Publicada el 14 abril, 2025
La Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo del Senado provincial evaluó un proyecto de ley que busca establecer un régimen de incompatibilidades laborales en el ámbito del sector público provincial y municipal. La iniciativa fue impulsada por la senadora Mercedes Derrache y el encuentro fue encabezado por la presidenta de la comisión, la senadora Flavia Manoni.
El proyecto propone avanzar con una legislación que permita controlar de forma efectiva la posible acumulación de cargos por parte de funcionarios públicos, ya sea en funciones remuneradas u honorarias. Según se explicó durante el encuentro, la actual Ley 6951, que aborda parcialmente esta temática, fue sancionada en 2001 pero nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, la autora de la propuesta sostuvo que resulta necesario sancionar una norma adaptada al marco normativo vigente, especialmente tras la aprobación de la Ley 8993 de Ética Pública.
La propuesta establece la creación de un Registro Provincial de Incompatibilidades Laborales, que estará a cargo de la Contaduría General de la Provincia. El objetivo es contar con una base de datos actualizada y clara que permita detectar incompatibilidades funcionales u horarias entre quienes se desempeñan en el Estado. Se contemplan todos los niveles de la administración pública, tanto provincial como municipal, incluyendo a funcionarios políticos, empleados de planta y contratados.
“El registro permitirá prevenir irregularidades que, aunque más frecuentes de lo que se visibiliza, no pueden ser identificadas con las herramientas actuales”, afirmó Derrache. La legisladora subrayó la importancia de garantizar que los funcionarios públicos dediquen su tiempo y esfuerzo de manera exclusiva al cumplimiento de sus funciones, asegurando eficiencia, imparcialidad y compromiso con el interés público.
Además de la creación del registro, el proyecto determina que la autoridad de aplicación será la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. Ésta tendrá entre sus funciones recibir denuncias, actuar de oficio ante la verificación de incompatibilidades, coordinar con la Contaduría General y aplicar las sanciones correspondientes. Por último, se invita a los municipios a adherir a la normativa y se deroga la Ley 6951.
Al término del encuentro, los integrantes de la comisión de Asuntos Sociales y Trabajo acordaron que se envíe el proyecto a la Contaduría General de la Provincia para que brinde su parecer. Luego, la propuesta será debatida en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
