Publicada el 21 julio, 2025
En una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Hacienda del Senado y Diputados, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, explicó el proyecto de ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca actualizar y reemplazar la normativa vigente desde 1992.
El encuentro fue encabezado por la senadora Yamel Ases, presidenta de la comisión de Ambiente, y contó con la participación del equipo técnico de la Subsecretaría de Ambiente, encabezado por Nuria Ojeda. Durante la presentación, se destacó que la nueva propuesta tiene como eje un enfoque sistémico, adaptativo y articulado con los municipios.
Durante su exposición, Latorre destacó que el nuevo enfoque parte de una revisión crítica de la normativa vigente, que —a más de 30 años de su sanción— no ha logrado dar una respuesta efectiva a la problemática de los residuos en Mendoza. Señaló que actualmente existen 56 basurales identificados en distintos puntos de la provincia, la mayoría en áreas metropolitanas, donde la densidad poblacional genera una mayor presión sobre el sistema de recolección y tratamiento.
La propuesta del Ejecutivo no se limita a una actualización normativa, sino que impulsa un cambio de paradigma en la forma de entender, planificar y ejecutar la gestión de residuos. El proyecto incorpora conceptos como economía circular, trazabilidad, articulación intermunicipal y gobernanza ambiental, con el objetivo de convertir a los residuos en recursos aprovechables.
Entre las novedades institucionales, se presentó la creación de la Coordinación General de Sostenibilidad, a cargo de la ingeniera Carla Ortega, que reemplazará a la anterior Dirección de Transición Energética. Este nuevo organismo tendrá a su cargo la planificación y seguimiento de políticas públicas en materia ambiental, energética, económica, social y de gobernanza, con una mirada integral.
«Disolver la dirección anterior y reemplazarla por esta coordinación es parte de una estrategia para integrar aspectos que antes estaban dispersos o que no tenían articulación. Queremos que esta coordinación sea el eje de las políticas de sostenibilidad del gobierno provincial», explicó la ministra.
La subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, reforzó la idea de que el nuevo proyecto busca una gestión que se adapte a las particularidades territoriales, poblacionales y productivas de cada región. En ese sentido, destacó que no se puede aplicar el mismo modelo a un departamento del Gran Mendoza que a una localidad del sur provincial.
«Las soluciones deben ser adaptadas a las realidades locales. Buscamos que esta ley sea orgánica, que evolucione con el tiempo y que permita integrar a todos los actores del sistema. Los residuos no son solo basura; si se gestionan adecuadamente, pueden transformarse en recursos valiosos para nuevos ciclos productivos», sostuvo Ojeda.
El proyecto de ley propone un esquema de separación en origen, transporte diferenciado, tratamiento especializado y valorización energética y productiva de los residuos. También plantea una fuerte inversión en trazabilidad, a través de registros y sistemas que permitan seguir el camino de los residuos desde su generación hasta su disposición final.
Asimismo, se contemplan sanciones más efectivas y severas para quienes incumplan con la normativa, tanto del ámbito público como privado. No obstante, desde el ministerio aclararon que el enfoque no es punitivo sino preventivo y disuasivo, y que las sanciones solo tendrán sentido si se acompañan de una planificación que permita corregir las causas estructurales del problema.
Durante el último año, el Ministerio de Energía y Ambiente llevó adelante un minucioso relevamiento junto a los equipos técnicos de los municipios. A partir de esa información, se caracterizaron los principales focos de residuos y se identificaron las hectáreas afectadas por basurales clandestinos.
Según los datos presentados, la zona metropolitana concentra el 29% de los basurales identificados, seguida por la zona este (25%), la zona centro (24%) y el sur provincial (22%). En promedio, un mendocino genera 1,5 kilogramos de residuos por día, una cifra que pone en evidencia la magnitud del desafío y se han identificado 56 basurales a cielo abierto en zonas densamente pobladas.
En muchos puntos del territorio, es común encontrar vuelcos ilegales de escombros, poda, residuos industriales y domiciliarios mezclados, lo que no solo genera impactos ambientales, sino también riesgos sanitarios y pérdida de valor económico de los materiales.
La ley abarca tanto los residuos sólidos urbanos como aquellos considerados asimilables: residuos industriales, agroindustriales y otros que, sin estar tipificados como peligrosos o patológicos, requieren tratamiento y control. La propuesta también prevé articular con otros regímenes vigentes, como el de residuos peligrosos y electrónicos, para evitar superposiciones y garantizar una gestión integral.
El texto legislativo se estructura en 12 títulos, que detallan aspectos técnicos, institucionales y operativos del sistema. Entre ellos, se destacan la clasificación y definición de los residuos, la organización del sistema de gestión, los mecanismos de control y fiscalización, y las herramientas de financiamiento.
Finalmente, se abrió una ronda de consultas en la que los legisladores pudieron evacuar dudas y realizar aportes al proyecto. Desde el ministerio señalaron que el texto está abierto a sugerencias, y destacaron la importancia de que la comisión fuera conjunta.
Con esta propuesta, el Gobierno provincial busca dar un salto cualitativo en la política ambiental de Mendoza, transformando una problemática histórica en una oportunidad para el desarrollo sostenible.
