Publicada el 25 febrero, 2026
La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado realizó la audiencia pública para analizar cinco pliegos enviados por el Poder Ejecutivo: dos para el Consejo General de Educación, dos para el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y uno para la Defensoría Penal de Pobres y Ausentes. Ninguno de los postulantes recibió impugnaciones y todos contaron con numerosas adhesiones. Los acuerdos serán votados el próximo martes en el recinto.
La audiencia se desarrolló en el Auditorio del edificio Margarita Malharro de Torres y fue presidida por el senador Walther Marcolini, titular de la comisión, quien explicó el mecanismo de participación previsto en el reglamento.
Para integrar el Consejo General de Educación fueron propuestas la diputada provincial del PRO, Cintia Gómez (134 adhesiones), y la diputada justicialista Natalia Vicencio (17 adhesiones).
Durante el tratamiento del pliego de Gómez, quienes respaldaron su candidatura destacaron su trayectoria docente, su calidad profesional y su compromiso con la comunidad educativa.
Al exponer, Gómez agradeció las adhesiones y reivindicó su identidad como trabajadora de la educación. Señaló que integrar el Consejo constituye un honor, pero sobre todo una responsabilidad histórica, porque las decisiones que allí se adopten impactarán en los alumnos de todos los niveles. Planteó la necesidad de cambios profundos, con actualización curricular, desarrollo de competencias, alfabetización digital, pensamiento crítico y educación financiera vinculada a la cultura del trabajo. También propuso fortalecer la formación ciudadana y mejorar la articulación entre secundaria, nivel superior y mundo productivo. Defendió una evaluación formativa, una escuela exigente y docentes acompañados, con estudiantes protagonistas de su aprendizaje.
En el caso de Vicencio, los oradores que acompañaron su pliego remarcaron que representa al sector educativo en sus dimensiones gremial, política y académica, y confiaron en que escuchará a los trabajadores.
Vicencio puso en valor el rango constitucional del Consejo General de Educación y celebró que el Ejecutivo haya retomado el mecanismo formal de designación. Consideró que la convocatoria abre la posibilidad de debatir la política educativa de los próximos años. Sostuvo que la escuela debe formar ciudadanos íntegros y no solo futura mano de obra, y reivindicó el rol del sindicalismo. Señaló que la transformación educativa requiere reconocer la docencia como trabajo, con salarios dignos y condiciones adecuadas, y expresó su voluntad de aportar al diseño de políticas públicas inclusivas.
Para el directorio del EPRE fueron propuestos Cristian Zamir Azar (1203 adhesiones) y Raúl Faura (393 adhesiones).
En respaldo de Azar se destacó su experiencia en el organismo, su capacidad de diálogo y su calidad como servidor público.
Azar destacó su experiencia en la gestión del ente y afirmó que el servicio eléctrico, por su carácter esencial, exige planificación y políticas de Estado sostenidas. Señaló que el organismo debe garantizar el equilibrio entre distribuidoras y usuarios, con foco en la protección de estos últimos.
Mencionó avances en infraestructura y calidad del servicio, y planteó desafíos como la generación distribuida, el crecimiento de energías renovables y la electromovilidad. También propuso fortalecer la gestión mediante el uso de datos e inteligencia artificial para mejorar la regulación y la planificación.
En el caso de Faura, quienes adhirieron a su postulación resaltaron su liderazgo técnico y político, su desempeño en contextos complejos, su humildad y su generosidad.
Faura sostuvo que la regulación debe preservar un equilibrio dinámico entre los actores del sistema eléctrico, garantizando seguridad jurídica y protección de los derechos de los usuarios. Subrayó el prestigio técnico del ente y la importancia de fortalecer su capital humano.
Planteó como ejes la incorporación de inteligencia artificial en los procesos regulatorios, la ampliación de la infraestructura eléctrica para acompañar el crecimiento provincial, el desarrollo normativo ante la transición energética y la adaptación al nuevo esquema de desregulación del mercado eléctrico, con especial atención a los sectores vulnerables.
El último pliego tratado fue el de Mariana Dupetit Vera para desempeñarse como Defensora Penal de Pobres y Ausentes de la Primera Circunscripción Judicial quien recibió 494 adhesiones. Durante la audiencia, quienes la respaldaron destacaron su responsabilidad, calidad profesional y dedicación.
Al tomar la palabra, Dupetit Vera agradeció la confianza en su postulación y repasó su trayectoria en la defensa pública, destacando su participación en la implementación del sistema acusatorio adversarial y en juicios por jurados en Mendoza.
Remarcó que la defensa penal exige compromiso técnico y cualidades humanas como empatía y escucha activa, y defendió la capacitación constante ante nuevos desafíos como los ciberdelitos. Afirmó que la defensa no es un obstáculo, sino una garantía esencial del debido proceso y que sin defensa no hay justicia.
Concluida la audiencia, los cinco pliegos quedaron en condiciones de ser tratados por el Senado en la próxima sesión.
