Publicada el 28 mayo, 2025
En un plenario conjunto, las comisiones de Hidrocarburos, Energía y Minería, y de Hacienda y Presupuesto del Senado dieron despacho favorable por mayoría al decreto que declara la Emergencia Aluvional y la Emergencia del Servicio Eléctrico. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, contempla la ratificación del Decreto Nº 792/2025 y establece un plazo de vigencia de 14 meses para la emergencia eléctrica en toda la provincia y de un año para la emergencia aluvional en el sur provincial.
Durante la reunión, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, brindaron detalles técnicos sobre el fenómeno climático que motivó la medida: la histórica crecida del Río Atuel ocurrida el 11 de enero, que provocó daños considerables en el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles y en la infraestructura vial, hidráulica y energética del Cañón del Atuel.
Latorre explicó que se trató de un evento de magnitud excepcional. “Las presas estaban diseñadas para escurrimientos de hasta 600 metros cúbicos por segundo, pero ese día llegaron a pasar más de 1.400. Sin embargo, gracias al diseño del sistema, especialmente del embalse Valle Grande, no hubo afectación directa a la población aguas abajo”, señaló. Agregó además que, si bien el hecho fue puntual y localizado, sus impactos múltiples requieren respuestas diferenciadas desde lo técnico, jurídico y operativo, motivo por el cual se presentaron dos proyectos separados.
Esto permitirá agilizar contrataciones y avanzar en obras para reparar daños y fortalecer el sistema. “La emergencia permite anticipar las necesidades y evitar la parálisis del sistema administrativo, sobre todo cuando ya estamos en un 40% de avance en algunas obras”, añadió la ministra.
Por su parte, Pablo Rodríguez presentó un informe técnico en el que detalló la intensidad de la tormenta y sus consecuencias. “La tormenta que se registró esa noche en el Cañón del Atuel fue de una intensidad y cobertura sin precedentes. La Ruta 173, construida como camino de servicio de las presas, fue una de las infraestructuras más afectadas, al igual que los accesos entre las centrales Nihuil I, II y III, que quedaron totalmente destruidos”, explicó.
El funcionario destacó que el sistema de embalses, especialmente Valle Grande, logró contener el aluvión gracias a su capacidad de regulación. Mostró además imágenes satelitales y del radar meteorológico que ilustran la magnitud del fenómeno y respaldan la necesidad de una respuesta estatal extraordinaria.
Durante el encuentro, se abrió una ronda de consultas en la que cada legislador expuso su postura sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que busca atender los daños provocados por la crecida del Río Atuel y declarar la Emergencia Aluvional y Eléctrica.
En los considerandos del decreto se detalla que, como consecuencia del aluvión extraordinario del 11 de enero, se produjo el desbordamiento del Río Atuel, con graves daños en infraestructura vial, hidráulica y energética. Las evaluaciones se realizaron mediante inspecciones conjuntas con distintos organismos.
Se determinó que la tormenta provocó una crecida que atravesó el Cañón del Atuel con caudales de hasta 1.463 metros cúbicos por segundo, superando ampliamente la capacidad de diseño del sistema. Ese volumen fue contenido íntegramente por el embalse de la Presa Valle Grande. Sin embargo, el aluvión causó la rotura del caño conductor del Atuel, la destrucción de un tramo de 6,6 kilómetros del camino entre El Nihuil y Valle Grande, el colapso de un puente y daños en distintos sectores de caminos y en las centrales hidroeléctricas.
Las centrales Nihuil II y III sufrieron severos daños en sus sistemas de turbinas y generadores, quedando fuera de servicio. Esta situación compromete la operatividad del sistema eléctrico que abastece al sur provincial.
El objetivo de la normativa es autorizar a los organismos intervinientes a realizar todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas, proteger la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio eléctrico en la región afectada.
Además de declarar ambas emergencias, el proyecto autoriza a los Servicios Administrativos de los Ministerios de Energía y Ambiente, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, así como a otras reparticiones involucradas, a aplicar lo dispuesto en el artículo 144, inciso d), de la Ley de Administración Financiera Nº 8.706, para asistir a la población y a la infraestructura afectadas.
También se faculta al Ministerio de Energía y Ambiente y a la Subsecretaría de Energía y Minería a llevar adelante las acciones necesarias para la ampliación provisoria del sistema de transporte por distribución troncal en la Región Cuyo.
