Publicada el 3 junio, 2025
El Senado de Mendoza aprobó por mayoría de votos el decreto que declara la Emergencia Aluvional y la Emergencia del Servicio Eléctrico. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, contempla la ratificación del Decreto Nº 792/2025 y establece un plazo de vigencia de 14 meses para la emergencia eléctrica en toda la provincia y de un año para la emergencia aluvional en el sur provincial.
La semana pasada asistió a un plenario de comisiones la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, brindaron detalles técnicos sobre el fenómeno climático que motivó la medida: la histórica crecida del Río Atuel ocurrida el 11 de enero, que provocó daños considerables en el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles y en la infraestructura vial, hidráulica y energética del Cañón del Atuel.
Durante la sesión, la senadora Jésica Laferte fue la encargada de exponer los alcances del proyecto. Explicó que la iniciativa busca permitir que los ministerios involucrados actúen rápidamente para asistir a la población y reparar la infraestructura afectada por el evento inédito ocurrido en el Cañón del Atuel. “Las presas estaban preparadas para un escurrimiento de hasta 600 m³/s, pero llegaron a circular hasta 1.400 m³/s en aguas abajo. Las centrales Nihuil II y III resultaron altamente dañadas”, detalló.
La legisladora también subrayó que se instruyó a los ministerios de Energía, Ambiente, Infraestructura y Gobierno a realizar todas las acciones necesarias para ampliar de forma provisoria el sistema de transporte por distribución troncal en la región de Cuyo.
Desde La Unión Mendocina, el senador Martín Rostand expresó que su bloque no acompañaría la declaración, postura compartida por el senador Pedro Serra, del bloque justicialista. Por el contrario, el senador Armando Magistretti, del Partido Demócrata, anticipó su voto positivo.
El cierre del debate estuvo a cargo del senador Martín Kerchner Tomba, quien defendió con énfasis la necesidad de avanzar con la medida: “Esta es una emergencia real, con impacto aluvional, hidráulico y eléctrico. El Gobierno actuó rápidamente y con previsión. Este decreto reúne tres aspectos fundamentales: declarar la emergencia, prorrogar plazos y habilitar concesiones para avanzar con soluciones concretas”.
Durante su exposición, el senador recordó que ya en 2017, bajo la gestión del entonces gobernador Alfredo Cornejo, se había realizado la compra más importante de maquinaria vial e hidráulica de las últimas décadas. Esa previsión, aseguró, permitió dar respuesta con mayor rapidez a los efectos de esta tormenta extrema: “Hoy están trabajando en el sur más de 80 máquinas adquiridas en esa época. La planificación y el compromiso del Estado han sido claves”.
Con la aprobación de la medida, el Gobierno podrá avanzar en obras, adquisiciones y contrataciones excepcionales para recuperar la infraestructura dañada, garantizar el suministro eléctrico y dar respuesta a una situación de emergencia que impactó a la Provincia.
En los considerandos del decreto se detalla que, como consecuencia del aluvión extraordinario del 11 de enero, se produjo el desbordamiento del Río Atuel, con graves daños en infraestructura vial, hidráulica y energética. Las evaluaciones se realizaron mediante inspecciones conjuntas con distintos organismos.
Se determinó que la tormenta provocó una crecida que atravesó el Cañón del Atuel con caudales de hasta 1.463 metros cúbicos por segundo, superando ampliamente la capacidad de diseño del sistema. Ese volumen fue contenido íntegramente por el embalse de la Presa Valle Grande. Sin embargo, el aluvión causó la rotura del caño conductor del Atuel, la destrucción de un tramo de 6,6 kilómetros del camino entre El Nihuil y Valle Grande, el colapso de un puente y daños en distintos sectores de caminos y en las centrales hidroeléctricas.
Las centrales Nihuil II y III sufrieron severos daños en sus sistemas de turbinas y generadores, quedando fuera de servicio. Esta situación compromete la operatividad del sistema eléctrico que abastece al sur provincial.
El objetivo de la normativa es autorizar a los organismos intervinientes a realizar todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas, proteger la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio eléctrico en la región afectada.
Además de declarar ambas emergencias, el proyecto autoriza a los Servicios Administrativos de los Ministerios de Energía y Ambiente, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, así como a otras reparticiones involucradas, a aplicar lo dispuesto en el artículo 144, inciso d), de la Ley de Administración Financiera Nº 8.706, para asistir a la población y a la infraestructura afectadas.
También se faculta al Ministerio de Energía y Ambiente y a la Subsecretaría de Energía y Minería a llevar adelante las acciones necesarias para la ampliación provisoria del sistema de transporte por distribución troncal en la Región Cuyo.
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