Publicada el 4 marzo, 2026
Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Recursos Hídricos del Senado recibieron a la diputada provincial Érica Pulido, quien presentó los alcances de su proyecto de ley que establece un marco regulatorio integral para la recolección, transporte, operación, descarga y disposición final de efluentes cloacales e industriales en Mendoza.
La iniciativa –acompañada por el diputado Ricardo Triviño– propone ordenar una actividad que actualmente presenta vacíos normativos y situaciones dispares en todo el territorio provincial, con el objetivo de garantizar la protección ambiental, la salud pública y la seguridad en el manejo de estos residuos líquidos.
Durante su exposición, Pulido explicó que el proceso comenzó a principios de 2024 y atravesó distintas etapas de análisis y reformulación. En un primer momento, el proyecto contemplaba como autoridad de aplicación al EPAS, pero tras el traspaso de funciones al Departamento General de Irrigación, se redefinió que sea este organismo el encargado de fiscalizar, habilitar y controlar el sistema.
En ese marco, se trabajó con áreas técnicas de Irrigación, la Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, la actual Dirección de Control y Fiscalización, municipios y Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam). También fue puesto en conocimiento de distintos funcionarios del Ejecutivo provincial.
La legisladora remarcó que la propuesta surge ante “una falencia o vacío urbano” en torno a la actividad de los camiones atmosféricos, por lo que se establecen obligaciones claras para todos los actores intervinientes: generadores, transportistas y operadores.
Entre los ejes centrales del proyecto se encuentra la creación del Registro Provincial de Transportistas de Efluentes Cloacales e Industriales, en el que deberán inscribirse obligatoriamente todas las personas humanas o jurídicas que presten el servicio. La inscripción será pública y condición indispensable para operar. Además, se prevé el pago de un canon destinado al control y preservación del recurso hídrico.
La iniciativa incorpora también el “manifiesto de carga”, un documento electrónico obligatorio, con carácter de declaración jurada, que deberá ser firmado por el generador, el transportista y el operador. Este instrumento permitirá garantizar la trazabilidad de los efluentes desde su origen hasta su disposición final y servirá como prueba administrativa ante eventuales derrames o infracciones.
De manera complementaria, se contempla la posibilidad de implementar sistemas de geolocalización o monitoreo satelital en los camiones habilitados, a criterio de la autoridad de aplicación, con el fin de prevenir descargas clandestinas o desvíos no autorizados.
El proyecto establece que no se podrán mezclar distintos tipos de efluentes dentro de un mismo transporte ni almacenarlos por más de 48 horas. Las descargas deberán realizarse exclusivamente en puntos autorizados por Irrigación, y se prohíbe cualquier traslado o vuelco sin consentimiento previo.
Asimismo, se definen responsabilidades específicas: el generador será responsable por la naturaleza del efluente; el transportista, por el traslado seguro y la descarga en sitios habilitados; y el operador, por la recepción, tratamiento y disposición final conforme a la normativa vigente.
El régimen sancionatorio contempla apercibimientos, multas, suspensiones, clausuras, decomisos y caducidad de habilitaciones. También se establece la obligación de recomposición ambiental en caso de daño, ya sea mediante la limpieza del área afectada o la restitución a su estado previo.
En caso de detectarse residuos peligrosos, se aplicará la Ley 5917, quedando fuera del alcance de esta nueva norma.
El director de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico de Irrigación, ingeniero Fabio Lorenzo, sostuvo que se trata de una necesidad largamente planteada por el organismo.
Explicó que actualmente existen múltiples situaciones irregulares, como descargas clandestinas en terrenos baldíos, fincas, canales de riego o sistemas de drenaje, y que no hay una trazabilidad clara sobre el destino final de los efluentes extraídos de pozos sépticos, especialmente en zonas donde no existe red cloacal.
Indicó además que el Departamento ya controla alrededor de 1.800 actividades industriales a través de registros ambientales vigentes, por lo que la incorporación de los camiones atmosféricos se integraría a una estructura de control ya existente.
Desde el organismo señalaron que incluso empresas del sector han solicitado una regulación que brinde mayor claridad y reglas homogéneas para todos los prestadores.
La senadora María Galiñares destacó que la realidad no es la misma en zonas rurales y urbanas, donde el acceso a redes cloacales varía considerablemente.
Por su parte, el senador Walther Marcolini subrayó la importancia de que los municipios adhieran a la normativa y se integren al esquema de control. En ese sentido, se aclaró que los municipios deberán inscribirse en el Registro como cualquier otro transportista.
El senador justicialista Gerardo Vaquer manifestó su preocupación por los mecanismos de monitoreo y planteó la necesidad de reforzar los controles para evitar que algunos operadores puedan eludirlos. También consultó sobre herramientas que permitan identificar residuos peligrosos antes del vuelco. Desde Irrigación respondieron que la declaración previa del tipo de efluente y su verificación formarán parte de la reglamentación, y que aquello no declarado no podrá descargarse.
Finalmente, el presidente de la comisión de LAC, Walther Marcolini, informó que el proyecto continuará en estudio y será retomado en la próxima reunión para profundizar su análisis.
La iniciativa prevé disposiciones transitorias que otorgan 90 días para su reglamentación una vez promulgada la ley y 180 días para que operadores informen los puntos de descarga y las empresas se inscriban en el registro correspondiente.
