Publicada el 4 diciembre, 2024
En una reunión plenaria de Senadores y Diputados, encabezada por la senadora Natacha Eisenchlas, las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras debatieron un proyecto de ley que propone una serie de reformas al Código Procesal de Familia y Violencia Familiar de la provincia. Este encuentro, reunió a figuras clave del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, para evaluar propuestas que impactan directamente en los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia, María Teresa Day; la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez; y la abogada Emilia Cabrera participaron también en el encuentro, destacando la importancia de las modificaciones propuestas.
Emilia Cabrera, abogada y representante del Ejecutivo, inició si intervención destacando la importancia del tratamiento en comisión conjunta. Según explicó, la ley 9120, sancionada en 2016 como parte de un proceso de reformas, requiere ajustes en su funcionamiento para adecuarse a las necesidades actuales. Entre las modificaciones propuestas, se incluye la incorporación de artículos que formalicen prácticas adoptadas en la Pandemia, como las notificaciones por mensajería instantánea, que han demostrado ser herramientas eficaces y accesibles.
La letrada también recalcó que estas modificaciones no solo benefician a las partes involucradas en los procesos judiciales, sino que también optimizan la gestión del sistema judicial. Además, remarcó otros ajustes relacionados con notificaciones en casos de adopción y medidas de protección, buscando agilizar los procedimientos y centrar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Uno de los puntos centrales de la reforma radica en las modificaciones orientadas a facilitar los procesos de adopción, con un enfoque en reducir los tiempos judiciales y priorizar el bienestar de los menores. Cabrera señaló que los sectores más vulnerables, como niños mayores de cinco años, adolescentes, grupos de hermanos y niños con discapacidad, enfrentan mayores dificultades para avanzar en los procesos de adopción. El objetivo es propiciar cambios que permitan garantizar a estos menores el derecho a vivir en un entorno familiar seguro y libre de violencia.
Luego, la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez, remarcó la necesidad de centrar los esfuerzos en los tiempos biológicos de los niños, evitando que queden subordinados a los ritmos burocráticos de las instituciones. Además subrayó el compromiso del gobierno provincial en la revisión de los procesos que afectan a la niñez y adolescencia, destacando que el objetivo es garantizar que todos los menores puedan crecer en un entorno familiar seguro.
La funcionaria relató experiencias conmovedoras vividas en hogares, donde los niños expresan su anhelo de ser adoptados. Este tipo de testimonios refuerza la importancia de trabajar para eliminar barreras y generar cambios que permitan agilizar las adopciones. También llamó a superar una visión adultocéntrica y fomentar la escucha activa de los niños como parte fundamental de este proceso.
Por último, María Teresa Day, ministra de la Suprema Corte de Justicia, destacó el trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado para abordar las problemáticas que afectan a la infancia y la familia. Según la ministra, el Poder Judicial ha implementado prácticas que han demostrado su efectividad, como las notificaciones por mensajería instantánea en procesos de violencia familiar. Estas herramientas no solo agilizan los trámites, sino que también facilitan la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad en el sistema judicial.
Day mencionó la necesidad de revisar continuamente las leyes y procedimientos, adaptándolos a las realidades actuales. Asimismo, hizo énfasis en la mediación como herramienta fundamental en los casos de familia, señalando que, aunque existe una alta demanda, es necesario optimizar su implementación a través de capacitaciones y nuevos convenios.
La mediación obligatoria es otro de los temas en revisión. La funcionaria judicial explicó que el Poder Judicial ha recibido una creciente cantidad de solicitudes de mediación, muchas de las cuales se resuelven antes de ser formalizadas. Propuso optimizar este recurso mediante convenios con instituciones como la Universidad Nacional de Cuyo y el Colegio de Abogados, además de promover la figura del mediador ad hoc.
La Ministra también señaló la necesidad de flexibilizar la obligatoriedad de la mediación en casos específicos, como las autorizaciones de viaje, para evitar demoras innecesarias. Estas propuestas buscan agilizar el acceso a la justicia sin desatender la calidad de los procesos.
Al concluir las presentaciones, se abrió una ronda de consultas donde los legisladores de las distintas bancadas pidieron realizar preguntas y plantear observaciones sobre el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo. Estas consultas reflejaron la intención de analizar en profundidad las modificaciones propuestas, considerando las implicancias para los distintos actores involucrados en los procesos de familia y de violencia familiar.
El proyecto, que busca mejorar la eficacia y celeridad de los procesos judiciales en temas de adopción, violencia familiar y derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluye modificaciones clave que buscan optimizar el funcionamiento del sistema judicial en estos ámbitos.
Una de las principales reformas se centra en agilizar los procesos de adopción, con el objetivo de reducir los tiempos que enfrentan los niños y niñas en situación de adoptabilidad. Actualmente, muchos niños permanecen institucionalizados o en hogares de acogimiento durante largos períodos, afectando su derecho a vivir en una familia.
Se propone además la modificación del Artículo 19, con el fin de acelerar el juicio de adopción una vez cumplidas las etapas previas, como la declaración de adoptabilidad y la guarda con fines de adopción. Además, se busca eliminar la discordancia entre la documentación legal y la percepción social del niño, que ocurre cuando los apellidos de origen del menor no coinciden con los de los adoptantes durante la guarda preadoptiva.
El proyecto también propone que los guardadores de niños mayores de 5 años o aquellos que forman parte de grupos de hermanos no tengan la obligación de contar con patrocinio letrado durante el proceso de adopción, lo que se considera una medida razonable para facilitar la celeridad de los trámites.
En cuanto a los casos de violencia intrafamiliar, el proyecto introduce modificaciones en el proceso de mediación. En situaciones de violencia de género, se propone que las audiencias de mediación sean optativas para las víctimas y que los jueces puedan tomar recaudos para evitar que la víctima se vea obligada a participar en un proceso donde la disparidad de poder impida una negociación justa.
La reforma también busca modernizar el sistema de notificaciones judiciales, incorporando el uso de mensajería instantánea, como se implementó durante la pandemia. Esto permitiría una mayor eficiencia y agilidad en la comunicación de actos procesales, especialmente en casos urgentes de violencia familiar.
El proyecto de ley aborda una variedad de temas, como la creación de un Registro de Mediadores Ad-Hoc para mejorar la atención en los procesos de mediación, y propone modificaciones en varios artículos clave del Código Procesal de Familia y Violencia Familiar para garantizar una mayor protección de los derechos de los niños y adolescentes, así como una respuesta más efectiva ante situaciones de violencia.
El proyecto de ley ahora continuará en tratamiento en la comisión de Legislación, en donde se espera que se debata para su implementación en la provincia. Los legisladores acordaron que mañana continúe su debate.
