Publicada el 5 marzo, 2025
La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado de Mendoza, presidida por la senadora Ángela Floridia, recibió al director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana; y a la subdirectora general del organismo, Alejandra Llarena, para analizar el proyecto del Poder Ejecutivo que propone modificaciones a la Ley 7493. La iniciativa busca adaptar la estructura de remuneraciones del personal penitenciario en función de la Ley Orgánica recientemente sancionada, asegurando una distribución más eficiente de los recursos sin generar costos adicionales.
Floridia abrió el encuentro explicando que la comisión trataría una reforma al régimen del personal penitenciario de la provincia. «Para explicarnos y evacuar todas las dudas que tengamos, se han hecho presentes la subdirectora del servicio, la contadora Alejandra Llarena, y el director del servicio penitenciario, Eduardo Orellana. Agradecemos su presencia y les cedemos la palabra», señaló.
En su intervención, Orellana contextualizó la necesidad del proyecto, recordando que la actual Ley Penitenciaria fue diseñada en una época en la que Mendoza contaba con solo cuatro establecimientos carcelarios. «Desde entonces, hemos crecido hasta alcanzar 26 unidades penitenciarias, pero la normativa seguía replicando un esquema burocrático pensado para una estructura mucho más pequeña», explicó.
Detalló que la reorganización se trabajó durante cuatro años y contó con la consulta voluntaria de todo el personal penitenciario. «Finalmente, se consensuó la descentralización en tres regiones: zona sur, oeste y central. Esto permite brindar respuestas inmediatas y evita conflictos carcelarios que solo encarecen el sistema», agregó.
Orellana también explicó que el rediseño contempló la eliminación de jefaturas innecesarias en unidades pequeñas y la redistribución del presupuesto existente. «No se está pidiendo más dinero, sino reorganizando los recursos para hacer el sistema más eficiente. Además, se fomenta el ascenso del personal penitenciario, preparando a los directores regionales como potenciales reemplazos de la dirección general», destacó.
Uno de los puntos clave de la reforma es el reconocimiento a la carrera de los suboficiales, quienes representan más de la mitad del personal penitenciario. «Nunca ha habido un reconocimiento monetario a la trayectoria de los suboficiales. Con esta reforma, se establece un ítem específico para el encargado general del servicio, quien ha demostrado experiencia y calidad de trabajo a lo largo de su carrera», subrayó Orellana.
Por su parte, Llarena remarcó la importancia de adaptar el esquema de remuneraciones a la nueva Ley Orgánica. «El ítem de mayor responsabilidad penitenciaria existe desde 2013, pero con la reestructuración, los nuevos cargos de conducción no podían percibirlo porque legalmente no estaban contemplados», explicó.
La modificación de la Ley 7493 busca corregir esta situación sin generar aumentos salariales, sino simplemente ajustando las denominaciones de los cargos. «El proyecto garantiza que los directores regionales y los directores principales sean incluidos en la escala de remuneraciones sin alterar el presupuesto asignado. De hecho, el rediseño permite un leve ahorro», afirmó Llarena.
En cuanto a los suboficiales, destacó que la reforma busca jerarquizar su rol sin afectar la estructura de pagos vigente. «Se incorpora el encargado general del servicio dentro de la escala salarial, reconociendo su trayectoria y responsabilidad», puntualizó.
Finalizadas las exposiciones, los legisladores de las distintas bancadas hicieron consultas sobre el proyecto. Participaron en el debate los senadores Armando Magistretti (PD- La Libertad Avanza), Valentín González (PRO), Mercedes Derrache (Partido Justicialista), Martín Kerchner Tomba (UCR) quienes plantearon preguntas y comentarios sobre la implementación de la reforma.
Tras el análisis, la Comisión de Hacienda y Presupuesto dio despacho en mayoría al proyecto, allanando el camino para su tratamiento en el recinto. Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca consolidar un esquema penitenciario más eficiente, con una estructura organizativa optimizada y sin impactos adicionales en las finanzas públicas.
La iniciativa contempla la modificación del artículo 183 bis de la Ley 7493, que regula el Régimen de Remuneraciones y Compensaciones Económicas del personal penitenciario. De acuerdo con el nuevo texto, el Adicional por Mayor Responsabilidad Penitenciaria será abonado al personal que ostente grado de oficial jefe u oficial superior de cualquier escalafón, así como al Encargado General del Servicio.
Este adicional será otorgado únicamente a aquellos agentes que cumplan funciones de conducción de manera normal, habitual y permanente, en línea con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Provincial y sus modificaciones. La retribución se determinará en función de una escala porcentual específica para cada cargo de mando.
En la actualidad, estos agentes perciben el 50% del salario que cobrarían en actividad, pero la legislación vigente les impide acceder a ciertos adicionales cuando desempeñan funciones de conducción. Para subsanar esta situación, el proyecto propone la modificación del artículo 211 de la Ley 7493, que regula las Asignaciones Especiales y Convocatoria.
Con la nueva redacción, se establece que el personal convocado percibirá, además del haber de retiro permanente, la mitad de la asignación de clase correspondiente al grado que ostentaba al momento de su retiro. Asimismo, se les reconocerá la totalidad de los adicionales y suplementos de prestación efectiva que correspondan al personal en actividad y a la función de conducción que se les asigne.
