Publicada el 9 septiembre, 2024
Los integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo del Senado recibieron a la senadora provincial Jésica Laferte, quien expuso un proyecto de ley destinado a crear la figura de «Vigilantes de las rutas de trata de personas» en Mendoza. Esta iniciativa tiene como objetivo capacitar a diversos actores del ámbito del transporte y a personal de Vialidad provincial, para que puedan identificar y denunciar posibles casos de trata de personas en las rutas, calles y caminos de la provincia.
Al comienzo de la reunión, Laferte describió la alarmante situación de la trata de personas en Mendoza, destacando la necesidad urgente de medidas de prevención y concientización. Subrayó que, aunque la trata de personas puede parecer un problema distante, es una realidad presente en la Provincia y requiere una respuesta sólida.
La legisladora explicó que la trata de personas involucra diversos procesos, comenzando con la captación o persuasión de las víctimas, que pueden implicar engaños o manipulaciones que afectan tanto a las víctimas directas como a sus familias. Destacó que, además del factor económico, la vulnerabilidad de las víctimas también se manifiesta en aspectos psicológicos y emocionales.
Además, mencionó distintos tipos de explotación asociados con la trata, como la explotación sexual, laboral, el matrimonio forzado, la venta de órganos y tejidos, así como la explotación para rituales satánicos. Para ilustrar la gravedad y complejidad del problema, Laferte dio ejemplos de casos extremos que revelan técnicas de manipulación y redes organizadas que dificultan la erradicación de este delito.
En cuanto a los esfuerzos legislativos en Mendoza, Laferte informó que no ha habido avances significativos que aborden esta problemática. A pesar de algunas iniciativas, no se han concretado leyes efectivas en la Provincia para combatir la trata de personas.
En respuesta a esta situación, Laferte propuso la creación de la figura de «vigilante», un rol que recibiría formación especializada para identificar señales de alerta y actuar en consecuencia. Esta capacitación incluiría a agentes de Vialidad Provincial, personal de la salud y docentes, quienes desempeñarían un papel crucial en la detección temprana de casos.
La propuesta de Laferte contempla la formación de personal de vialidad, taxistas, conductores de micros de media y larga distancia, transportistas privados, camioneros que transiten por Mendoza, y personal del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN), entre otros. La idea es que, mediante capacitaciones adecuadas, estos actores se conviertan en «vigilantes» que actúen como ojos y oídos en la lucha contra la trata de personas, un delito que, según explicó la legisladora, sigue siendo una forma de esclavitud moderna.
La senadora destacó que la participación en el programa sería de carácter voluntario, subrayando la vocación y el compromiso de quienes elijan ser parte de esta iniciativa. Además establece que las capacitaciones estarán a cargo de organizaciones privadas sin fines de lucro con experiencia y aval Nacional e Internacional, en articulación con organismos gubernamentales. Además, los participantes no podrán tener antecedentes penales, y sus funciones se limitarán a detectar posibles víctimas de trata y dar aviso a las autoridades competentes o a la Línea 145.
La propuesta de ley también contempla que el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la Dirección de Derechos Humanos, sea la autoridad de aplicación. Asimismo, invita a agentes municipales y personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a participar de las capacitaciones.
En Mendoza, la Fundación Andesmar trabaja en la lucha contra la trata de personas desde 2012, realizando campañas de información y capacitaciones para conductores y vendedores de pasajes, y colaborando con organismos gubernamentales. La propuesta de Laferte busca construir sobre estos esfuerzos, capacitando a más personas que puedan actuar de manera proactiva en la identificación de posibles casos de trata.
Además, Laferte anunció que la iniciativa cuenta con la colaboración de la organización internacional A21, la economista Noelia Garbero, la Comisión Bicameral de Seguridad de la provincia y el Comité Ejecutivo Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. El proyecto seguirá siendo estudiado en la Comisión.
Como parte de su esfuerzo legislativo, Laferte también impulsó dos proyectos adicionales: uno para que Mendoza adhiera a la Ley Nacional N° 27.046, de Prevención de Trata de Personas, y otro para crear un “Programa Provincial de Prevención sobre la Trata de Personas mediante la Concientización y Capacitación” en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.
Estos proyectos serán remitidos a la Cámara de Diputados, donde se pedirá su acumulación a una iniciativa que comparte los mismos objetivos, ya que el senador M/C Adolfo Bermejo presentó un proyecto similar durante el año 2020. Además, los representantes del justicialismo se comprometieron a dialogar con sus pares en la Cámara de Diputados para que se incluyan algunas particularidades adicionales propuestas por Laferte, si no están contempladas en el proyecto de Bermejo.
El primer proyecto que fue explicado hoy contempla la obligatoriedad de incluir una leyenda informativa sobre la explotación sexual de menores y la trata de personas en diversos documentos y comprobantes, así como la exhibición de esta leyenda en lugares visibles de edificios de la Administración Pública Provincial. El segundo proyecto busca prevenir la trata de personas mediante acciones de concientización y capacitación masiva, establecer un Registro Provincial de datos para el seguimiento de casos y la creación del “Día Provincial contra la Trata de Personas” el 30 de julio, para dar visibilidad a este grave delito.
La presentación de los proyectos por parte de Laferte marcan un paso importante en el esfuerzo continuo por erradicar la trata de personas en Mendoza, y su éxito dependerá de la participación activa de todos los sectores de la sociedad mendocina en esta crucial causa de derechos humanos.
