entre el personal penitenciario, responsable del seguimiento de los liberados. Estos oficiales verificarán datos personales, el cumplimiento de condiciones judiciales, la asistencia a trabajos y programas de tratamiento, y el cumplimiento de tareas comunitarias. Además, se integrará tecnología avanzada para mejorar la supervisión y garantizar un control más efectivo.
Actualmente, cerca de 3,000 personas en la Provincia se encuentran bajo control de la dirección propuesta. La implementación de esta estructura se ve como un paso hacia una sociedad más segura, adaptando las leyes a las realidades contemporáneas. La dirección mantendrá registros confidenciales de los liberados, accesibles solo a autoridades judiciales o administrativas con justificación adecuada.
Este ambicioso proyecto de ley representa una modernización necesaria para un sistema penitenciario que ha sido modelo para otras provincias. Con un enfoque en la eficiencia y la integración de nuevas tecnologías, se espera mejorar la gestión y rehabilitación de los internos, adaptándose a las dinámicas cambiantes de la sociedad y el delito.