Publicada el 25 febrero, 2025
El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad un proyecto de ley, que introduce modificaciones en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia. La reforma busca establecer una unidad de medida clara y actualizada para determinar la competencia de los tribunales en función del valor económico de los litigios. Al ser avalado por el Senado provincial, pasó a la Cámara de Diputados en revisión.
Durante el tratamiento en el recinto, el senador David Sáez explicó que la reforma impactará directamente en los procesos simples, ágiles y gratuitos destinados a reclamos de menor cuantía. «Estos procesos son cortos, totalmente orales y su sentencia es rápida. Beneficia a todos los ciudadanos de Mendoza porque les permite hacer valer sus derechos sin preocuparse por los costos adicionales que tiene cada juicio en la provincia», sostuvo el legislador.
La actualización de la cuantía eleva el umbral de los reclamos hasta tres JUS, lo que actualmente equivale a aproximadamente 1.400.000 pesos. Según Sáez, este ajuste responde a la dinámica económica y a la necesidad de que los ciudadanos puedan exigir sus derechos en casos como conflictos entre vecinos —medianeras, humedad, gestaciones— y relaciones de consumo de menor cuantía, como compras online o paquetes turísticos.
Por su parte, el senador Pedro Serra destacó la importancia de esta modificación, señalando que complementa la actualización previa sobre los honorarios de los abogados. Por ello aportó que desde el justicialismo, acompañarán el proyecto.
La propuesta aprobada modifica el primer párrafo del inciso I del artículo 7 de la ley 9.001, estableciendo la nueva definición del JUS y su método de actualización. Con esta medida, se busca garantizar un marco procesal justo y coherente, promoviendo un acceso equitativo a la justicia para todos los litigantes.
La principal innovación del proyecto radica en la actualización del JUS como unidad de medida, equivalente a un décimo de la asignación básica de un Juez de Primera Instancia. La Suprema Corte de Justicia tendrá la responsabilidad de calcular y comunicar su valor actualizado de manera simultánea a la variación salarial de los jueces. De esta forma, se garantiza que la competencia por valor refleje la realidad económica y salarial vigente.
La modificación permitirá a las partes conocer de antemano los límites económicos que definen la competencia de los tribunales, lo que facilitará una planificación legal más efectiva. Esto contribuirá a un proceso judicial más eficiente y equitativo, reduciendo el riesgo de litigios innecesarios derivados de la ambigüedad en la interpretación de las normas.
Según señaló el impulsor de la iniciativa, la vinculación del JUS a la asignación salarial de los jueces evitará que el sistema judicial se vuelva obsoleto en su aplicación. Asimismo, la actualización periódica del JUS garantizará que la competencia por cuantía no esté anclada en cifras desactualizadas que puedan favorecer o perjudicar injustamente a las partes.
La reforma también refuerza la rendición de cuentas en el sistema judicial, ya que la Suprema Corte de Justicia deberá actualizar y comunicar el valor del JUS de manera regular. Este mecanismo busca dotar al proceso judicial de mayor transparencia y eficiencia, asegurando que la justicia pueda adaptarse a los cambios económicos y sociales.
