Publicada el 30 marzo, 2026
Integrantes de la comisión de Asuntos Sociales y Trabajo del Senado provincial avanzaron en el análisis de un proyecto impulsado por el senador Walther Marcolini, que propone establecer un régimen provincial integral, moderno y coherente para regular el funcionamiento, habilitación, fiscalización y control de las residencias geriátricas en Mendoza. La reunión fue presidida por la senadora Flavia Manoni y contó con la participación del autor de la iniciativa.
La propuesta tiene como eje central garantizar condiciones dignas, seguras y de calidad en la atención de las personas mayores, en un contexto de envejecimiento poblacional creciente. En Mendoza, más del 14% de la población supera los 65 años, una tendencia que se profundiza especialmente en el Gran Mendoza y el sur provincial, lo que exige el diseño de políticas públicas específicas y sostenidas en el tiempo.
Durante el encuentro, Marcolini explicó que uno de los principales desafíos radica en la adecuación edilicia de las residencias, ya que en su mayoría funcionan en viviendas adaptadas y no en espacios diseñados originalmente para tal fin. En este sentido, remarcó que los artículos vinculados a las condiciones de infraestructura y funcionamiento requerirán una reglamentación detallada y contemplarán plazos de adaptación.
Asimismo, el legislador advirtió sobre el impacto económico que podrían tener algunas exigencias, como la obligatoriedad de contar con dirección médica o determinados estándares de personal, lo que podría generar resistencia en el sector. Por ello, planteó la necesidad de evaluar mecanismos de incentivo que acompañen la implementación de la norma, considerando los altos costos operativos que implican este tipo de servicios.
Por su parte, la senadora Manoni destacó la importancia de adecuar la terminología al paradigma de derechos de las personas adultas mayores y valoró especialmente la incorporación de herramientas que permitan denunciar irregularidades, así como la diferenciación de categorías entre residencias según el nivel de prestaciones.
En tanto, la senadora Cristina Gómez puso de relieve las diferencias entre establecimientos públicos y privados, y la necesidad de clarificar la articulación entre Provincia y municipios en materia de habilitación, control y coordinación del sistema.
El proyecto propone la creación de un Registro Único Provincial de Residencias Geriátricas, de acceso público y digital, que concentrará información sobre habilitaciones, inspecciones y sanciones. También establece estándares mínimos de infraestructura, accesibilidad, higiene y seguridad, fija ratios de personal profesional y cuidadores, e incorpora mecanismos periódicos de supervisión.
Además, contempla un enfoque integral que incluye la protección de los derechos de las personas mayores, garantizando su dignidad, autonomía, privacidad y participación en las decisiones que afectan su vida cotidiana. En esa línea, se incorporan criterios vinculados a la calidad del servicio, la mejora continua y el cuidado del personal, incluyendo programas de acompañamiento psicológico para prevenir el desgaste laboral.
La iniciativa también prevé la creación de un Consejo Provincial de Residencias Geriátricas, como órgano consultivo integrado por representantes del Estado, municipios, universidades y organizaciones de la sociedad civil, orientado a proponer estándares de calidad y políticas de mejora del sistema.
Actualmente, en Mendoza funcionan más de 180 residencias geriátricas, aunque menos de una cuarta parte cuenta con habilitación formal vigente. Esta situación evidencia la existencia de falencias estructurales en los mecanismos de control, así como la proliferación de establecimientos informales, lo que refuerza la necesidad de contar con un marco normativo actualizado y unificado.
El proyecto se enmarca en estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las personas mayores, calidad en los servicios y seguridad laboral, y propone además la adecuación y eventual derogación de normativas vigentes que han quedado desactualizadas frente a la realidad actual.
Tras su tratamiento en comisión, se acordó que la iniciativa continuará en estudio a fin de incorporar aportes y ajustes técnicos. Asimismo, será remitida al Poder Ejecutivo provincial para que evalúe e informe sobre su viabilidad, en vistas a su posible implementación.
